24 de diciembre 2020
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La Universidad Centroamericana (UCA) denunció –a través de un comunicado– que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) le redujo “drásticamente” su asignación presupuestaria proveniente del 6% constitucional. Situación que es parte de una serie de represalias por su posición crítica al régimen de Daniel Ortega y muestra la ausencia de autonomía universitaria como establece la Ley 89, de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
“Desde 2018 se han venido efectuando contundentes reducciones (al presupuesto) sin ofrecer justificaciones ni explicaciones válidas”, dice de manera general el comunicado de la UCA. Ante una consulta realizada por CONFIDENCIAL, la dirección de la Universidad detalló que en 2017, antes del estallido social de 2018, “la UCA recibió aproximadamente 256 millones de córdobas, lo que correspondía al 5.30% del total de los fondos estatales asignados a las universidades. Desde 2018 hasta ahora esta asignación se ha reducido en más del 60%, con lo cual la UCA sólo estaría percibiendo el 2% del total del fondo estatal para las universidades”.
La reducción del presupuesto, que por ley le corresponde, tiene “el claro objetivo de obstaculizar el trabajo que la UCA realiza en función del país y castigar su posición crítica”, afectando principalmente a los “estudiantes becados y los trabajadores”, señaló la Universidad. Sin embargo, “la UCA continuará demandando ante el CNU y el Gobierno de Nicaragua que se rectifiquen los perjuicios ocasionados a nuestra comunidad universitaria, que se respete el pensamiento crítico y la libertad de cátedra y que se restablezca la autonomía universitaria libre de cualquier injerencia”, continúa el comunicado.
Negación de servicios en instancias estatales
El escrito también puntualiza que en los últimos dos años la UCA ha sido “objeto de múltiples descalificaciones, represalias y acoso desde instancias gubernamentales y órganos estatales, así como de otros agentes o individuos”. Estas acciones han incluido, entre otras, “vigilancia permanente y asedio policial al campo universitario; fallos judiciales ilegales, negación a atender gestiones de UCA en instituciones del Estado y omisión o retrasos injustificados en la entrega de documentos que requerimos para operar legalmente”, dice el comunicado.
Pese a las represalias sufridas, la Universidad Centroamericana manifestó su “compromiso inquebrantable con las causas nobles del pueblo nicaragüense” y aseguró que continuará brindando una educación que promueve el pensamiento crítico y la promoción de la justicia.
Ante las represalias en contra de la UCA, la Compañía de Jesús expresó su apoyo “incondicional” a la Universidad y demandó al Gobierno de Nicaragua, y demás actores involucrados en las acciones represivas, que “respeten la autonomía de la Universidad Centroamericana en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Autonomía Universitaria”.
Los jesuitas, además, animaron a la comunidad universitaria de la UCA a “seguir adelante en su labor educativa, evangelizadora y de promoción de la fe y la justicia en Nicaragua”.
En febrero de 2019, luego de visitar Nicaragua, el superior de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, expresó su preocupación por la reducción del 6% a la UCA. A través de una misiva, enviada desde ciudad de Panamá, Sosa lamentó el "asedio económico y político", sobre la Universidad Centroamericana y sobre su Rector, el padre José Alberto Idiáquez.
"Me llevo una profunda preocupación por las crecientes tensiones sociales existentes que ponen a riesgo la normalidad de la vida universitaria, la de las personas y de Ud, su Rector. Me llenan de inquietud las recientes decisiones gubernamentales que establecen una significativa reducción del aporte económico a la UCA, establecido constitucionalmente para favorecer el acceso a la educación superior de los estratos sociales más necesitados", dice la carta de Sosa al padre Idiáquez.
