25 de junio 2018
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La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo involucrada de lleno en la elaboración del informe final de ese organismo, que concluyó que el gobierno de Nicaragua violó una serie de derechos humanos durante la rebelión cívica iniciada en abril, entre ellos el derecho a la vida.
Ante la grave matanza perpetrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ya deja al menos 212 muertos, la comisionada Urrejola hace un balance sobre el informe final de la CIDH presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esa sesión especial, el canciller Dennis Moncada “rechazó de forma integral” dicho informe al considerarlo parcial y politizado.
Sin embargo, la CIDH no se desalienta ante la postura oficial. La comisionada Urrejola cree que la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la llegada del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) son pasos concretos en la búsqueda de justicia.
“El punto de partida debe ser reconocer los errores y excesos en medio de la tensión social”, recomendó Urrejola en referencia al rechazo del gobierno. “Negarlo en su integridad puede parecer ofensivo a las víctimas”, agregó en esta extensa entrevista concedida a CONFIDENCIAL vía correo electrónico.
La comisionada Urrejola hizo hincapié en las recomendaciones de la CIDH hechas al régimen Ortega-Murillo para que cese la represión. En especial, pasa por desarticular los grupos paramilitares. Ante las pruebas abundantes del operar de estos grupos irregulares, Urrejola es contundente: “Es necesario reconocer que ellos existen y están afectando la vida de las personas”.
El informe final de la CIDH presentado ante el Consejo Permanente de la OEA responsabiliza a la "acción represiva del Estado" de Nicaragua por 212 muertes y 1, 337 heridos en dos meses. ¿Qué significa esta masacre, en términos de violaciones a derechos humanos?
Nuestro informe señala que la respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH constató un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido.
Nuestro informe concluye que el Estado de Nicaragua violó el derecho a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Nos preocupan especialmente los asesinatos, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, en el informe manifestamos nuestra preocupación por la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto.
El canciller Denis Moncada Colindres rechazó, a nombre del gobierno de Daniel Ortega, el informe de manera integral. Señaló que el informe tiene un "sesgo político' y de ser "parcial". ¿Qué valoración hizo la CIDH de la versión oficial sobre la violencias, sus causas y sus responsables?
En este momento lo que más se necesita es reconstruir la confianza de la sociedad civil en sus autoridades e instituciones. El punto de partida debe ser reconocer los errores y excesos en medio de la tensión social. La verdad es la base fundamental para alcanzar una solución pacífica y democrática. La CIDH no es parcial y tampoco tiene sesgo político. El informe ha incorporado todas las denuncias enviadas por el Estado y hemos denunciado que todas las formas de violencia son reprobables. Está todo escrito allí. Yo entiendo que se incluyen un conjunto de conclusiones sobre las cuales el Gobierno puede tener diferencias y objeciones pero negarlo en su integridad puede parecer ofensivo a las víctimas. Sin la verdad como base fundamental, el diálogo pierde fuerza y nuestro informe recoge hechos reales.
Hoy presentamos el Informe Final de la @CIDH sobre la grave violacion de los derechos humanos en #Nicaragua Está disponible en https://t.co/IcYIEdLSCg… pic.twitter.com/m3FIONGWF5
— Antonia Urrejola (@An_Urrejola) June 22, 2018
Insisto, en el informe efectivamente hemos incluido una descripción bastante pormenorizada del conjunto de denuncias que el Estado nos ha hecho llegar sobretodo con posterioridad a nuestra visita. En el informe y en mi intervención en el Consejo Permanente de la OEA hicimos ver nuestra preocupación por el recrudecimiento de la violencia y la existencia de algunos grupos de manifestantes que han hecho uso de medios en contra de personas favorables al gobierno que no son aceptables en el marco del derecho a la protesta pacifica. Hemos condenado las muertes de policías y reprobamos todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprobamos además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. Me pregunto, ¿toda esta parte del Informe también fue rechazada?
La CIDH actúa con rigor técnico y evaluaciones debidamente documentadas. El Estado debe asumir sus responsabilidades, debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables. Al tiempo de reprobar estos hechos, en el informe señalamos que el Estado debe tomar las medidas necesarias para garantizar que la actuación de sus autoridades se realice con arreglo a las normas y estándares internacionales en esta materia y esté siempre dirigida a reducir la conflictividad social y facilitar el diálogo significativo.
El contenido de este informe, ¿puede ser objeto de una negociación entre la CIDH o la OEA y el Gobierno?
Nunca. Nuestro Informe es lo que hemos presentado viernes pasado. Es un informe publico que da cuenta de nuestros hallazgos y conclusiones, basadas en fuentes de testimonios y documentales. La CIDH ni en este, ni en ningún caso, negocia sus informes ni sus valoraciones. Nosotros somos un órgano autónomo e independiente con un mandato claro y lo que nos mueve es la convicción de que los Estados tienen un imperativo ético y de acuerdo a sus obligaciones contraídas soberanamente de respetar los derechos humanos y proteger sus ciudadanos. Nuestro mandato y nuestra convicción no es negociable bajo ninguna circunstancia. Cuando expresamos la verdad cruda no estamos atacando el gobierno A o la posición B. Estamos de buena fe y con independencia ofreciendo para toda la sociedad las condiciones reales para superar el conflicto: verdad y reconocimiento para las víctimas. Nosotros vamos a seguir abiertos y dispuestos a colaborar con Nicaragua.
Si el Gobierno rechaza el informe y sus recomendaciones, ¿implica esto una situación de mayor peligro para la población? ¿Cómo se debe interpretar el rechazo?
Nos parece que sin perjuicio del rechazo del Gobierno a nuestro informe, es alentador que el Gobierno está abierto al escrutinio internacional, ha estado abierto a que volvamos al país y ha cumplido con nuestras recomendaciones para instalar el MESENI y el GIEI. También celebramos el cumplimiento a nuestra recomendación para abrirse al escrutinio internacional y que el Alto Comisionado de Naciones Unidas vista en los próximos días Nicaragua. Al final preferimos valorar estos gestos objetivos mas que la retórica y agradecemos todo el apoyo de la cancillería hasta el momento. Sin lugar a dudas que la presencia de organismos internacionales es muy importante para generar un clima de mayor dialogo y paz social.
Aun si la próxima semana se aprobara una resolución en la OEA, respaldando el informe. Si el gobierno lo sigue rechazando y descalificando, ¿qué garantías tienen los nicaragüenses de que se pondrá fin a la matanza y que los crímenes no quedarán en la impunidad?
Para nosotros la instalación del GIEI es una señal importantísima para que los hechos acaecidos no queden en la impunidad. En la medida que el GIEI pueda operar con la debida autonomía, sin presiones, con acceso amplio a la información y en una relación coordinada y constructiva con los organismos estatales correspondientes, creemos que ello será un gran aporte para la no impunidad. A su vez el MESENI garantizará la presencia de la CIDH en terreno mientras la situación lo requiera. La Comisión de Verificación y Seguridad es una excelente oportunidad para empezar con un plan común de desmovilización de la violencia y represión. Nuestra disposición y compromiso con Nicaragua son máximos y sinceros. El gobierno y la sociedad pueden contar con ello.
El informe insiste en señalar la ocurrencia de muchas ejecuciones extrajudiciales. Ese es un hallazgo muy grave. ¿Cómo llegan a esa conclusión?
De acuerdo con los testimonios recibidos por la Comisión por parte de los familiares de las víctimas, personal médico de hospitales públicos, y de algunas autopsias a las cuales se tuvo acceso, en el período referido por el informe hay numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax así como en la espalda. La mecánica y trayectoria de los disparos indicaron la existencia de un patrón de posibles ejecuciones extrajudiciales.
¿Qué implicaciones tienen estos señalamientos para el trabajo posterior del Grupo de Internacional de Expertos Independientes y la posterior búsqueda de justicia?
Nuestro informe representa el punto de partida del trabajo del GIEI, enfocando en la determinación técnica de las principales líneas de investigación así como en el establecimiento de las recomendaciones de acciones particulares que deben ser realizadas en los distintos niveles de responsabilidad jurídica. Este informe también sirve de base para la instalación del MESENI que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Ambos mecanismos son complementarios para la búsqueda de justicia.
Si el trabajo del GIEI tiene este informe como punto de partida, ¿cuáles son los alcances de su trabajo y en que se diferenciarán de la CIDH?
El GIEI va coadyuvar en las investigaciones. Tiene un alcance amplio para investigar todos los hechos de violencia, ajustar encuadres legales, recomendar líneas de investigación, identificar responsables, crear un plan de atención integral a la víctimas. Esperamos integral articulación con el ministerio público nicaragüense. El GIEI es una herramienta de protección de la CIDH, están recibiendo una delegación de mandato directo de la CIDH porque creemos que esta tarea requería una expertise específica. Estaremos todo el tiempo coordinados vía nuestra Secretaria Ejecutiva.
#MESENI ya está en #Nicaragua para seguir cumplimiento del Informe de la @CIDH y medidas cautelares. Acompañará Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo. Realizará actividades de construcción de capacidades de la sociedad civil en DDHH. https://t.co/lw2E3hHkPG
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) June 25, 2018
La CIDH también señala denegación del derecho a la salud y la justicia. ¿Qué encontraron en los hospitales y en los tribunales, tomando en cuenta que hay algunos casos judicializados, como el del periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields?
La CIDH recibió extensa información y denuncias por irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas en el marco de los actos de violencia y represión acaecidos en el país desde el 18 de abril de 2018. La CIDH tiene registro de denuncias, al menos, contra siete hospitales públicas en esta materia. También se identificaron numerosos casos en los que las personas no acudieron a los centros de salud estatales por desconfianza o temor a sufrir represalias, quedando sin asistencia médica o recurriendo a hospitales privados, centros de salud improvisados o a través de médicos voluntarios, bomberos y estudiantes de medicina.
En materia de derecho a la verdad y acceso a la justicia, la CIDH observó varias vulneraciones que reflejan una falta de diligencia de investigar integralmente las muertes y lesiones ocurridas en el marco de las protestas. Constatamos un clima de desconfianza generalizada en las víctimas, familiares y representantes a presentar denuncias ante las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en este contexto debido a que las instituciones encargadas de las investigaciones no ofrecerían garantías de independencia En el caso del asesinato del periodista recibimos información de que la familia del periodista ha sido víctima de amenazas por sus acciones de búsqueda de justicia y la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de su familia al valorar que se encontrarán en una situación de grave riesgo asociada al asesinato de dicho periodista.
El Gobierno sigue negando la existencia de grupos paramilitares. Sin embargo, abundan pruebas sobre sus operaciones en conjunto con la Policía Nacional. ¿Cómo analiza la CIDH el fenómeno de estos grupos armados irregulares del Gobierno?
El análisis de los testimonios, diversas fuentes de información, así como fotografías recibidas por la Comisión, evidencian que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos parapoliciales o grupos de terceros armados, quienes han realizado acciones violentas para amedrentar, vigilar y reprimir a los manifestantes. De la información que dispone la Comisión se desprende que en algunos de estos casos dichos grupos actúan con aquiescencia de la misma Policía Nacional, o incluso que actuaron con connivencia de alcaldes locales o de secretarios barriales. En el informe la CIDH reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras del Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.
Si el propio Gobierno niega la existencia de estos grupos, ¿quién va a desarmarlos y desmantelarlos?
Exactamente. Es necesario reconocer que ellos existen y están afectando la vida de las personas. Están generando un ambiente de intimidación para distintos sectores de la sociedad, gobiernista y oposicionista. Es una obligación del Estado desmantelarlos y es una de nuestras 15 recomendaciones que el Estado debe asumir. Quizás sea un tema para la Comisión de Verificación y Seguridad.
La llegada del Mecanismo Especial de Seguimiento para #Nicaragua (#MESENI) es un paso concreto en la búsqueda de justicia. El punto de partida es reconocer los errores y excesos en medio de la tensión social. Negarlos puede parecer ofensivo a las víctimas. https://t.co/NNtA1vY7HC
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) June 25, 2018
Este domingo llegaron miembros de la CIDH pertenecientes al MESENI. ¿Cuáles son las funciones de este órgano?
El equipo técnico del MESENI ha llegado a Managua por invitación del gobierno y solicitud de la Mesa de Diálogo. Es nuestro equipo de avanzada para para instalar el MESENI y empezar a asesorar a la Comisión de Verificación y Seguridad. El equipo se reunirá con autoridades estatales y de la sociedad civil, además de la conferencia episcopal. Vamos a monitorear en terreno, vamos a ofrecer apoyo y formación en materia de estándares internacionales de derechos humanos. Un Equipo en Washington seguirá evaluando las solicitudes de medidas cautelares para las personas en grave riesgo de vida. El informe preliminar de la CIDH establecía una recomendación para que se pueda acompañar la debida implementación de las recomendaciones de la CIDH con un calendario preestablecido. El MESENI es un mecanismo especial de seguimiento de la situación en Nicaragua. Nos permitirá un monitoreo permanente de lo que esta ocurriendo en el país en materia de derechos humanos, obtener información en tiempo real, y en base a ello, adoptar las medidas que correspondan de conformidad a nuestro mandato y hacer seguimiento a la implementación de todas nuestras recomendaciones plasmadas en el Informe Final sobre Nicaragua. Como Relatora País el mecanismo estará bajo mi supervisión en conjunto con el Secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão. Vamos a mantener un equipo técnico en Nicaragua mientras la situación lo requiera. El objetivo del mecanismo es que existan profesionales de la secretaria dedicados a tiempo completo a hacer monitoreo a la situación de Nicaragua y que se puedan levantar alertas tempranas. Además de responder a las solicitudes de apoyo técnico formulados por el Estado y la Mesa de Diálogo como, por ejemplo, acompañar la Comisión de Verificación y Seguridad.
A mediano plazo, ¿cómo valora la CIDH las perspectivas de que en Nicaragua se pueda someter a la justicia a los responsables de estos crímenes, con la actual Policía, Fiscalía, y sistema judicial del paìs?
Durante nuestra visita a estuvimos con autoridades del ministerio público. En esta oportunidad hablaron que estaban empezando sus investigaciones. Es un paso importante. Debe ser lo más transparente posible. A su vez, entre nuestras recomendaciones, y que el Gobierno ha dado su anuencia, está la creación del GIEI. Este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes atiene dos objetivos: coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y apoyar al desarrollo de un Plan de Atención a las Víctimas. En su mandato podrá proponer líneas de investigación y deberá tener acceso total y absoluto a toda la información necesaria. Además deberá proponer un Plan integral de reparaciones a las víctimas y sus familiares de conformidad con los estándares internacionales. El GIEI estará para coadyuvar que las investigaciones avancen de manera eficaz, imparcial y de conformidad a los estándares que correspondan en esta materia para lograr en tiempo adecuado determinar a los responsables de los hechos de violencia y sancionarlos. Al GIEI no le corresponde iniciar acciones ante los organismos internacionales sino coadyuvar para que la determinación y sanción a los responsables sea hecho por la institucionalidad interna del país. Si en el ejercicio de sus funciones el GIEI no tiene acceso a la información correspondiente o evalúa que no se están realizando investigaciones imparciales e independientes, pues así deberá informarnos a la CIDH y registrar en su informe final para que, con todos los antecedentes, evaluemos en su momento qué medidas adoptar.
La existencia en el terreno, tanto del GIEI como del MESENI, son dos mecanismos fundamentales para hacer monitoreo de la situación de derechos humanos y atender el clamor de las víctimas y sus familiares de saber la verdad de lo ocurrido. Son la contribución y el apoyo que la CIDH ofrece para Nicaragua y todos sus ciudadanos, sin excepción, reencuentren juntos el camino de la paz y de la estabilidad política y social. La base de este esfuerzo serán los derechos humanos, de todos y todas.
