14 de octubre 2022
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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este jueves una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional, que la faculta a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en este país centroamericano.
La legislación es percibida por especialistas como un eslabón más en la cadena de censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La iniciativa, propuesta por el dictador Ortega y aprobada con el voto de 89 de los 91 diputados que integran el Parlamento, convierte a la estatal Cinemateca Nacional, antes adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), en un ente autónomo bajo la rectoría de la Presidencia de la República.
La ley busca promover el desarrollo y realización de producciones audiovisuales “que aporten a una cultura de paz, de valores y de respeto”, y fomenten además “la proyección de la imagen país hacia el mundo”, según el texto.
También busca fortalecer la administración del Estado en función de interés público, “preservando la institucionalidad y los intereses de la nación nicaragüense, en el sentido de modernizar y dotar de capacidades a la Cinemateca Nacional, como institución reguladora, con atribuciones para el fomento y fiscalización”.
Registro de Actividad Cinematográfica Audiovisual
La diputada sandinista Angela Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación, explicó en el pleno que la Cinemateca se encargará de autorizar la preproducción, producción, realización o filmación, exhibición y distribución de proyectos audiovisuales.
La ley incorporó un nuevo capítulo en el que se crea un Registro de Actividad Cinematográfica Audiovisual, en el que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la actividad cinematográfica y audiovisual, se deberán inscribir.
La creación de este registro surge dos meses después que un equipo periodístico de TV Azteca, dirigido por el periodista mexicano Otoniel Martínez, estuvo en Nicaragua durante dos semanas documentando la vida cotidiana de los nicaragüenses a pesar del estado de sitio policial. El comunicador junto a otros dos colegas ingresaron a Nicaragua, desde Costa Rica, como turistas, para burlar el control que mantiene la dictadura sobre los periodistas nacionales y extranjeros.
Ese ente autónomo podrá prohibir el desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos, en caso de que no cumplan con esa ley, de acuerdo con la legislación.
La ley además reivindica la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación al archivo fílmico de la Cinemateca Nacional que había sido derogado.
El legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, integrante de la Comisión de Educación, dijo en el pleno que la Cinemateca está facultada para rescatar y restituir el carácter de Patrimonio Nacional del archivo fílmico de la nación, “que no está en un 100 % en manos del Estado, sino en manos de privados o academias” y esas piezas “tendrían que volver a donde pertenecen”.
“Esta ley viene a promover, difundir y particularmente a regular las actividades cinematográficas y de la producción de artes visuales”, enfatizó Gutiérrez, quien negó que la reforma imponga “censura” a las producciones en el país.
Ley “atenta a la libertad de creación independiente”
En una declaración pública, un grupo de cineastas nicaragüenses consideró que esa ley “atenta a la libertad de creación independiente”, debido a que la Cinemateca Nacional “se está adjudicando el rol de fiscalizadora y tienen ahora un marco legal para boicotear cualquier producción”.
“Con esta reforma, la Cinemateca Nacional pasa de promover y difundir la cinematografía y artes audiovisuales, a regular y fiscalizar la cinematografía y las artes audiovisuales en todos sus aspectos y formatos”, señalaron los cineastas.
Argumentaron además que las reformas violentan la Constitución Política de Nicaragua que establece que la creación artística “es libre, es irrestricta”.
Los cineastas nicaragüenses no fueron consultados sobre esa iniciativa de ley por la Comisión de Educación, que se encargó de analizarla y convocó a representantes de la Cinemateca Nacional, Instituto Nicaragüense de Cultura y Consejo Nacional de Universidades.
