13 de junio 2023
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A pesar de que la propaganda de la dictadura sostiene reiteradamente que el país “camina orgulloso hacia su porvenir”, el 57% de los nicaragüenses se ve lejos de su patria y considera “probable” y “muy probable” que emigraría si tuviera los recursos, revela el estudio de opinión pública de junio de 2023, elaborado por CID Gallup.
En la encuesta, sólo el 12% de los consultados afirma que sería “poco probable” que emigre, mientras el 30% asegura que es “nada probable”. Según la ficha técnica de la medición, esta se realizó entre el 20 de mayo y el 5 de junio de 2023. Se entrevistaron a 1215 adultos –de 16 años o de más edad– con teléfonos celulares; el margen de error fue de +/−2.8% y la encuesta resultó con el 95% de nivel de confianza.
Los resultados se conocen a poco más de cinco meses desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió el 5 de enero de 2023 el programa parole humanitario a inmigrantes de Haití, Cuba y Nicaragua. Según los registros de CID Gallup, el porcentaje de los nicaragüenses que emigraría si tuviera los recursos pasó de 43% en enero pasado a 40% en junio.
En los datos de la investigación de junio 2023, el principal destino de los nicaragüenses sería Estados Unidos (55%), al que el tirano suele llamar “enemigo de la humanidad” en un discurso anclado en la Guerra Fría. Sigue España (13%) y el tercer lugar de las preferencias para marcharse es Costa Rica (11%), de acuerdo con la misma información. Las tres naciones son rumbos que están en la mente de quienes buscan mejorar su situación y la de sus familias.
El 62% de los entrevistados de CID Gallup explicó que se iría de Nicaragua, porque “hay mejor trabajo y mejor pagado (62%)”. Las otras razones expresadas giran también en torno a la falta de oportunidades para su desarrollo: el 24% considera que no hay trabajo en Nicaragua, el 7% dice que se largaría por la violencia y el 4% afirmó que aprovecharía que, en este momento, los países receptores los están dejando entrar.
Evidente dependencia externa y el peso de las remesas familiares
Los datos de CID Gallup conectan con el peso cada vez mayor en la economía local de las remesas enviadas por los nicaragüenses en el exterior. Según datos publicados el 2 de junio de 2023 por el Banco Central de Nicaragua, los nacionales recibieron 1394.6 millones de dólares entre enero y abril de este año.
De acuerdo con los datos oficiales, las remesas significaron 3224 millones de dólares en 2022, es decir casi lo equivalente al 100 % del Presupuesto General de la República.
En contraste con toda realidad de dependencia externa de Nicaragua, Ortega se esmera en atacar a Estados Unidos, a pesar de que es el principal socio comercial del país, y a otros países de la comunidad internacional como la Unión Europea.
Datos de la embajada estadounidense en Managua indican que las exportaciones nicaragüenses alcanzaron los 5728 millones de dólares en 2022, es decir casi cuatro veces las registradas en 2006 cuando se implementó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-CAFTA.
Un artículo publicado en CONFIDENCIAL, durante junio de 2022, por el politólogo Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, señaló que 141 000 nicaragüenses habían entrado a Estados Unidos entre enero de 2021 y abril de 2022, la mayoría pidiendo asilo político.
Orozco escribió entonces que el éxodo migratorio por razones políticas era una historia conocida, debido a que en los años ochenta, durante la revolución sandinista, miles escaparon de la represión y el Servicio Militar, llegando a sumar 168 659 nicaragüenses en 1990.
Estados Unidos ha denunciado la represión del régimen, también ha sancionado a 52 funcionarios de Nicaragua –entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo y cuatro de sus hijos– e igual ha demandado junto con la Unión Europea y Canadá el retorno de la democracia al país.
A todas estas demandas democráticas, los funcionarios del régimen han prestado “oídos sordos”. Ortega ha establecido una diplomacia de autoaislamiento con la que pretende evadir la rendición de cuentas sobre los abusos de derechos humanos cometidos en 2018.
