13 de septiembre 2021
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Es 23 de agosto de 2021. En el cerro Kiwakumbai, ubicado en el territorio Sauni As, dentro de la Reserva Biósfera Bosawás, exactamente a 50 kilómetros del casco urbano de Bonanza, un grupo de entre 15 y 20 indígenas miskitos y mayangnas realizaban labores de güirisería —extracción de oro de forma artesanal—, hasta que el lugar fue irrumpido violentamente, a eso de las 3:00 de la tarde, por un grupo de civiles armados; algunos vestidos con ropa camuflada, que empezaron a disparar sin mediar palabras.
Testigos del ataque y familiares de las víctimas, en entrevista con CONFIDENCIAL, señalaron que los atacantes eran colonos, personas no indígenas, aliados con algunos indígenas mayangnas. Además, denunciaron que dicha arremetida armada dejó un saldo de al menos 11 víctimas fatales, entre ellos miskitos y mayangnas.
Según la versión oficial de la Policía Nacional, divulgada dos semanas después de la masacre de los indígenas, solo hubo nueve personas asesinadas, entre ellos: Víctor Manuel Matamoros Morales, Armando Suárez Matamoros, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández Palacios, Sixto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Ody James Waldan Salgado y un adolescente de iniciales J.L.P. o J.R.B.
Según los comunitarios indígenas y defensores de derechos humanos que recogieron el relato de algunos sobrevivientes, las otras dos víctimas fatales son: Morgan Pantin y Romel Simón Kely.
Niño acompañaba a padrastro
Uno de los testigos de la masacre es un niño de 12 años. CONFIDENCIAL tuvo acceso al relato del menor, a través de la narración de uno de sus familiares, que explica que el pequeño se encontraba acompañando a su padrastro, una de las víctimas fatales, en labores de “lavado de oro” cuando fueron emboscados junto a otros indígenas miskitos y mayangnas.
El niño dijo a sus parientes que los colonos armados entraron desde varios puntos del cerro, los rodearon, y en cuestión de segundos mataron a una indígena que, al verlos llegar, intentó correr y huir del lugar.
“La primera muerte que vio fue la de esa muchacha (Kedelin Jarquín Gutiérrez), luego les dispararon a otros que también se alarmaron, pero él se quedó quieto y uno de ellos (los atacantes) lo amarró; de pies y manos, a un árbol, desde donde le dijo que iba a ver esa película, refiriéndose a los asesinatos y torturas que iban a cometer”, indica el pariente del menor.
El pequeño relató que los colonos dispararon a seis indígenas, mientras otros del mismo grupo se llevaban a algunas mujeres y hombres a otro punto del cerro.
Según la investigación de la Policía, también confirmada por comunitarios que conversaron con CONFIDENCIAL, dos mujeres —identificadas con las iniciales B.C.L., de 41 años, y la adolescente K.P.C.— fueron abusadas sexualmente durante el ataque de colonos e indígenas mayangnas.
El niño detalló a sus parientes que fue obligado a ver cómo asesinaban y torturaban a su padrastro. “Nos dijo que amarraron a su papá como si fuera Cristo crucificado, que le dispararon en el abdomen, que lo golpearon y torturaron hasta matarlo”.
Añadió que, previo a que los atacantes completaran los asesinatos, el menor vio a los sujetos obligando a los indígenas a “entregar el oro que habían lavado. Bastante oro le quitaron a cada uno y luego los terminaban de rematar, los golpeaban, los cortaban o les disparaban”.
El pequeño relató a sus familiares que el ataque duró al menos unas dos horas. Uno de los colonos lo soltó como a las cinco de la tarde y le dijo que “ahora que había visto la película (los asesinatos), desapareciera de su vista”.
El menor caminó cerca de siete horas hasta llegar a su casa.
Una masacre que se pudo evitar
Los comunitarios indígenas mayangnas y miskitos, que conversaron con CONFIDENCIAL, concuerdan que la Policía Nacional pudo evitar la masacre, ya que 12 días antes —a través de la denuncia interpuesta por el Gobierno Territorial Indígena (GTI) de Sauni As— fueron alertados del posible ataque contra los indígenas que laboraban en el cerro Kiwakumbai.
Bercinia Celso Lino y Armando Medina, este último una de las víctimas mortales, denunciaron ante el GTI de Sauni As, las amenazas de las que eran víctimas en Kiwakumbai.
El 11 de agosto, a través de una carta, el GTI denunció ante la Policía de Bonanza la situación señalada por ambos indígenas mayangnas, explicando que había una situación de “emergencia”, ya que eran “víctimas de amenazas” por parte de personas que buscaban “despojarlos de la propiedad”, que funciona como punto de güirisería.
“Las autoridades del Gobierno Territorial vieron la necesidad de gestionar el acompañamiento del orden público, para que se pueda resolver con medidas alternas de solución de conflictos”, señala la carta entregada por el GTI a las autoridades policiales.
El documento fue firmado por Gustavo Sebastián Lino y Leonicia López Ricardo, presidente y secretaria del GTI, respectivamente.
Inconsistencias de la versión policial
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, señaló que la denuncia interpuesta por el GTI fue omitida “de manera aberrante” por la Policía Nacional, durante la exposición de los hechos ocurridos el pasado 23 de agosto.
El activista, acusado formalmente por la justicia orteguista por supuestamente divulgar “noticias falsas”, tras denunciar la masacre del 23 de agosto pasado, apuntó que otras de las inconsistencias de la versión policial giran en torno al “móvil del hecho”, puesto que lo ubican como “rencillas o discordias” por apropiarse de un punto de güirisería, cuando los comunitarios denuncian que lo ocurrido corresponde al proceso de invasión de colonos que sufren las comunidades indígenas de Bosawás.
Un análisis de datos de CONFIDENCIAL, a partir de los reportes de ataques de los últimos años, comprueba que, desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos incrementaron y dejaron un saldo de al menos 17 indígenas miskitos y mayangnas asesinados, sin que hasta ahora se conozca la detención o condena de los responsables.
De 2011 a 2020, un total de 49 indígenas fueron asesinados, 49 resultaron heridos y 50 fueron secuestrados o desaparecidos, según un informe divulgado en febrero pasado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en conjunto con el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT).
Atacantes “no solo eran mayangnas, eran colonos”
Otras de las inconsistencias de la investigación policial, refirió Ruiz, es que las personas señaladas como presuntos responsables de la masacre son solo de origen mayangna, sin incluir a colonos, tal como fue denunciado por las víctimas sobrevivientes.
La Policía informó de la detención de tres hombres, presuntos “autores intelectuales y materiales” de los asesinatos ocurridos en Kiwakumbai: Arguello Celso Lino, Ignacio Celso Lino y Donald Andrés Bruno Arcángel.
Las autoridades añadieron que, por el mismo caso, trabajan en la búsqueda y captura de otros sujetos: Rodrigo Bruno Arcángel, Marvin Lacayo Brettan, Limbor Gemioth Miguel Avelino, Dionisio Robint Zacarías, Taseano Martínez Simeón.
También de Ubaldo Miguel Barcio, Corino Bruno Simeón, Roberto Bruno Arcángel, Andrés Bruno Simeón, Danilo Bruno Simeón, y Junior Alberto Bruno Simeón.
La investigación policial indica que se ocuparon fusiles calibre 22, tres escopetas calibre 12, dos pistolas 9mm, un fusil M16 y un fusil AK, estás últimas conocidas públicamente solo de uso policial o militar.
Los comunitarios criticaron que entre los detenidos y prófugos no hay ningún colono, y solo se mencionan a indígenas mayangnas.
Parientes de asesinados
Los mayangnas consideran “incongruente” que se acuse a los hermanos Celso Lino de autores del ataque, ya que una de las mujeres violadas es su hermana y uno de los indígenas asesinados era su cuñado.
Ruiz apuntó que tienen conocimiento, por relatos de comunitarios, que incluso los hermanos Celso Lino son identificados como guardabosques comunitarios, que han denunciado la invasión de colonos en el territorio mayangna Sauni As.
El activista aclaró que no deslinda responsabilidad sobre ninguno de los acusados o investigados por la Policía, aunque “comunitarios mayangnas argumentan que varias de las personas que están en la lista de acusados, estaban en sus casas el día de la masacre”.
Además, señaló que las víctimas han mencionado que la banda que atacó es operada por Isabel Meneses, alias “Chavelo”, y esto no fue mencionado por la Policía.
Los comunitarios critican que las investigaciones se tornen contra los indígenas, que son víctimas de la invasión de colonos. También señalan la tardía respuesta de la Policía, que además de no atender la denuncia que habían interpuesto doce días antes, llegó 24 horas después de la masacre a la zona del ataque.
“Ellos entraron hasta el 24 (de agosto) en la tarde, ya cuando algunos estábamos bajando el cuerpo de nuestros muertos”, indicó un comunitario del territorio Sauni As que conversó con CONFIDENCIAL.
Además, denunció que entre el 27 y 28 de agosto pasado, los oficiales allanaron algunas de las viviendas de los comunitarios víctimas del ataque. “En vez de ir a la montaña a buscar a los responsables de las bandas que circulan en los territorios vinieron a las casas a revisar todo, a buscar armas que uno no tiene”, denunció.
Los comunitarios calculan que se allanaron entre 40 y 50 viviendas de comunidades como Suniwas, Musawas y Alal.
Demandan justicia y recuperar el cuerpo de sus familiares
Algunos de los parientes de los asesinados en Kiwakumbai, en conferencia de prensa, transmitida en redes sociales de Prilaka, exigieron justicia para sus familiares.
Juan Gutiérrez, padre de las víctimas Borlan Gutiérrez Empra y Sixto Gutiérrez Empra, denunció que sus hijos “solo andaban lavando oro para cubrir sus necesidades y ahí fueron asesinados por colonos y por mayangnas”.
Rayli Jarquin Wilson y Ermita Gutiérrez, padres de la víctima Kedelin Jarquín Gutiérrez, también indicaron que su hija solo “andaba en el cerro trabajando para ganarse la vida, criar a sus dos niños que hoy quedan en la orfandad”.
Ambos solicitaron acompañamiento de las autoridades para “ir al lugar de la masacre a recuperar el cuerpo de nuestra hija y traerlo a nuestra comunidad para darle cristiana sepultura”.
CONFIDENCIAL conoció, según la versión de líderes comunitarios, que el cuerpo de Kedelin; al igual que el de Ody Jeams Waldan, Borlan y Sixto Gutiérrez, fue sepultado en el lugar del ataque por el estado de descomposición en el que se encontraba, pero sus parientes desean que después de un tiempo las autoridades les ayuden a exhumar sus restos para darle sepultura en otro lugar.
Wilmor Waldan, papá de la víctima Ody Jeams Waldan Salgado, también mencionó que su hijo deja a tres pequeños en la orfandad y solo estaba “trabajando para darle la alimentación y estudio a sus hijos y fue ahí donde fue asesinado por colonos y mayangnas”.
