19 de junio 2023
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El Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II, ubicado en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, cerrará sus puertas esta semana, debido al bloqueo de las cuentas bancarias de la Iglesia católica, ordenado por la dictadura orteguista, confirmó la investigadora Martha Patricia Molina.
La medida afecta directamente a 27 seminaristas, provenientes de las ocho diócesis de Nicaragua, y quienes cursan su primer año de educación religiosa, que incluye formación académica, humana, pastoral y vocacional. Los jóvenes serían enviados a sus respectivas parroquias en el país, según Molina. Sin embargo, se desconoce las acciones que tomará la Iglesia católica para seguir garantizando su educación.
“Los ataques de la dictadura hacia la Iglesia católica nicaragüense han obligado a que se concluya el primer semestre, pero no será posible abrir para el segundo semestre por falta de fondos”, señaló la investigadora en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, no se sabe sí el cierre del seminario será definitivo o temporal. El problema, señala Molina a CONFIDENCIAL, es que mientras las cuentas sigan cerradas la sostenibilidad del centro es difícil.
La también autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, alerta que el cierre de seminarios podría repetirse en otros centros de formación sacerdotal del país, cuyos fondos también están bloqueados. “No se sabe qué va a pasar con el resto de seminarios. Es algo que se podría replicar a los otros, ese cierre”, expresó.
“Ya he tenido información que hay otros seminarios que también están entrando en crisis”, agregó. Molina recordó que estas casas de estudios son responsables de la alimentación de los jóvenes en formación, pagan servicios básicos, y el mantenimiento del edificio. "¿Y a dónde vas a agarrar el dinero si es robado por la dictadura?”, cuestionó.
Iglesia bajo investigación orteguista
La Policía Nacional, principal brazo represor de la dictadura orteguista, justificó el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua, a través de una nota de prensa publicada el sábado 27 de mayo, en la que señalaba a la Iglesia de tener bolsas de dinero en sus diócesis, sin brindar pruebas.
En realidad, se trata de un fondo de medio millón de dólares donado por la fundación Catholic Relief Services (CRS) en 2012 a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí (ACDE), confirmaron fuentes vinculadas a la provincia eclesiástica a CONFIDENCIAL. El dinero es totalmente lícito. Sin embargo, el régimen inició una investigación por supuesto lavado de dinero, de la que se desconocen sus avances.
La medida también afectó a los colegios parroquiales, cuya subvención educativa continúa siendo pagada por el Ministerio de Educación (Mined). Ningún centro educativo de las diócesis ha cerrado hasta ahora por no tener acceso a sus fondos en los bancos, pero deben resolver el pago de docentes específicos (inglés, religión) y el mantenimiento. Y en el caso de los templos católicos, aseguran que su sostenimiento depende del apoyo de la feligresía a través de la ofrenda.
Esta acción represiva es una de las más de 500 agresiones que la dictadura orteguista ha ejecutado contra la Iglesia desde abril de 2018 a la fecha. Mientras, la jerarquía de la Iglesia sigue callada, sin denunciar las repercusiones que están teniendo estas medidas extremas del régimen en su día a día.
El cardenal Leopoldo Brenes llamó a la calma a los feligreses y aseguró que los medios de comunicación exageran, pese a que la misma Policía informó sobre el inicio de la investigación por lavado de dinero.
Molina señaló que hasta ahora se conoce la versión de la Policía —carente de credibilidad por las múltiples violaciones a derechos humanos—, por eso es necesario que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) emita su versión de los hechos.
