20 de agosto 2018
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Aunque la “circulación” de vehículos y personas ha aumentado poco a poco, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Nicaragua no existe “normalidad”, como lo proclama el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya cesado la represión contra las personas que se han manifestado y expresado su opinión”, explicó María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH en entrevista con Confidencial desde Washington.
Pulido analizó la “nueva fase de la represión” a través de la persecución judicial, y demandó al gobierno de Ortega brindar acceso a información y registros judiciales sobre la represión. Hasta ahora, el régimen bloquea el trabajo del MESENI y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
El GIEI denunció que el Gobierno no le está dando información sobre los procesos judiciales. ¿Qué implicaciones tiene esta negativa?
La Comisión tuvo una gran oportunidad de trabajar de manera mancomunada con el Estado de Nicaragua en el fortalecimiento de su sistema judicial. Ese convenio que se firmó el 30 de mayo entre el Estado, la Secretaría General de la OEA y la CIDH dio piso al GIEI. Pero definitivamente para que el GIEI pueda ejercer sus funciones, coadyuvar a las autoridades, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, necesita tener acceso a los expedientes; a los fiscales que están llevando directamente las investigaciones.
Es una oportunidad que esperamos que el Estado sepa utilizar a favor del derecho a la verdad, del derecho a la reparación de las cientos de víctimas que perdieron su vida a partir del 18 de abril. Esa es una forma de fortalecer el Estado de Derecho. Realmente, la CIDH reconoce que el Estado ha abierto sus fronteras para que estos mecanismos estén presentes en Nicaragua; es algo que no podemos desconocer. Pero para que puedan realizar realmente la misión por la cual han sido invitadas, se tiene que dar esas facilidades.
El Gobierno presentó un informe oficial sobre la violencia en el que reconoce 197 personas muertas durante las protestas, y cuestiona la cifra de víctimas de la CIDH de 317. ¿A qué se debe esta discrepancia?
La CIDH ha llevado un registro muy riguroso de las personas fallecidas a partir del 18 de abril. Tenemos cifras que están publicadas de manera anexa al informe que publicamos; allí se pude observar las fuentes del registro que tenemos. Nosotros recibimos una nota oficial del Gobierno, del siete de agosto, donde además de las 197 personas que el Estado plantea que son víctimas del “terrorismo golpista”, también registra 253 personas que han fallecido entre el 18 de abril hasta el 25 de julio. Si tomamos en cuenta eso, están reportando 450 personas fallecidas. La CIDH, de manera muy conservadora y de acuerdo a la información registrada desde organizaciones de la Sociedad Civil, documenta 317 muertes. Ahora tenemos un registro de 322 muertes.
Pero aquí el tema es que, inmediatamente después, el presidente Daniel Ortega invitó a la CIDH a que se cotejaran las cifras. La CIDH por nota escrita le pidió al Estado acceso a la información, y la pidió también en reuniones con altas autoridades del Gobierno: Ministerio Público, Procuraduría, Policía, Medicina Legal inclusive el Ministerio de Salud para cotejar con las víctimas que nosotros tenemos registradas. Hasta el momento, lo único que hemos recibido del Gobierno es una nota con números globales, y estamos esperando poder hacer ese trabajo conjunto con las autoridades. Es necesario avanzar con ese ejercicio, con la disposición de hacer el cotejo de muertes.
El informe de la CIDH atribuye la mayor responsabilidad de estas muertes a la represión estatal, causada por el exceso de fuerza policial y las fuerzas parapoliciales. Sin embargo, entre las primeras 132 personas que la Fiscalía ha acusado no hay ningún policía y ningún parapolicial. ¿Por qué?
Esa pregunta es muy importante porque justamente la CIDH, durante la visita de trabajo que realizó, pudo recibir testimonios y los sistematizó. En ellos se marcaba claramente los patrones de represión que, hasta el 21 de mayo, se habían registrado en Nicaragua. Allí se pudo establecer, de voz de las víctimas y sus familiares, de dónde habían venido las balas. Pero, naturalmente, quien tiene que dar la información, los resultados y esclarecer los hechos son las autoridades judiciales.
Parte de la tarea importantísima que tiene que realizar el grupo de GIEI es coadyuvar a las autoridades en la investigación de estos delitos. Lamentablemente, ni el grupo de Expertos ni la CIDH ha tenido acceso a la información que está trabajando el Ministerio Público para identificar claramente cuáles son las personas que están siendo procesadas, imputadas por estos delitos. No hemos tenido información de que agentes del Estado hayan sido capturados o procesados como autores de estos hechos.
Tomando en cuenta eso, ¿qué resultados arroja el trabajo del MESENI en las últimas semanas?¿Cuáles son las principales tendencias que han documentado?
El resultado central ha sido transmitir la información a la comunidad internacional de lo que está pasando en Nicaragua. Presentar información a los órganos políticos de la OEA. Y establecer los patrones documentados.
Se han dado tres etapas de represión. La primera con el ataque a las manifestaciones directas. La segunda con lo que el mismo Gobierno ha denominado “Operación Limpieza” de los tranques, y la tercera es la ola de represalias que se ha caracterizado por: represiones arbitrarias, criminalización de la protesta social en el sentido de procesos judiciales que se han abierto por delitos tan graves como terrorismo.
Sí quisiéramos avanzar más con el MESENI; entrar a los centros penitenciarios, tener la información que le hemos solicitado al Estado, y poder acceder a aquellos lugares donde se dio la represión para recibir testimonios de primera mano.
El Gobierno proclama que el país ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, después de eso muchos líderes cívicos y ciudadanos denuncian que hay una persecución en su contra. ¿Cuál es la evaluación de la CIDH?
Definitivamente no existe una normalidad en Nicaragua. Existe sí el hecho de un levantamiento a través de esta “Operación Limpieza” que significó pérdidas de vidas humanas, cientos de personas heridas y detenidas. Digamos que la circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya cesado la represión contra las personas que se han manifestado y expresado su opinión. Lo que tenemos es una fase diferenciada, donde ha habido persecución selectiva. Es una fase que está afectando a líderes estudiantiles, sociales, campesinos, médicos. Un indicador muy importante son las 28 mil solitudes de refugio que Costa Rica ha recibido de acuerdo a ACNUR. No se puede hablar de normalidad, cuando se sigue violando los derechos humanos de cientos de personas.
En las últimas semanas se han producido despidos de médicos, maestros y otros empleados públicos como represalias políticas, así como amenazas e intimidación contra periodistas y el exilio forzado del que usted habla. ¿Cómo define la CIDH esta nueva situación en Nicaragua?
Lo que la CIDH ha analizado es que estamos en una etapa de represalias frente a todo aquel que se manifestó, que protestó por diferentes vías. El Gobierno, después de haber hecho esta operación de uso de la fuerza, está utilizando otros elementos como el aparato del sistema judicial para hacer estas detenciones arbitrarias, inclusive con grupos parapoliciales. Ha llevado a personas que han sido detenidas, maltratadas y torturadas a procesos donde no hay garantías; juicios donde es muy difícil realizar el derecho a defensa y elegir libremente un abogado; donde las personas no tienen acceso a sus familiares procesados.
A eso se suman estos despidos masivos, personas que de una u otra manera, ayudaron humanitariamente a cientos de heridos que habían sido objeto de la represión. Todo esto la CIDH lo había prevenido en una de las recomendaciones de su informe final, pidiendo al Estado que se abstuviera de reprimir, o ejercer represalias. Estamos constando que hay una situación de retaliación que va por diferentes líneas y acciones. Todas han llevado a que haya una terrible inseguridad de los manifestantes, que temen por su vida, por su libertad y que estén saliendo de manera masiva del país.
