28 de octubre 2018
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Una cita policial extendida al maestro Humberto Hernández, de Camoapa, se convirtió en una concurrida marcha contra el Gobierno local, protagonizada por manifestantes autoconvocados, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos.
El maestro Hernández fue citado el jueves por la Policía, tras haber circulado en su motocicleta con una bandera de Nicaragua, y acudió este sábado a la delegación policial de Camoapa, en el centro del país, para ser interrogado sobre la protesta contra el Gobierno.
Al ver que Hernández se trasladaba a la cita a pie y con la misma bandera, decenas de habitantes de Camoapa decidieron seguirlo y pronto, lo que era una muestra simbólica de respaldo al maestro, se convirtió en una concurrida protesta contra el Gobierno, que incluyó consignas contra el presidente Daniel Ortega.
Antes de ir a la cita Hernández había expresado que no estaba seguro de si sería arrestado y cargó con la bandera hacia la Policía porque pensó que le sería confiscada, lo que finalmente no ocurrió.
"Insistieron bastante en que quién es el que está organizando las caravanas (de protestas). No me dijeron nada por la bandera", dijo Hernández, al salir del interrogatorio.
La cita policial ocurrió en medio de una crisis que ha dejado al menos 325 muertos confirmados. Mientras, el Gobierno de Ortega solo reconoce 199 víctimas, en una lista que no ha revelado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las manifestaciones.
Los organismos defensores de los derechos humanos también han reportado que al menos 558 personas se mantienen en prisión como "presos políticos" por protestar en Nicaragua, las cuales serían 200, según el Gobierno, que las califica como "terroristas" y "golpistas".
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no admite los señalamientos y mantiene que se trata de un intento de "golpe de Estado".
