1 de mayo 2022
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Cuatro años de interrogantes han atormentado a María José Da Costa, una enfermera brasileña jubilada de 59 años, sobre el estado de impunidad en que se encuentra su reclamo de justicia. En tres meses, se cumplirán 48 meses de la pérdida de su hija Rayneia Gabrielle Da Acosta Lima Rocha, la estudiante de medicina asesinada en el contexto de las protestas de Nicaragua en 2018.
Si tuviera enfrente a Daniel Ortega ahora, ella asegura que le diría primero: “Quiero saber quién fue el verdadero tirador”. Luego insiste: “Quisiera respuestas. ¿Por qué no dejan trabajar a los abogados? Todos han tenido que salir del país con miedo porque han sido amenazados”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió el cuatro de abril pasado sus observaciones al régimen de Ortega sobre la denuncia de la madre, según documentación oficial a la que tuvo acceso CONFIDENCIAL. El plazo para que responda es de tres meses y a lo sumo puede ser de cuatro.
La solicitud de la CIDH es parte de un proceso técnico conocido como “petición de caso”, en que la instancia internacional evalúa las violaciones de derechos humanos. Después de escuchar al denunciado, elabora un informe de fondo que puede remitir si encuentra mérito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede está en San José, Costa Rica.
Según el abogado de la madre de la víctima, Boanerges Fornos, quien actúa en representación del grupo independiente Acción Penal, este proceso puede durar años.
Fornos explica que la CIDH en la comunicación de este abril le pide al Estado que se manifieste en relación a la falta de acceso a la justicia y a la protección de la vida de los ciudadanos, una responsabilidad del Estado.
“El Estado probablemente va a decir que se garantizó el derecho al acceso a la justicia. Que hubo una persona investigada, que fue acusada, que admitió los hechos (Pierson Gutiérrez), pero en ocasión de la ley de amnistía esta persona fue beneficiada, aunque sabemos que no debería haber sido beneficiado”, explica Fornos.
La revisión del expediente de Rayneia, realizada por el grupo de abogados independientes liderados por Fornos, confirma que el régimen protegió a Gutiérrez.
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Fornos: Así el poder judicial fabricó la impunidad
Según la relación de hechos, que puede leerse en la sentencia judicial, el asesinato ocurrió a las 11:30 de la noche del 23 de julio de 2018. La estudiante de medicina tenía 31 años al momento de su muerte.
Ella era internista del hospital Carlos Roberto Huembes, regresaba a su casa en su vehículo color plateado placas M170620 cuando fue asesinada en el sector de Lomas de Monserrat, una zona de seguridad cercana a la residencia del tesorero del FSLN, Francisco López Centeno, ubicada a un kilómetro de donde los estudiantes se encontraban levantados en protesta contra Ortega.
El detenido fue Pierson Adán Gutiérrez Solís, de 42 años, a quien se le ocupó un arma carabina calibre M4. Nueve días después del crimen fue presentado ante el juez. El primero de agosto de 2018, lo acusaron, ese día el acusado admitió los hechos durante la audiencia preliminar y también se impuso una pena de 15 años gracias a una sentencia dictada a velocidad de relámpago.
El penalista Fornos cuestionó desde la misma acusación de la Fiscalía que imputó a Gutiérrez por homicidio y no por asesinato como correspondía. En segundo lugar, también lo responsabilizaron por tenencia ilegal de armas de fuego, cuando se trataba de un armamento de uso restringido de las fuerzas de seguridad, lo que también lo benefició con penas menores.
“Es el típico ejemplo de la impunidad usando el sistema de justicia”, dice Fornos que califica esa actuación como fraudulenta, porque la rápida admisión de los hechos cumplió la estrategia de evitar que se conocieran las diligencias investigativas del Estado con lo que no se pudo ya identificar a otros responsables.
Según Fornos, el fiscal auxiliar Lenín Castellón justificó al supuesto autor del crimen durante la apelación, tras la imposición de una pena mínima por cada delito atribuido en la sentencia. Finalmente, un año después del asesinato, Gutiérrez fue beneficiado con la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional bajo control de Ortega.
Para el penalista, Pierson Gutiérrez nunca debió ser beneficiado con la ley de amnistía, porque la misma Policía y el Ministerio Público dijeron que ese caso no tenía nada que ver con el contexto de las protestas. “Sin embargo, a esta persona la liberaron, si es que algún día estuvo detenido”, insistió.
“Es el único paramilitar que conocemos que llegó a juicio. Tenés que ver el tratamiento distinto: fue con un abogado privado, se le permitió estar en la audiencia, se le hicieron audiencias privadas para protegerlos, nunca fue expuesto públicamente como sucedía con los opositores al régimen, entonces el aparataje judicial trabajó para garantizar la impunidad y la protección de esta persona. El Estado tiene que rendir cuentas sobre el asesinato de esta joven”, demandó Fornos.
El dolor de una madre: “Deseara tenerla a mi lado”
Para María José Da Costa, la espera de justicia ha sido larga. Sigue cuestionando la falta de respuestas de la Policía de Nicaragua, y cada día que pasa se ha convertido en una espera interminable de la verdad.
“Todos los días los vivo como si fuera aquel día. Todos los días veo las fotos, cuando estaba con sus compañeros de trabajo, deseara tenerla a mi lado. La extraño”, dice Da Costa vía telefónica.
La madre recuerda que vio el cuerpo de su hija hasta 12 días después de ser asesinada. Desde niña, la joven quiso estudiar medicina y se fue a Nicaragua a cumplir un sueño, pero lamentablemente volvió a Brasil en un ataúd.
Estudió seis años medicina en Nicaragua, en 2017 conoció a un muchacho que es hijo de un funcionario de gobierno, Harnet Nathan Lara Moraga, de quien se enamoró y quien venía el día del crimen en otro carro a una distancia corta.
Lara Moraga es hijo del más reciente delegado alterno de Nicaragua en la OEA, Iván Lara Palacios, conocido porque persiguió por corrupción al expresidente Arnoldo Alemán (1997-2001). En esas vueltas que da la vida, el exmandatario es ahora aliado político de Ortega y Lara terminó convertido en funcionario.
La petición de la CIDH se conoce en el peor momento de las relaciones del régimen con la OEA, que ordenó el domingo 24 de abril la toma policial de la sede en Managua, después de ratificar la voluntad de salirse del organismo regional, al que sus autoridades consideran un “instrumento colonialista”.
Según Da Costa, el joven Lara Moraga es testigo directo del crimen de su hija, fue amenazado y su familia debió sacarlo de Nicaragua para garantizar su seguridad.
“Es la única persona que sabe quién mató a mi hija, le dio los primeros auxilios a ella (antes de llevarla al hospital). Quiero al verdadero tirador, cortó una vida que hubiese salvado a muchas”, dijo. Para ella, “la persona que dijeron que estaba preso, nunca fue a la cárcel”.
