11 de diciembre 2020
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Los presos políticos excarcelados que son considerados líderes sociales o defensores de derechos humanos son "quienes estarían sufriendo con mayor intensidad los actos de hostigamiento, vigilancia, asedio y agresiones" por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Las personas excarceladas han sido víctimas de campañas difamatorias a través de las redes sociales o medios de comunicación afines al Gobierno. Dichas campañas también ocurren en sus barrios de pertenencia, mediante pintadas estigmatizantes en las paredes de sus casas, realizados por simpatizantes del Gobierno o directamente por miembros de la Policía Nacional", detalla el informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”.
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De acuerdo con información brindada por la sociedad civil, refiere la CIDH, "durante el 2020, se habría identificado un fenómeno de 'puerta giratoria', es decir, una dinámica en la que se detiene y libera a un número similar de personas en el mismo periodo de tiempo, lo cual, además de causar incertidumbre en las personas excarceladas tendría como finalidad mantener el patrón de detenciones arbitrarias como estrategia inhibitoria de personas opositoras y negar la existencia de presos políticos".
"Una suerte de muerte civil"
El documento que reúne los testimonios de 266 personas privadas de libertad indica que ante "la constante persecución política y hostigamiento que sufren, así como la incertidumbre y limbo jurídico en el que se encuentran sus causas judiciales, ha resultado en una suerte de muerte civil para las y los excarcelados y sus familiares; que en la práctica representa la negación de todos sus derechos civiles".
La constante persecución en sus viviendas ha provocado, de acuerdo al organismo, "un fenómeno de desplazamiento, tanto interno como internacional, toda vez que algunas personas tendrían que desplazarse continuamente a casas de seguridad o habrían decidido salir del país en búsqueda de protección y seguridad".
Vigilancia frente a las casas de los excarcelados, pintas en los muros y amenazas de muerte son algunas de las formas de asedio que ha implementado el régimen tras las liberaciones y excarcelaciones.
"Entre los factores que llevaron a las personas a desplazarse se encuentra la represión generalizada y, en particular la criminalización mediante procedimientos judiciales sin las debidas garantías sobre falsas imputaciones y condenas a penas desproporcionadas, por parte de un Poder Judicial instrumentalizado para castigar la participación social en las manifestaciones y desarticular el disenso político", explica el informe.
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La CIDH advierte que "la situación de represión estatal y violación de los derechos humanos en Nicaragua no solo ha obligado a que las personas nicaragüenses se desplacen internamente, sino que además ha generado un desplazamiento arbitrario fuera de territorio nicaragüense a través de rutas inseguras y clandestinas".
En marzo de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó que más de 100 000 personas nicaragüenses se habrían visto forzados a huir desde el inicio de la crisis en abril de 2018.
Siguen encarcelamientos
En su informe el organismo manifiesta que ha dado seguimiento a la grave situación de los derechos humanos de las personas excarceladas, así como a las denuncias sobre la falta de información de su situación jurídica y "la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia permanente".
"Dichos actos tendrían por finalidad inhibir cualquier organización política o manifestación social", advierte el documento publicado el pasado dos de diciembre.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado, al menos 1614 personas, desde el 18 de abril de 2018 hasta el pasado 31 de mayo, por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales, indica el informe. Hasta la fecha 109 personas continúan apresadas en las cárceles del país, según la CIDH.
[Informe #PersonasPrivadasLibertad en #Nicaragua]
La @CIDH publica el informe sobre situación de derechos humanos de las personas detenidas en el marco de la crisis de #DDHH en #Nicaragua.#PPL
✍️Leer informe https://t.co/KHk8UnA0AX
📺Sitio multimedia https://t.co/D7b5ovPzf6 pic.twitter.com/QYACHnq6kN
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 2, 2020
El documento indica que las excarcelaciones realizadas por el Gobierno "no han contemplado a la totalidad de las personas privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas sociales, en especial porque las detenciones arbitrarias han continuado en el país".
La publicación relata que algunos presos políticos han sido reencarcelados y tienen conocimiento que "en ningún caso se habría ordenado la devolución de los bienes confiscados a las personas o la devolución de documentos de identidad confiscados" cuando fueron liberados.
Falta de oportunidades laborales
La CIDH manifiesta en el documento que ha observado como las personas excarceladas "no han podido reinsertarse laboralmente desde el momento de su liberación debido a la persecución y el asedio hacia los eventuales empleadores".
"Muchas de las personas privadas de libertad tenían una vida económicamente activa, siendo parte fundamental del sustento familiar. Eran comerciantes, profesionales, docentes, empleados, campesinos, trabajadores independientes, entre otros rubros. Muchas de estas personas se encuentran todavía detenidos o encerrados en sus casas sin poder retomar sus actividades cotidianas", lamenta el informe.
Esto, advierte el organismo, "no solo genera un impacto en las finanzas del núcleo familiar, sino que además impacta en la economía de toda la comunidad".
"De acuerdo con la información recibida, la Policía Nacional no habría devuelto los bienes y objetos personales como identificaciones, teléfonos celulares, equipos electrónicos, herramientas de trabajo, dinero e incluso vehículos que les fueron sustraídas en el momento de la detención a las personas privadas de su libertad en el marco de las protestas", detalla la CIDH.
"En este sentido, algunos testimonios refieren que la sustracción y no devolución de estos elementos dificultan la posibilidad de reinsertarse laboralmente, como ocurre en el caso de las herramientas de trabajo o vehículos que eran utilizados para el transporte público o de carga", agrega el informe.
