11 de noviembre 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado al menos 87 propiedades a organizaciones canceladas, entre noviembre de 2018 y agosto de 2023. Un hecho que muestra como la confiscación a los organismos de la sociedad civil ha sido "institucionalizada" en Nicaragua, advirtió esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe sobre Nicaragua.
El documento que lleva por título Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua señala que, derivado de la cancelación masiva de personerías jurídicas, decenas de organizaciones de la sociedad civil habrían sido afectadas por la confiscación y la apropiación ilegítima del patrimonio, la ocupación policial de locales, así como la congelación de cuentas bancarias u otros activos.
La CIDH constató que en 2018 la confiscación y allanamiento de bienes e incluso cuentas bancarias fueron “medidas arbitrarias y selectivas, dirigidas como un mecanismo represalia en contra de organizaciones de la sociedad civil e inclusive medios de comunicación considerados críticos al Gobierno, así como una acción orientada a disuadir e intimidar a la sociedad civil”.
“En muchos casos las confiscaciones se enmarcaron en procesos de criminalización y persecución judicial en contra de las personas integrantes de las organizaciones”, se lee en el informe de la CIDH.
Para el año 2022, “la confiscación de los bienes de los organismos sin fines de lucro se habría institucionalizado con la aprobación de la Ley no. 1115, (Ley General de Regulación y control de Organismos Sin Fines de Lucro)”, según información del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) citada por la CIDH.
La Ley de 1115 “estableció que el destino del patrimonio de organismos afectados con la cancelación de su personería jurídica pasaría a ser propiedad del Estado de manera inmediata, con excepción de los casos de liquidación y disolución voluntaria”, describe el informe.
“Dicha disposición constituye una sanción desproporcionada al ser aplicable a todas las causales de cancelación de los organismos sin fines de lucro”, agregan.
Disolución para conservar el patrimonio
La CIDH también tuvo conocimiento que hasta agosto de 2023, más de 40 organizaciones solicitaron la disolución voluntaria con la finalidad de poder determinar el futuro de sus bienes y, de este modo, evitar que sean confiscados o expropiados por el Estado.
“Anteriormente, algunas de estas organizaciones denunciaron impedimentos para presentar los documentos requeridos por la autoridad, denegación de entrega de cartas de cumplimiento de obligaciones legales, presión política, la falta de acceso a recursos económicos, ataques a sus integrantes y otros hechos”, explica el documento.
La Comisión advierte que el despojo, daño o cualquier otra forma de pérdida de control sobre el patrimonio de las asociaciones puede frustrar la consecución de sus objetivos. Por tales motivos, las acciones estatales que afectan el patrimonio de una asociación como persona jurídica podrían tener un impacto negativo sobre el derecho a la libertad de asociación de las personas que la integran.
Además, recuerda que, "si bien el derecho a la propiedad no es absoluto, cualquier restricción o limitación debe realizarse por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos".
“Al examinar una posible violación al derecho a la propiedad privada, la Corte Interamericana ha establecido que no debe limitarse a examinar únicamente si se produjo una desposesión o una expropiación formal, sino que debe además comprobar, más allá de la apariencia, cuál fue la situación real detrás de la situación denunciada”, subraya la Comisión.
Finalmente, la CIDH insta al régimen a “abstenerse de realizar acciones que afecten arbitrariamente el patrimonio de las asociaciones como represalia por la manifestación de posturas disidentes a las del gobierno, como podría ser la confiscación, incautación o apropiación ilegítima de bienes y derechos”.
La Nicaragua confiscada
Además de las 87 propiedades confiscadas a las oenegés, la investigación La Nicaragua confiscada: La nueva ola de robo de propiedades, realizada por CONFIDENCIAL revela que en Nicaragua hay al menos otro medio centenar de propiedades confiscadas a medios de comunicación, empresarios, sedes diplomáticas y nicaragüenses “desnacionalizados” y “desterrados” por órdenes orteguistas.
Entre el 18 de abril de 2023 y el 31 de agosto de 2023, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) registró 3390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personería jurídica, de un total de 7227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018.
De las 3390 organizaciones canceladas hasta agosto, 32% trabajaban temas de desarrollo, 16% eran gremiales, 11% religiosas y 10% defensoras de derechos humanos.
“En 2022 el patrón se intensificó”, advirtió la relatora de la CIDH para Nicaragua, Esmeralda Arosemena durante la presentación del informe. “La Comisión observó falta de motivación y justificación para cancelar las personerías jurídicas de las organizaciones”, indicó.
