CIDH: Alarmante tasa de "migración forzada" de nicas

“Lo que yo quisiera es que se vaya el presidente y, luego, regresar. Es duro estar en un país que no es el suyo. Quisiera, en el futuro, regresar y ver libre a Nicaragua”, es parte del testimonio de uno de los 152 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió de 259 entrevistas a nicaragüenses exiliados, durante su visita a Costa Rica, como parte del seguimiento a la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló la rebelión cívica brutalmente reprimida por el régimen Ortega Murillo.

Según la CIDH, más de 70 000 nicaragüenses han dejado el país y, de estos, unos 55 500 han solicitado protección internacional en Costa Rica. Cifras más recientes de la Dirección de Migración y Extranjería precisan que, a finales de junio de 2019, ya hay más de 67 000 nicaragüenses solicitantes de refugio.

Leé el informe completo: Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica

“La decisión de huir de las personas nicaragüenses consideradas opositoras al Gobierno no se basa en una elección voluntaria, sino en la única salida que encuentran frente a amenazas inminentes a su vida e integridad, esto es, el sometimiento a un estado de coerción y temor”, indica el informe “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica”, difundido este 20 de septiembre. “Queremos volver a Nicaragua, pero no podemos mientras siga ese Gobierno ahí. Con ellos ahí, somos gente muerta”, es parte del testimonio de otro exiliado nicaragüense.

Para la CIDH, la migración forzada “representa un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, donde la población civil considerada como opositora al Gobierno nicaragüense, se ha visto obligada a desplazarse de manera arbitraria, por la fuerza y a gran escala”. Además, estima que la misma “es una continuación de un contexto de represión, persecución, abusos y violencia sistemática y generalizada”.

Igualmente, sostiene que este es un hecho más por el cual, según el Derecho Internacional, el régimen Ortega Murillo debe responder. “Existe la obligación de que estos hechos sean debidamente investigados, procesados, juzgados y sancionados, así como se repare integralmente a las víctimas”, advierte.

El asesinato de 328 nicaragüenses; más de 2000 heridos; otras 700 personas detenidas y enjuiciadas, de las cuales más de 120 continúan en las cárceles del régimen; el despido de 300 profesionales de la salud; la expulsión de 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN); y el exilio de al menos 70 periodistas y trabajadores de medios; son los otros hechos, producto de la represión estatal, por los cuales el régimen debe contestar y que, señala la CIDH, hasta hoy “han quedado impunes”.

El perfil de los exiliados

Los testimonios recabados por la CIDH confirman también la satanización, persecución, amenazas y agresiones hacia quienes se manifestaron contra el régimen Ortega Murillo. Las historias del informe dan cuenta, una vez más, de la negación de asistencia médica a víctimas y el asedio contra médicos que sí la proporcionaron, al igual que las torturas sufridas por quienes fueron capturados por la Policía.

Exiliados asisten a la marcha "de la unidad" en San José, Costa Rica. Elmer Rivas | Confidencial

La CIDH identificó los perfiles de los grupos de personas que migraron a Costa Rica. Son principalmente estudiantes que participaron en las protestas, defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, ciudadanos que apoyaron las protestas con comida, medicinas y casas de seguridad, médicos, periodistas y exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el Gobierno.

El reporte señala como “principales actores responsables de la persecución y el desplazamiento forzado” a grupos parapoliciales, la Policía y grupos de vigilancia y control, como los Consejos de Poder Ciudadano. Los testimonios señalan, nuevamente, la existencia de paramilitares y grupos de choque afines al Gobierno que “actuaban de manera coordinada junto con la Policía Nacional y se encontraban armados con el apoyo del Gobierno nicaragüense”. Los mismos a los que Daniel Ortega identificó como “policías voluntarios”.

La oleada del exilio

El mayor periodo de la migración forzada a Costa Rica obedeció a uno de los momentos más cruentos de la represión: el inicio de la Operación Limpieza, perpetrada entre junio y julio de 2018 por la Policía y paramilitares, y cuyo objetivo fue la eliminación de los tranques instalados por los manifestantes. Seguido, recuerda la CIDH, vino “la criminalización de la protesta social a través de detenciones arbitrarias; la formulación de acusaciones penales; las amenazas, hostigamientos y atentados en contra de las personas identificadas como opositoras al Gobierno; y el asedio contra familiares”.

Una bodega que sirve de refugio para nicaragüenses en Costa Rica. // Foto: Elmer Rivas

Los nicaragüenses que salieron del país lo hicieron por amenazas directas, amenazas por redes sociales, por imputación de delitos, por la represión estatal, por asedio y persecución, por detención arbitraria, por atentados, como consecuencia de heridas, por violación sexual y por negarse a cumplir órdenes, enumera el organismo.

La mayoría primero se desplazó internamente, es decir, se resguardó en casas de seguridad o de amigos y familiares en Nicaragua, para posteriormente huir a Costa Rica por puntos ciegos y cruzar la frontera de manera irregular, a veces con la guía de “coyotes”.

Los testimonios señalan el involucramiento de militares en la vigilancia e intimidación de quienes buscaban salir del país por puestos fronterizos regulares. “En la salida de Nicaragua había un control y retén del Ejército. Ellos tomaban los datos de las personas, los comparaban con una lista y fotos que tenían en sus celulares y registraban nuestras maletas. A algunas personas les quitaban sus pertenencias o les cobraban dinero para dejarlos pasar, a otras los detenían y los alejaban de los retenes. Intimidaban a las personas preguntándoles si estaban huyendo o si participaron en algunas de las protestas”, detalló un nicaragüense en su testimonio.

Si bien las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram ayudaron a documentar violaciones a los derechos humanos, también fueron los canales de las amenazas y hostigamientos. “En las redes sociales enviaron una imagen mía con la camisa de mi organización diciendo que dejara de hablar de la Policía o que iba a terminar con la boca llena de moscas, es decir, muerto”, narra otro exiliado.

La respuesta del régimen

El régimen Ortega Murillo describió el informe como “un compendio de información parcializada, desbalanceada y sesgada en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua” e insistió en su argumento del intento de golpe de Estado que ha difundido, sin éxito, en instancias internacionales para justificar la represión desatada.

Agentes policiales y antimotines evitan a empujones que los ciudadanos marchen libremente, lo que es un derecho. Foto: Carlos Herrera.

En sus observaciones, el régimen informó a la CIDH que garantiza “el retorno voluntario, asistido y seguro de los nicaragüenses, mediante el Programa sobre Retorno Voluntario Asistido”, implementado desde abril de este año. Sin embargo, la CIDH indicó que el retorno voluntario solo será posible “una vez que Nicaragua ofrezca garantías reales de que la vida e integridad personal de dichas personas no estará en riesgo”.

La Comisión recomendó al Gobierno “cesar los actos de persecución que generan desplazamiento forzado, respetar los derechos a salir de territorio nicaragüense y buscar y recibir asilo, así como brindar asistencia humanitaria a personas desplazadas”.

Las recomendaciones a Costa Rica

Si bien la CIDH reconoció las medidas adoptadas por Costa Rica para dar protección a los nicaragüenses, también señaló situaciones negativas que debe mejorar, como la burocracia que encarece y alarga los procedimientos de asilo, así como el rechazo en frontera de algunos nicaragüenses.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. EFE

La CIDH apuntó que “debe otorgarse permisos de trabajo desde el momento en que se realiza la solicitud de asilo”, pues “un 76.31% de los 152 testimonios sistematizados se encontraban desempleados en Costa Rica, viviendo en una situación de precariedad”, detalló.

Hasta mediados de 2019, las autoridades migratorias habían otorgado solo 13 455 permisos de trabajo entre 37 121 solicitudes de refugio extendidas.

Además, el organismo exhortó a la flexibilización de requisitos para que universitarios nicaragüenses puedan continuar sus estudios.

Según los testimonios, solo un 10% de los nicas exiliados ha logrado acceder a servicios de salud pública. La Comisión mencionó la necesidad de dar acceso a servicios de salud, pues conoció casos de personas con problemas médicos, “incluso como resultado de las violaciones a los derechos humanos sufridas antes o durante el proceso de migración forzada, como heridas de bala, hipertensión, estrés postraumático, diabetes, gastritis, dolores musculares y óseos, insomnio, así como VIH, ITS, entre otros; las cuales requieren de una constante atención médica, tratamiento y provisión de medicamentos, y que al no encontrarse asegurados a la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social), se han visto desprotegidos y su estado de salud ha agravado”.

Igualmente, recomendó mejorar las condiciones de los albergues, donde a menudo se carece de condiciones mínimas de salubridad y protección.

La Comisión también anotó que algunos exiliados “podrían no encuadrar en la definición de persona refugiada, pero que no podrían ser devueltas a Nicaragua”, como aquellos que llegaron antes de abril de 2018, pero que, por sus actividades u opiniones políticas, tienen temores fundados de regresar a Nicaragua y, por tanto, requieren ser reconocidas como refugiadas.

Finalmente, la CIDH instó a dar una respuesta regional e internacional para que Costa Rica tenga recursos para responder mejor ante esta “situación humanitaria de emergencia”, tras advertir que esta migración forzada “seguirá incrementándose progresivamente hasta que el Estado de Nicaragua no cese la represión y la criminalización de todo ejercicio de protesta pacífica y manifestación de disidencia política”.