31 de marzo 2023
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El cierre forzado de más de 3300 Organizaciones Sin Fin de Lucró (OSFL), desde finales de 2018, ha enviado al desempleo a 23 483 nicaragüenses y dejado unas pérdidas superiores a los 250 millones de dólares; asimismo, ha cortado las ayudas a unos 3.4 millones de beneficiados en Nicaragua, según un análisis sobre las eliminaciones masivas de oenegés en Nicaragua realizado por la Fundación del Río, una de las primeras oenegés anuladas.
Estos hallazgos amplían por mucho una estimación hecha por Diálogo Interamericano, en octubre de 2022, que proyectaban unas pérdidas económicas por unos 41.9 millones de dólares y un millón de ciudadanos afectados. El análisis de Diálogo se basaba en una muestra de 53 de las 537 oenegés que estaban activas hasta ese momento, mientras el de la Fundación actualizó el número de organismos activos a 1021.
La Fundación del Río concluye que el cierre masivo, ejecutado por el Ministerio de Gobernación (Migob), busca la desarticulación territorial que habían construido las oenegés en Nicaragua. “Estos tejidos territoriales fueron protagonistas de las protestas de abril de 2018 o simplemente mostraron su inconformidad con lo que estaba sucediendo, por este motivo la desarticulación es un objetivo primordial para controlar el estado de ánimo de la sociedad nicaragüense, sobre todo a nivel rural”, consideran.
Otra razón de la cacería contra las oenegés es centralizar y controlar la cooperación al desarrollo. De acuerdo con Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, el régimen pretende que los fondos provenientes de la cooperación internacional sean administrados y gestionados únicamente por las instituciones del Gobierno, porque al “ir cercenando el espacio cívico es una forma de reducir las formas que estos países tienen de cooperar con Nicaragua”.
“El régimen quiere tener la hegemonía total sobre quien genera solidaridad, ayuda o gestiona el bien común con la ciudadanía nicaragüense, inclusive desconfían hasta de los OSFL que eran aliados o afines a sus políticas”, opinó Ruiz.
En el último lustro, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado 3364 OSFL, lo que representa la reducción del 46% de las personerías jurídicas en Nicaragua, según el activista. Este cálculo es superior a las 3321 contabilizadas en un monitoreo de CONFIDENCIAL, porque la Fundación suma a las organizaciones canceladas por “disolución voluntaria” y por cambios de personería jurídica.
52% de oenegés extranjeras estaban activas
El Migob ha usado cuatro instrumentos legales para cancelar las personerías jurídicas: un 49% de las eliminaciones fueron a través de decretos de la Asamblea Nacional, un 39% por acuerdos ministeriales y un 10% por resoluciones administrativas. El 2% restante se realizó por cambios en el régimen jurídico.
El análisis revela que, en promedio, las oenegés nacionales tenían 19 años de operar en Nicaragua y un 39% de estas estaban activas al momento de la cancelación de personería jurídica. Mientras, el porcentaje de organismos internacionales activos, cuando se les canceló su registro de operación, es superior al 50%.
“En el caso de los OSFL Internacionales el 52% estaban activos y el 48% no reportaban actividad desde 2018. Es importante mencionar que este análisis se hizo a partir de reportes públicos de actividades de estos OSFL, por lo que las cifras pueden ser mucho mayores”, señala la Fundación en un boletín divulgado este jueves.
Ante estos cierres, que beneficiaban a la mitad de la población de Nicaragua, el Gobierno no ha asumido los programas y proyectos suspendidos. “Hay programas especiales que el Estado no tiene la capacidad de sustituir; ese es el caso de la Fundación Coen que tenía programas de equinoterapia, o de Casa Alianza que atendía albergues y refugios, y que el Estado no tiene esa especialidad de atención”, detalla Ruiz.
Incluso, el Estado no puede sustituir la labor de las organizaciones de la sociedad civil que son las garantes de que el Gobierno cumpla con las medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales de derechos humanos, como las concedidas a las comunidades indígenas, explica.
Régimen convalida a sus aliados
El cierre masivo de oenegés ha orillado también a muchos organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, a pedir su disolución. Mientras, sigue eliminando OSFL y convalidando a aquellas que son afines al régimen.
“La convalidación no es complicada, el problema es que te la den. En el caso de las cámaras empresariales, ellos cumplieron en términos de tiempo, de presentar sus documentos, pero cuatro meses después el Migob no les respondía y luego las cancelaron. Entonces, el problema no es que presentes la convalidación, es que te la acepten y hagan el proceso”, lamenta Ruiz.
Entre los organismo que han logrado convalidarse o reprobar su personería jurídica son en su mayoría asociaciones y federaciones deportivas, y unas cuantas cámaras de comercio. Entre ellas: Cámara Nicaragüense de Tabacaleros (Puro Sabor), Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León, entre otras.
Ruiz señala que solo cuatro de las organizaciones eliminadas entre 2018 y 2023, presentaron peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras agotar la vía legal a nivel nacional por la cancelación de su personería jurídica. Sin embargo, hay al menos 25 organismos que se han constituido fuera del país para seguir operando.
