30 de agosto 2023
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías sobre libertad de expresión y derechos económicos condenaron la cancelación de la personería jurídica y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), junto al “desalojo forzado” contras seis miembros de la Compañía de Jesús en su residencia Villa Carmen en Managua.
Calificaron la medida de la dictadura orteguista contra la UCA y la imposición de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo como “interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua”.
“La CIDH alerta a la comunidad internacional el cierre o cancelación de universidades u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como una forma de represalia por disentir de la visión ideológica del Gobierno constituye otro patrón más del cierre de los espacios cívicos en Nicaragua”, indicaron en un comunicado publicado este martes 29 de agosto en su cuenta oficial de Twitter.
Con esas acciones, además “de afectar el derecho a la libertad de asociación, restringe los derechos a la educación, la libertad académica, la libertad de expresión, el pluralismo de ideas, el desarrollo humano y de la sociedad civil en detrimento de las democracias”, puntualiza la CIDH.
Asimismo, la CIDH junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), urgieron al Estado de Nicaragua “a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efectos la cancelación de la personería jurídica de Universidades y centros académicos que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso. De igual manera, instan a devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados”.
Régimen violenta libertad académica
Desde 2020 a la fecha, 27 universidades privadas han sido despojadas de su personería jurídica, afectando a más de 37 000 estudiantes. La más reciente universidad confiscada fue la jesuita UCA, con una población estudiantil mayor a 5000 jóvenes.
Este nuevo ataque del régimen de Daniel Ortega también violenta los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, que establecen que “cualquier interferencia a la libertad académica debe cumplir requisitos de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en una sociedad democrática, dado que constituyen una salvaguarda frente a las arbitrariedades por parte de las autoridades tanto dentro como fuera de las instituciones académicas”.
Sin embargo, la resolución judicial que ordenó el cierre y la confiscación de la UCA y sus bienes muebles e inmuebles, acusándola de "centro de terrorismo" se ejecutó sin presentar pruebas ni permitir a la Compañía de Jesús el derecho a la legítima defensa.
A la par, la CIDH también ha recibido denuncias sobre adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los espacios académicos para “imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política; el control de las organizaciones estudiantiles por parte de partidarios del Frente Sandinista; así como la criminalización de estudiantes”, señalaron.
Tras la confiscación de la UCA, tres líderes estudiantiles fueron capturadas por la Policía, hecho que organizaciones juveniles en el exilio califican como un mensaje intimidatorio enviado por la dictadura a los universitaros. Cualquier estudiante que intente alzar su voz podría costarle su libertad.
La CIDH también destacó el asedio, acoso y hostigamiento al que había sido sometida la UCA por el Frente Sandinista, en represalia por su apoyo y defensa de los derechos de los estudiantes que participaron en las protestas cívicas de 2018.
“En 2022, la Universidad denunció mecanismos de presión e injerencia como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento y su exclusión del CNU con la finalidad de debilitar su presupuesto. Estos hechos se enmarcan en un contexto de graves restricciones a la libertad religiosa y persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua", indican en el comunicado.
Demandan respaldo de otras universidades
En medio de la incertidumbre que atraviesan los estudiantes de la UCA, la CIDH y su relatorías exhortan a los Estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para los jóvenes y académicos nicaragüenses afectados, también mediante programas virtuales, con el fin de garantizar la continuidad de la educación.
La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) aseguró que abrirán sus puertas a los estudiantes nicaragüenses, siempre respetando las normas y leyes de cada país. Mientras, las universidades jesuitas Simeón Cañas, UCA de El Salvador, y Rafael Landívar de Guatemala, lideran las opciones para más de 1600 estudiantes, que confían puedan ser admitidos en esas casas de estudios y terminar su formación académica con todo los retos que implica.
En Nicaragua la única opción es quedarse en la nacional Casimiro Sotelo porque el régimen ha impedido que otras instituciones privadas admitan a los estudiantes UCA.
