9 de agosto 2023
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El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) triplicó su presupuesto en los últimos cinco años, al pasar de 10.6 millones de córdobas, en 2018, a más de 35.7 millones en 2023. Este incremento, del 236%, ha coincidido con una actuación activa de este órgano rector en el cierre de al menos once universidades privadas en Nicaragua, de las 26 eliminadas entre 2021 y 2023.
El CNEA y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) conforman el brazo represor de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las universidades privadas, a quienes han sometido bajo una llamada “operación limpieza”, que además de la veintena de canceladas, mantiene en suspenso a otras 13, que esperan concluir un proceso de evaluación para obtener su acreditación.
El presupuesto del CNEA comenzó a incrementarse desde 2018. Sin embargo, los aumentos que tuvo entre ese año y 2022 eran apenas de entre el 3% y 5.4%, revela un análisis de CONFIDENCIAL a los informes de ejecución presupuestaria.
Fue hasta en 2023 que la dictadura aprobó un incremento exponencial, al pasar de 12.3 millones de córdobas, en 2022, a unos 35.7 millones este año, según los informes de liquidación.
El 57% del agigantado presupuesto corresponde al pago de “servicios personales”, que incluye los salarios de su personal, se detalla en los libros del Presupuesto General de la República 2023. El resto se destina a pagos de mantenimiento, viáticos, viajes al interior y exterior de Nicaragua, insumos y suministros y equipos de cómputo.
¿Es qué gastan el dinero?
La bancada sandinista aprobó el incremento presupuestario y aseguró que “no se puede evaluar la calidad educativa de instituciones que reciben más de seis mil millones” con un presupuesto de 38 millones (la partida inicial que se estableció en el PGR, pero que fue reducida en el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2023). Sin embargo, los diputados oficialistas criticaron que este Consejo no rinde cuentas de sus gastos desde hace varios años.
En febrero de 2023, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento, le reclamó al CNEA que deben presentar informes trimestrales de su ejecución física y financiera ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con copia a la Comisión Económica —ese mismo procedimiento deben hacer para sus informes de cierre presupuestario—; no obstante, para esa fecha todavía no habían enviado copias de esos informes de 2021 ni de 2022.
Gutiérrez aprovechó para sugerir que las instituciones públicas y privadas que son evaluadas por el CNEA “aporten monetariamente al trabajo de esta”, como ocurre con la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif).
El CNEA no publica en su sitio web, desde 2018, el informe de gestión anual. Tampoco mantiene actualizado cómo va el proceso de acreditación de las universidades. La última publicación al respecto fue publicada en diciembre de 2021, cuando ya se comenzaba la evaluación de universidades.
A finales de julio de 2023, el CNEA reeligió por segunda vez a Maribel Duriez González y Mario Caldera Alfaro, como presidenta y vicepresidente, respectivamente, de ese Consejo. Ambos directivos fueron presentados junto a tres miembros más el pasado 3 de agosto de 2023 en un acto donde inauguraron sus nuevas instalaciones.
CNEA incluido en cancelación de universidades
En Nicaragua, el cierre de las universidades privadas comenzó en 2021 con la cancelación masiva de personerías jurídicas por parte del Ministerio de Gobernación. Inicialmente, se les acusó de lavado de dinero —en el caso de Universidad Hispanoamericana (Uhispam)—, de no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros.
Sin embargo, desde diciembre de 2022 justifican las cancelaciones por supuestamente no contar con los indicadores de calidad en su oferta académica, con el apoyo del CNU y del CNEA. Este último órgano rector es quien realiza un proceso de acreditación de las universidades, en el cual ya ha decapitado al menos diez instituciones educativas por, supuestamente, “incumplir los mínimos de calidad establecidos” en la reforma a la Ley 740 o Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de 2022.
“Al CNEA también lo están convirtiendo en un instrumento político para justificar decisiones que no tienen nada que ver ni con la calidad de la educación superior de Nicaragua, ni con la preocupación sobre el futuro del país”, señaló el académico Ernesto Medina.
“Es lamentable —prosiguió— que las personas que dirigen el CNEA en lugar de estar cumpliendo con el papel para el cual fue creado están más preocupados por demostrarle al régimen que son leales y serviles”.
En este proceso de evaluación están participando unas 56 universidades e institutos; de estos, ya fueron acreditadas unas 32 casas de estudios superiores, que incluyen a las universidades estatales y a la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” (ACAPOL) y al Centro Superior de Estudios Militares (CSEM).
En el proceso, el CNEA ha eliminado nueve universidades por no cumplir con los “mínimos de calidad”. A estas se le suman 15 más eliminadas de facto por el Ministerio de Gobernación (Migob), que incluyen seis extranjeras. Estas últimas no fueron incluidas en el listado de 56 universidades que buscan la acreditación porque las cancelaron antes de la reforma a la Ley. En estos casos se les acusó de obstaculizar el control y vigilancia que realiza la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de ese ministerio.
Según una revisión de CONFIDENCIAL, hay 13 universidades que están a la espera de la acreditación entre ellas: la Universidad Centroamericana (UCA), que en 2022 fue sacada de la lista de universidades que reciben fondos del 6% constitucional; la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD), entre otras.
Según dijeron en febrero pasado, las autoridades del CNEA hasta esa fecha 13 de las universidades evaluadas estaban “en plan de mejora” y seis “en proceso de dictamen”.
¿Qué evalúa el CNEA?
Según la ley, el CNEA revisa nueve pautas de calidad para valorar si las universidades cumplen con lo mínimo en cuestión de calidad. Estas son:
- Poseer un plan de desarrollo estratégico y los mecanismos necesarios de evaluación, planificación y seguimiento.
- Ofrecer al menos cuatro carreras profesionales.
- Disponer de planes de estudio y programas de asignaturas adecuados, actualizados al menos una vez en el término de duración de la carrera.
- Los docentes deberán poseer como mínimo el grado académico que se ofrece y el conocimiento específico de la materia que imparten.
- Realizar o mantener por lo menos un proyecto de investigación relevante por año en las áreas que ofrecen.
- Disponer de la adecuada infraestructura física, bibliotecas, laboratorios, campos de experimentación, centros de prácticas apropiadas y demás recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades docentes, de investigación y administrativas que garanticen el cumplimiento de sus fines.
- Disponer de los reglamentos necesarios para regular los procesos académicos.
- Poseer en su planta académica al menos un diez por ciento de docentes a tiempo completo debiendo estar distribuidos en todas las áreas que ofrecen.
- Contar con el personal académico y administrativo necesario para las labores de gestión, servicios y apoyo a las actividades académicas.
El CNEA ha acusado a las universidades eliminadas de no contar con una oferta académica consistente, con una infraestructura adecuada y, en algunos casos, hasta de “falsear información”. Las últimas universidades cerradas fueron la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (UENIC) y la Universidad de Occidente (UDO).
