23 de diciembre 2018
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares para el equipo periodístico de Confidencial, Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche, cuyas oficinas fueron asaltadas y confiscadas ilegalmente por la Policía Nacional, entre el 13 y 14 de diciembre pasado. Las medidas fueron concedidas por el organismo internacional “por considerar que los derechos a la vida e integridad personal” del equipo “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Los beneficiarios de las medidas son el periodista y director del grupo de medios, Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo, propietaria de la consultora en temas de medio ambiente Cabal, que también fue asaltada y confiscada en el mismo edificio.
Además, incluye a los periodistas Wilfredo Miranda, Néstor Arce, Maynor Salazar y Franklin Villavicencio; el fotoperiodista Carlos Herrera; el caricaturista Pedro Molina; los editores Arlen Cerda y Yader Luna; los productores de televisión Juan Carlos Ampié y Elmer Rivas; los camarógrafos Ricardo Salgado y Leonel Gutiérrez, y el gerente general, Enrique Gasteazoro. La CIDH también ha recibido solicitudes de medidas cautelares para otros miembros del equipo de Confidencial que han sido objeto de amenazas, asedio y persecución, que están en proceso de evaluación.
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Varios miembros del equipo de Confidencial y Esta Semana han recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas y redes sociales, además de intimidaciones, agresiones físicas, asedio y campañas de desligitimación y estigmatización, que han incrementado en el último mes.
El sábado 15 de diciembre, varios periodistas junto a su director Carlos Fernando Chamorro fueron agredidos por dos decenas de antimotines, cuando se presentaron al Complejo Policial Faustino Ruiz, de Plaza El Sol, en Managua, para demandar explicaciones por el asalto y toma ilegal de su Redacción.
Obligaciones del Estado de Nicaragua
La periodista Claudia Tijerino fue golpeada por los antimotines, el sábado, junto a otros periodistas de Confidencial. Carlos Herrera | Confidencial
El documento detalla que “las medidas se otorgan ante las amenazas, persecución, intimidación y asedio en el marco de sus labores”, especialmente tras la represión oficial desatada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las protestas ciudadanas que estallaron el 18 de abril, en contra de las ahora fallidas reformas al sistema de Seguridad Social.
Basada en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias”. Por lo cual, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, entre estos “proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”.
Además, insta al Estado a que adopte las medidas necesarias para que las personas puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas.
Garantías para el ejercicio periodístico
Uno de los policías que mantienen tomada nuestra recepción. Carlos Herrera | Confidencial
La recomendación también incluye la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión de los integrantes de Confidencial, por ejemplo, no obstaculizando o privándolos de los elementos necesarios para su ejercicio periodístico.
El pasado 13 de diciembre, el inmueble donde se encuentran las empresas Invermedia y Promedia productoras de Confidencial y Esta Semana, respectivamente, y donde también se ubica la empresa Cabal, de Elizondo, fueron asaltadas por miembros de la Policía Nacional, que se llevaron decenas de computadoras de escritorio, laptop, iMac, cámaras fotográficas, de vídeo, grabadoras de seguridad, documentación contable y personal.
La noche siguiente, menos de 24 horas después del asalto, los agentes volvieron a las oficinas para ocuparlas militarmente, sin que hasta ahora se brinde una justificación.
Chamorro ha calificado los actos como un “asalto dirigido”, que además atenta contra la libertad de expresión, de prensa y de libre empresa.
El 17 de diciembre, el abogado Léster Mendoza introdujo, en representación de Promedia e Invermedia introdujo dos recursos de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, en los cuales demanda la suspensión del acto y denuncia la violación de al menos 14 artículos de la Constitución Política.
Carlos F. Chamorro en declaraciones a la prensa nacional e internacional sobre el recurso de amparo presentado este 17 de diciembre. Carlos Herrera | Confidencial
También el 19 de diciembre, Chamorro, Elizondo y varios periodistas presentaron ante el Ministerio Público una denuncia contra la Policía Nacional por crimen organizado, robos de bienes privados y personales, de herramientas de trabajo y usurpación de domicilio privado.
Estado debe informar a CIDH
La CIDH, como parte del protocolo de medidas cautelares, también solicita al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.
Las medidas se otorgan a solicitud de las partes para la protección de la vida e integridad personal de quienes se encuentran en una situación de riesgo, como resultado de los hechos de violencia a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril.
La CIDH ha continuado dando seguimiento a la situación y solicitudes de medidas cautelares recibidas durante y después de su primera visita al país, realizada entre el 17 y 21 de mayo de 2018, previo a la instalación de sus dos misiones, recientemente expulsadas por el Gobierno de Ortega y Murillo: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
El Estado de Nicaragua, hasta la fecha, ha mostrado poco o nulo interés o respeto por las medidas cautelares otorgadas. Sin embargo, estas medidas le obligan a rendir cuenta por los beneficiarios, en coherencia con el derecho internacional.
El director de 100% Noticias, Miguel Mora, acusado ahora en los Juzgados de Managua, por “incitar al odio y la violencia”, como supuestos “actos terroristas”, también cuenta con medidas cautelares por la CIDH.
También la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, y su equipo de defensores y promotores, a quienes la Policía también asalto y ocupó ilegalmente sus oficinas, cuentan con medidas cautelares desde el 2008.
