Cinco años de Estado policial en Nicaragua: Prohibido reunirse, marchar, opinar, y elegir

La tarde del viernes 28 de septiembre de 2018, el campesino Santos Bellorín Lira atendía una pulpería en su vivienda en la comunidad Santa Teresa de Guasuyuca, en Pueblo Nuevo, Estelí. Esa misma tarde, pero a más de 250 kilómetros, en Managua, el comisionado general Jaime Vanegas Vega, inspector general de la Policía, anunció que las manifestaciones cívicas eran “ilegales”, con lo que se impuso, de facto, un Estado policial en Nicaragua.

La rutina diaria del campesino y la ordenanza policial no tenían, en principio, ningún vínculo. Sin embargo, tres años y un mes después, en noviembre de 2021, la vida de Santos Bellorín fue arrastrada por una de las tantas transgresiones de la dictadura orteguista dentro del Estado policial.

El campesino fue detenido ilegalmente el 6 de noviembre de 2021; juzgado y condenado bajo falsos cargos y sin ninguna defensa, en febrero de 2022; desterrado a Estados Unidos y desnacionalizado, en febrero de 2023. Su caso —como el de centenares de nicaragüenses— resume lo que se sufre en Nicaragua bajo el Estado policial.

“Llevaba una vida ordenada con mi familia, trabajando tranquilamente y sin que me faltara el pan de cada día. Pero de pronto llegó esta catástrofe, esa ruina a mi vida y la cambió injustamente”, reflexiona el campesino, vía telefónica desde Nueva Jersey, Estados Unidos.

Estado policial: de medida paliativa a estrategia represiva

El día a día de Santos Bellorín era como una moneda, dos caras inalterables: trabajar la tierra por la mañana y atender la pulpería por la tarde. No pertenecía a ningún partido político, ni era un abierto opositor. Y podría decirse que era un “analfabeto” digital. No obstante, la justicia sandinista lo acusó y condenó a once años de cárcel por supuesta “conspiración” —seis años— y ciberdelitos —cinco años—.

“¿Por qué?” es la pregunta que se hace el campesino desde noviembre de 2021. “Si hubiera andado en las protestas de 2018, lo diría. Si manejara información o que alguien me pasara noticias, lo entendería. Pero yo estaba fuera de esa línea, por eso, para mí, todo esto es extraño”, comenta.

Excarcelados políticos, defensores de derechos humanos y expertos en seguridad coinciden en que el Estado policial no está diseñado para afectar exclusivamente a los opositores, sino para amedrentar a cualquier ciudadano que vaya en contra de lo “establecido” por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“(El Estado policial) surgió como una medida paliativa a las marchas que se convirtieron en un problema político para el régimen, porque mostraban fuerza (de la ciudadanía), y un rechazo generalizado a Ortega y Murillo”, destaca un experto en seguridad que solicitó omitir su nombre.

Agrega que el estado policial en Nicaragua se convirtió “en una estrategia del régimen para reprimir, encarcelar y perseguir” a la disidencia.

La ordenanza policial, de septiembre de 2018, llegó después que la dictadura reprimió a tiros las protestas ciudadanas, en las que asesinó —según confirmaron organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales— a más de 320 ciudadanos, hirió a miles, y secuestró y encarceló a centenares de manifestantes.

Dictadura perfecciona la represión

Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político, subraya que el Estado policial nicaragüense copió a la dictadura cubana, con la que el FSLN ha mantenido lazos por más de 50 años. “Los cubanos saben perfectamente cómo atender este tipo de crisis y exportan estos conocimientos represivos”.

“Ellos (régimen orteguista) tienen un plan —prosigue—, cuyo objetivo fundamental es no soltar el poder y, por lo tanto, ejecutan todas estas acciones represivas”.

A la criminalización de las marchas le prosiguió un acoso constante en las casas de opositores; la prohibición de reuniones en casas u otros centros; citatorias policiales por portar o vender la bandera azul y blanco; amenazas de fanáticos del FSLN; cierre y robo de medios de comunicación; cancelación y confiscación de oenegés, gremios y universidades; secuestros, enjuiciamientos y condenas a cualquier liderazgo o voz disidente; entre otras violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Maribel, pobladora de una ciudad en el centro del país, abandonó las organizaciones opositoras para frenar el acoso de la Policía. “Pertenecía al grupo de la UNAB (Unidad Azul y Blanco) y cada vez que definimos un lugar para vernos, ahí llegaban los antimotines y rodeaban la cuadra. Eso era cada vez que intentábamos hacer una reunión. Nos habían infiltrado el grupo de WhatsApp o intervenido los teléfonos” relata. 

“En mi casa —continúa— tenía el asedio constante de la Policía. Entonces, tomé la decisión de renunciar y lo avisé en el grupo de WhatsApp. ¿Qué pasó cuando renuncié? —Inmediatamente me dejaron de hostigar”.

El defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, explica que el Estado policial “combina” la “naturaleza” autoritaria del orteguismo con una “evolución” de los métodos represivos.

“Ya vamos por el quinto año de una sistemática represión. La perfeccionaron y le agregaron destierro, despojo de nacionalidad y confiscaciones”, detalla.

Campesinos sufrieron primero el Estado policial

Félix Maradiaga, excarcelado político, subraya que el aparato represor del FSLN, del cual la Policía es parte fundamental, “no surgió del vacío” y “siempre tuvo una gran capacidad destructiva”.

Sin embargo, “antes de 2018, la dirigencia política —representada por la familia Ortega-Murillo— no había considerado necesario usar toda esa fuerza represora”, pero durante las protestas cívicas de ese año “el régimen sintió muy de cerca la probabilidad de colapsar”, por lo que ahora se apegan a ese guion restrictivo para “mantenerse en el poder a costa de lo que sea y sin ningún límite o automoderación”.

Carrión recuerda que las pautas represivas estaban desde antes de 2018. “Cualquier persona que reclamaba por algún derecho o se manifestaba, por ejemplo, en contra la reelección, le recetaron una golpiza, ya sea la Policía o las fuerzas de choque”.

Maradiaga resalta que, en 2012, la Fundación Libertad —que él preside— documentó la violencia policial en un estudio de caso de Nueva Guinea, después de las elecciones municipales de ese año. “Encontramos patrones muy graves de violencia política, incluyendo tratos inhumanos y abuso sexual cometidos por la Policía”, sostiene. 

Investigaciones periodísticas han revelado el asesinato de más de 200 campesinos desde 2007, cuando Ortega retomó la Presidencia. Estos crímenes estuvieron a cargo de efectivos policiales, del Ejército y paramilitares, según testigos e investigadores. CONFIDENCIAL documentó que, entre octubre 2018 y diciembre 2019, al menos treinta activistas políticos u opositores campesinos fueron ejecutados selectivamente. 

“Los opositores de zonas rurales tenían una experiencia más cruda con la Policía y el Ejército. En el ámbito urbano —en departamentos como Managua, Masaya y Carazo— había menos claridad de lo grotesco que podía ser el FSLN y la Policía”, opina Maradiaga.

Uso del espionaje digital

Gregorio, un opositor exiliado, resalta que, antes y después de 2018, los ciudadanos se adaptaron a las diferentes estrategias represivas del régimen. “Hubo protestas exprés, pintas en paredes, lanzamiento de chimbombas azul y blanco. El objetivo era no quedarse callados”, recuerda.

“Cuando las calles se pusieron realmente peligrosas (por los encarcelamientos), nos pasamos al plano digital. Se informaba de lo que sucedía en nuestros lugares, se armaban paquetes de información para compartirlas con los medios o divulgarlas en redes sociales”, describe.

No obstante, los opositores frenaron esas labores ante la vigilancia digital del régimen y las nuevas leyes y normativas contra el ciberactivismo. “Muchos de los liderazgos tenían intervenidos sus teléfonos celulares, o les interceptaban las llamadas”, comenta Gregorio, que vivía en la zona sur del país.

El régimen utiliza, desde 2018, una herramienta tecnológica rusa —llamada Sistema para Actividades de Investigación Operativa (SORM, por sus siglas en ruso)— para espiar en Nicaragua, de acuerdo con un informe de los investigadores estadounidenses Douglas Farah y Marianne Richardson.

La plataforma SORM funciona para vigilancia de teléfonos e internet, y permite a los operadores monitorear transacciones de tarjetas de crédito, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales, redes Wi-Fi y publicaciones en foros.

Este sistema se suma a otros métodos de vigilancia utilizados por el régimen y revelados por CONFIDENCIAL. En octubre de 2022, se publicó la existencia de 39 “antenas falsas” para la vigilancia electrónica que permiten capturar información privada de los usuarios.

En octubre de 2018, se reveló que la dictadura compró a empresas israelíes programas de espionaje y recolección de inteligencia, que se apropian de toda la actividad de un teléfono inteligente, como la ubicación del usuario, sitios que visita y los contactos personales. Además, estas herramientas tecnológicas pueden convertir al equipo en un dispositivo de grabación secreto.

El Estado policial contra los trabajadores estatales

En estos últimos cinco años, el espionaje y la persecución no se ha limitado a los opositores, los trabajadores del Estado están también bajo la lupa orteguista. CONFIDENCIAL conversó con algunos funcionarios públicos que coinciden en que son “vigilados todo el tiempo”.

Alejandro, trabajador del Seguro Social, cuenta que la vigilancia ha llegado al punto que les instalaron “cámaras en las oficinas y pasillos” para controlarlos todo el tiempo. “Si estás en la computadora ven qué haces. Si salís al pasillo a hablar por teléfono, te preguntan por qué no contestaste en la oficina”, se queja.

Todos los trabajadores evitan hablar de política y cuando lo hacen es para alabar al comandante y la compañera, o despotricar contra los “golpistas”. 

“No podemos decir nada sobre la mala situación económica o las alzas de precios sin culpar a los ‘golpistas’. Nunca se sabe quién te escucha para denunciarte y que te corran”, lamenta Patricia, una trabajadora del sector Salud.

Ortega y sus fanáticos llaman “golpistas” a los ciudadanos que se sublevaron contra el Gobierno en 2018. La narrativa de la dictadura sostiene que el Gobierno fue “víctima” de un “intento fallido de golpe de Estado”, aunque organismos nacionales e internacionales han descartado esa versión, y en cambio critican un uso excesivo de la fuerza policial.

Patricia revela que, a los trabajadores de la Salud, los obligan a que siempre digan a la población que los servicios son “gracias al comandante y a la compañera”.

“Aunque uno sepa que ellos (Ortega y Murillo) no se sacan un peso del bolsillo, tenemos que decir esa frase, porque no sabés de quién es familiar el paciente o si algún compañero te está espiando”, comenta.

Además, los trabajadores del Estado han denunciado que tienen prohibido salir del país sin permiso de su supervisor.

La reingeniería de la Policía del régimen

La persecución y vigilancia ha alcanzado también a la Policía, principal brazo represor de la dictadura. Ortega reformó, en julio de 2023, la Ley 872 o Ley de la Policía, para castigar con cárcel —un máximo de tres años— a los efectivos que abandonen la institución o “desobedezcan” las órdenes de sus superiores.

Estas reformas se dieron en medio de una reingeniería policial orquestada desde la Secretaría del FSLN. La cúpula cercana a Ortega busca frenar las deserciones en el Estado, ejerciendo un mayor control sobre la Policía, el Poder Judicial y todo el sector de empleados públicos.

El régimen ha incrementado el personal, presupuesto y jerarquía policial, pero el dato de las deserciones se mantiene bajo secreto, solo los altos jefes lo manejan.

Ortega nombró en 2022 al comisionado general en retiro Horacio Rocha como asesor presidencial en temas de seguridad. Él ha estado detrás de todos los cambios en la Policía y otras dependencias como Aeronáutica Civil.

Este 2023, la dictadura ha ascendido a más de 30 mujeres a cargos de dirección. Diecinueve de ellas fueron nombradas como “cojefas” —un cargo que no existía— en delegaciones departamentales y de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. 

Asimismo, varios jefes policiales —que estuvieron al frente de la represión en 2018— fueron separados de la institución, como el subdirector y jefe de espionaje, el comisionado general Adolfo Marenco Corea, y el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de la prisión policial El Chipote.

Para los expertos, esta reingeniería busca “cohesionar” a la Policía, “premiar” a los rangos medios represores y fomentar a lo interno la “lealtad absoluta” al proyecto político de Ortega y Murillo.

Rolando Álvarez, el nombre prohibido

Gregorio se fue del país este 2023, luego que la Policía lo detuvo y la justicia sandinista le ordenó presentarse todos los días en la estación policial de su localidad. De la audiencia judicial, en la que lo “sentenciaron”, recuerda un pasaje: “El fiscal le dijo a la jueza que estábamos ahí porque publicamos en redes sociales que monseñor Álvarez era inocente. —‘Usted sabe señora jueza, que decir eso es traición a la patria’”.

Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, tiene más de un año preso y fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, en febrero de 2023. Fue sentenciado tras rechazar el destierro a EE. UU., lo que provocó la ira de Ortega, quien lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.

El odio del régimen hacia Álvarez ha llegado al punto que orar por el obispo, en las misas, ha sido motivo para desterrar y encarcelar a sacerdotes. 

La Iglesia católica es la institución que mayor persecución ha sufrido en los últimos dos años. La dictadura ha encarcelado, desterrado, desnacionalizado y negado la entrada al país a sacerdotes; invadido templos; prohibido procesiones; eliminado oenegés y radios católicas; expulsado a curas y religiosas extranjeras.

Ortega y Murillo aprovechan cualquier ocasión para insultar a los sacerdotes y obispos. El dictador ha tildado de “mafia” a la Iglesia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

Salidas al Estado policial: Huir o callar

A Gregorio la frase del fiscal —“decir que el obispo Álvarez es inocente es traición a la patria”— le vuelve siempre a la mente. “Si a un obispo le hacen eso, qué no podrían hacer conmigo. Además, ahora ni ir a misa ni rezar se puede; entonces, decidí que lo mejor era venirme y no exponer más a mi familia”, confiesa.

“En cualquier momento —prosigue— podían levantarme la medida cautelar y meterme preso. No iba a permitir que mi esposa llegara a verme a una cárcel y la ultrajaran como han hecho con varias mujeres, familiares de presos políticos”.

Gregorio se sumó a los miles de nicaragüenses que han salido del país, ya sea por motivos políticos o económicos. El especialista en temas migratorios e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, cifra en 604 485 el éxodo de ciudadanos, entre 2018 y 2022, principalmente hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Otros nicaragüenses, como Maribel, han preferido abandonar las organizaciones opositoras y bajar el perfil. “Cuando se dan las redadas policiales, tengo miedo que lleguen a mi casa y me preparo mentalmente. El exilio no es una opción para mí, tengo más de 50 años”, se excusa.

Maribel relata que, pese al bajo perfil, fanáticos del FSLN la ningunean, insultan y buscan que se altere para iniciar una discusión y así denunciarla. “Trato de salir lo menos posible, y cuando lo hago tengo que andar sedita (tranquila). Me aterra dejar a mi familia sola”, reconoce.

“Terror” es lo que busca infringir el Estado policial, según los expertos. “Esta maquinaria de represión está dirigida a contener, de cualquier forma, todas las manifestaciones de protestas”, explica el abogado Gonzalo Carrión. “Busca mantener a la población desmoralizada, aterrorizada y que no tenga ninguna señal que le recuerde a abril 2018”, agrega.

El especialista en temas de seguridad advierte que “el Estado policiaco tiene un elemento muy particular: el terror que infringe en la población. La violencia estatal persigue crear un estado de opinión generalizado de temor, para que la gente se vaya del país o no proteste”.

“La medida policial que inició para contrarrestar las protestas, se convirtió en una estrategia o plan más maquiavélico del régimen”, recalca.