28 de septiembre 2019
El cierre definitivo de El Nuevo Diario, el segundo de circulación nacional en Nicaragua, la publicación Metro, de circulación en la capital, y la publicación digital para jóvenes Maje, anunciado la madrugada de este 27 de septiembre, tomó por sorpresa a la mayoría de periodistas de ambos medios de comunicación. En la madrugada los grupos de WhatsApp de los trabajadores no pararon. Algunos especularon solo con el posible cierre de la versión impresa, pero esperaban que se mantuvieran las publicaciones en los sitios web.
“Nos sabíamos nada, nos tomó por sorpresa. Ayer solo nos dijeron que íbamos a tener una reunión a primera hora este viernes, pero nada más. En esa reunión nos confirmaron el cierre de ambos medios de comunicación, de forma definitiva”, afirmó Eliud Garmendia, periodista de Metro Nicaragua.
Letzira Sevilla, periodista de El Nuevo Diario, expresó que ella se enteró del cese de operaciones de ambos medios a través de las redes sociales. Cuando se le consultó si la Gerencia había explicado cuáles eran los motivos de esta decisión, Sevilla respondió que todo fue producto de los efectos de la crisis económica, que también golpea a los medios de comunicación.
Presiones de la dictadura
Algunos trabajadores también comentaron que el cierre obedecería a un agravamiento de las presiones y amenazas directas de la dictadura contra el Grupo Promerica, que adquirió El Nuevo Diario en mayo de 2011, tras la crisis económica que enfrentaba el medio fundado por Xavier Chamorro Cardenal, fallecido en 2008.
En las últimas semanas, el Banco de la Producción (Banpro), propiedad del Grupo Promerica, ha sido blanco de una campaña de desprestigio, cuyo origen es un informe periodístico de Diario de El Salvador en el que se asegura que la filial de este, en ese país, es investigada por un presunto lavado de activos, pese a que, en su momento, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), de ese país, negó que estuviera investigando un ilícito semejante.
El banco respondió con un comunicado en el que rechaza la comisión de tal delito, y en el que invita a las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, a presentarse a sus oficinas a ejecutar las inspecciones que considere convenientes.
Aunque la UAF no respondió de forma expresa a la invitación, ni a los ataques en contra del citado banco, su director, el mayor general Denis Membreño, declaró a medios afines al partido de Gobierno, que este tipo de señalamientos amerita el inicio de investigaciones, aunque no señaló de forma explícita al Banpro.
Esta semana se produjo otro incidente, cuando la Policía detuvo un camión de Ardisa, la imprenta comercial de Editorial Nuevo Amanecer, bajo la cual circulaban los diarios, y que trasladaba la impresión de supuestos afiches en contra de la dictadura. Voceros del oficialismo alegaron que el Gobierno estaba preparando una acusación penal en contra de los propietarios de la imprenta.
Versión oficial: costos
Douglas Carcache, subdirector de El Nuevo Diario, evitó responder sobre estas versiones que atribuyen el cierre al incremento de las presiones del Gobierno en contra el grupo Promérica que encabeza el empresario Ramiro Ortiz.
Carcache, veterano periodista, se limitó a responder que el tema estaba claro en el comunicado, y que el cierre se debió a un asunto de índole económica y logística y que eso significaba mucho en cuanto a la posibilidad de operar de manera normal de un periódico. No obstante, el comunicado y el editorial de El Nuevo Diario ni siquiera mencionan la existenciad del bloqueo aduanero en contra de los diarios.
“Es una decisión de la Junta Directiva descontinuar la publicación. Aquí hay más de cien personas afectadas, directas, y hay personas que hacían un servicio tercerizado y son personas afectadas. Estamos hablando de conductores, de agencias de distribución, voceadores, una cantidad de gente que no puedo precisar, pero son afectados indirectamente, son afectados por la suspensión”, afirmó Carcache, quien detalló que la imprenta comercial Ardisa continuará operando. Según Carcache, la posibilidad de mantener únicamente las ediciones digitales también se descartó por “el costo” que implicaría su producción.
Reacción de EE. UU.
“El cierre de un periódico por razones vinculadas a una censura política, pues no puede acceder a los medios materiales que necesita para imprimirse, es lamentable, es trágico”, dijo Jon Piechowski, subsecretario de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En una entrevista con periodistas nicaragüenses en Washington, el funcionario del Departamento de Estado aseguró que “todos los gobiernos democráticos del mundo y las organizaciones de la sociedad civil debemos solidarizarnos con el trabajo del periodismo nicaragüense en su labor de informar”.
“Sin prensa libre, no puede haber democracia verdadera y vamos a asegurar que las libertades de expresión y de prensa sean parte de nuestra política hacia Nicaragua, porque no puede haber reformas política sin libertad de prensa”, dijo el diplomático.
“Un golpe”, “una vergüenza”
El cierre de estas publicaciones fue catalogado como una “vergüenza” y “un golpe a la libertad de expresión”, por organizaciones que defienden y promueven la libertad de prensa y responsabilizan directamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que mantiene la orden de bloquear la entrega de papel, tinta, repuestos y otras materias primas para la impresión. Medida que también afecta al diario La Prensa, el más antiguo del país, y el Diario Hoy, de carácter popular.
“Nos solidarizamos con sus trabajadores lanzados al desempleo y condenamos este acto cobarde que atenta contra las libertades públicas consignadas en la Constitución Política de Nicaragua: la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información”, declaró Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El Nuevo Diario y Metro Nicaragua anunciaron, a la medianoche de este viernes, que dejarían de circular a partir de la fecha, debido a “dificultades económicas, técnicas y logísticas, que hacen insostenible su funcionamiento”. Horas más tarde, confirmaron a sus periodistas y demás colaboradores que el cierre afecta las ediciones impresa y digital.
En mayo de 2020, El Nuevo Diario cumpliría 40 años de circulación nacional. Durante quince meses enfrentó los embates del poder político que, con medidas arbitrarias como la retención de materia prima (papel, tinta, entre otros), y las circunstancias económicas, técnicas, logística y adversas, terminaron por ahogarlo, recordó Chamorro.
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), criticó el cerco que el régimen mantuvo contra El Nuevo Diario y que persiste en contra de La Prensa, a través de una maniobra administrativa de restricción de las importaciones de papel y demás insumos para la impresión del rotativo.
“También consideramos que esta es la consecuencia de todas las presiones económicas, encaminadas a asfixiar a los medios de comunicación independientes que impulsa el Gobierno de manera descarnada para acallar todas las voces disidentes que existen en el país. Con el cierre de El Nuevo Diario y Metro se apagan más voces, se les restringe el derecho a los ciudadanos a informarse, pero también ha provocado que decenas de periodistas, fotógrafos, diseñadores, diagramadores y personal administrativo se queden en el desempleo”, lamentó PCIN.
Boicot aduanero
La organización PEN Internacional lamentó y condenó el cierre de El Nuevo Diario y su periódico asociado, Metro. “El Nuevo Diario, al igual que el diario La Prensa, han sido objeto de un boicot aduanero arbitrario e ilegal por parte del Gobierno de Daniel Ortega, que hace 15 meses impuso restricciones a la importación de papel, tinta y otros insumos indispensables para la publicación”, recordó.
En julio pasado, El Nuevo Diario ya se había visto obligado a cambiar el formato del periódico de estándar a tabloide para sobrevivir un tiempo más.
La retención de materia prima hizo que El Nuevo Diario dejara de circular los fines de semana desde diciembre pasado y redujera a ocho su número de páginas.
En diciembre de 2018, la retención de papel también hizo desaparecer al periódico popular Q’Hubo, que también pertenecía a Editorial Nuevo Amanecer; mientras La Prensa y Hoy han optado por reducir el número de sus páginas.
Desde septiembre del año pasado, el Gobierno de Ortega mantenía retenido el 100% de la materia prima de El Nuevo Diario y La Prensa, principales medios escritos independientes de Nicaragua.
Aduana no se ha referido a esa denuncia ni a dos resoluciones del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua, en la que admite tres recursos de apelación presentadas por Editorial Nuevo Amanecer en la que ordena la entrega de las materias primas retenidas.
El Gobierno ya se había comprometido a liberar las materias primas de medios de comunicación independientes en marzo pasado, en unos acuerdos firmados con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el marco de las negociaciones para superar la crisis y que el mandatario dio por concluido de forma unilateral el 30 de julio pasado.
La política gubernamental hacia los medios de comunicación en Nicaragua también ha hecho desaparecer varios programas televisivos, un canal de televisión cuyas instalaciones permanecen ocupadas por la Policía Nacional, y al menos dos emisoras han sido saboteadas en repetidas ocasiones.
El asedio de la Policía y grupos oficialistas han llevado al exilio a por lo menos 90 periodistas, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que entre abril de 2018 y agosto de 2019 registró al menos 1080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otros.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó este viernes que el cierre de El Nuevo Diario es “una vergüenza para Nicaragua y para el mundo libre” y responsabilizó a “la presión de un Gobierno autoritario”.