30 de septiembre 2022
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Cinco familiares que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre el 13 y el 15 de septiembre, para presionar que opositores que buscaba encarcelar se entregaran a la Policía, cumplieron dos semanas de estar detenidos de forma “arbitraria e ilegal” y bajo “total incomunicación” en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
Los ciudadanos capturados para presionar a opositores perseguidos a entregarse son: Jannine Horvilleur Cuadra, Ana Carolina Alvarez Horvilleur, ambas ciudadanas nicaragüenses-francesas, Félix Roiz y Freddy Porras. El quinto familiar detenido hasta ahora no ha sido identificado públicamente a solicitud de su familia.
El perseguido político Javier Álvarez Zamora, esposo de Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, padre de Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, y suegro de Félix Roiz Sotomayor, de 55 años, detenidos el 13 y 14 de septiembre, respectivamente, denunció que luego de dos semanas de detención las circunstancias de sus tres familiares “son las mismas” y las autoridades policiales hasta ahora no les han permitido “ninguna visita o comunicación”.
“No nos han permitido a ninguno de los familiares verlos. No sabemos en qué condiciones están. No sabemos si ellas, como madre e hija, están juntas o si las tienen aisladas”, señaló Álvarez.
En entrevista con el programa Esta Semana, el 17 de septiembre, Álvarez denunció la detención de sus tres familiares, relatado que el 13 de septiembre, a eso de las 10:00 p. m., la Policía llegó a buscarlo a su casa y, luego de revisar todo y no encontrarlo, se llevaron a su esposa y su hija y, un día después, a su yerno.
El opositor valoró que la detención de sus familiares “es un nivel nuevo de represión, del que estábamos sufriendo antes”, ya que ahora el régimen aplica la política de “si no te agarramos a vos, tu familia es la que va a pagar”.
Álvarez rescató en entrevista con CONFIDENCIAL que, pese a lo difícil que han sido estas dos semanas del secuestro arbitrario e ilegal de sus tres familiares, recibió como una buena señal la autorización de entregar las medicinas que requieren. Además, mencionó que les han permitido llevarles “agua, galletas, jugos, yogurt y unos calcetines para el frío, pero no han permitido una manta, algo que les ayude al frío de la noche y la madrugada”.
“Mi esposa es una persona de 63 años, como ya lo he dicho antes, es una sobreviviente de un cáncer de seno izquierdo, sufrió una cirugía donde le extirparon su seno y tiene que tomar permanentemente sus medicinas y tener los cuidados del caso. Mi hija es una persona de 43 años, tiene sus padecimientos, y mi yerno es una persona de 55 años, es decir, son personas, mi esposa prácticamente de la tercera edad, y mi hija y su esposo personas ya adultas que tienen enfermedades”, indicó.
Sin acusación
Denunció que sus tres familiares detenidos están “en una especie de limbo legal”, pues “no hay una acusación, no hay ninguna otra acción sobre ellos, solo que están ahí detenidos”.
“Ya se introdujo un recurso de exhibición personal y fue rechazado por los jueces de apelación, pero vamos a seguir insistiendo por los canales legales y seguiremos denunciando la detención”, advirtió.
Detalló que ha denunciado la detención arbitraria de sus tres familiares ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea (UE), el Gobierno de Francia, pues su esposa e hija además de tener la nacionalidad nicaragüense tienen la francesa por ascendencia familiar, y ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“Yo lo que le pido al régimen es que las deje libres, que deje libre a Jeannine, que deje libre a Ana Carolina, que deje libre a Félix, no han cometido ningún delito, no son parte de ninguna actividad política. Cada uno de ellos se ha dedicado a su vida y a su trabajo. No es delito ser familiar de un opositor, entonces, pido que se respete sus derechos humanos, que les den su libertad inmediata y que puedan retomar su vida”, urgió Álvarez.
Freddy Porras "está incomunicado"
Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que como organización también recibieron el caso de la detención del comerciante Freddy Porras, de 50 años, hermano de Dulce Porras, dirigente de Unamos en Carazo, y actual exiliada política.
El ciudadano fue capturado y golpeado por la Policía en su vivienda en Jinotepe, Carazo, el pasado 15 de septiembre y actualmente es mantenido bajo condiciones similares a las de los familiares de Álvarez, es decir, no ha sido acusado por ningún delito, no ha recibido visitas de sus familiares y está en “total incomunicación” en El Chipote.
“El caso de Freddy Porras se suma al nuevo patrón ejecutado por el régimen contra las familias. Es decir, el régimen en represalia contra Dulce ha arremetido contra Freddy. Entonces, estamos hablando de un régimen que no tienen ningún estándar mínimo de respeto”, apuntó.
En condición de "desaparición forzada"
Arce indicó que estos familiares detenidos por tener un vínculo con perseguidos políticos “están en una condición de desaparición forzada”, pues “ninguno de ellos ha sido presentado ante una autoridad competente, como lo señala la Constitución Política en lo referido a las garantías del debido proceso y el mismo Código Procesal Penal”.
“Están en una situación de incomunicación. No les han permitido encontrarse físicamente con las familias, tampoco con los abogados defensores, lo cual es grave porque los deja en una situación de indefensión, en un centro de tortura, de tal manera que preocupa esta situación de desaparición forzosa”, agregó.
El defensor aseguró que en Nicaragua “nadie está a salvo”, pues el país se encuentra bajo “un régimen que arremete contra familias enteras para garantizar su objetivo represivo”.
Afirmó que como Colectivo han informado de todo este nuevo patrón de violaciones a derechos humanos a instancias del sistema interamericano de derechos humanos, como la CIDH, y a la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, resaltó que “en las próximas semanas vamos a tener la oportunidad de denunciar estas situaciones ante el Grupo de Expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de este año, el cual tiene un mandato dirigido a la búsqueda de la justicia”.
Actualmente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 200 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han demandado la libertad de cada un de estas personas que, denuncian, siguen sufriendo torturas y malos tratos en las diferentes cárceles del país.
