6 de noviembre 2015
Un grupo de mujeres de la sociedad civil, encabezadas por la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, se presentaron el jueves en los portones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional (DAJ), mejor conocidas como El Chipote, para exigir se investigue un agresión ocurrida en la tercera marcha nacional en contra de la concesión canalera el pasado 27 de octubre.
La manifestantes pertenecen al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y sustentan su acusacion con un video que grabaron durante el suceso. Tania María Quintana Mongalo, Petrona Pérez, Martha Lorena Ulloa Pérez, María Castillo Meneses y a Juana Antonia Jiménez presentaron imágenes en las que se muestra a simpatizantes de Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en un camión propiedad de la Alcaldía de Managua, placa M196882. El vehículo se acerca de manera agresiva a las mujeres que se econtraban en una orilla de la protesta anti canal en el kilómetro 4 de carretera norte, en horas de la mañana. De este mismo camión salieron las piedras que golpearon al joven Alexander Ortega, quien tuvo que ser atendido por lesiones en el ojo en la Policlínica del Norte que queda frente al lugar donde ocurrió la agresión.
Desde horas de la mañana del jueves, las denunciantes se presentaron en los portones de El Chipote, pero no fueron recibidas para entregar la documentación. En un descuido, mientras se abrieron los portones para que pasase una camioneta, la doctora Núñez logró entrar a la zona de seguridad, pero fue impedida de seguir por 26 efectivos de la policía.
“Les han quitado el derecho a expresarse. Se han convertido en mudos. Los están convirtiendo en zombies, ya me imagino la indignación que deben sentir algunos. No se atreven a decir si quiera no se las vamos a recibir, pero son mudos absolutamente”, dijo la doctora Nuñez, mientras se encontraba tras los portones de la DAJ.
Después de 3 horas de espera y ante la negativa de recibirles, el grupo se dirigió a la oficinas de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para entregar la carta y denunciar el trato que recibieron en El Chipote. Ahí fueron recibidos de inmediato por el Teniente José Ramón Marín, en representación de la jefatura, quien acogió los documentos.
“Pareciera que hay dos mandos en la Policía Nacional ¿A quien obedece auxilio judicial y a quien obedece relaciones públicas? Es una situación que tiene que aclarar la primer comisionada”, dijo la presidenta del CENIDH, que adelantó pedir una audiencia con la jefa policial, Aminta Granera.
La defensora de Derechos Humanos, aseguró que este tipo de actuación es un grave retroceso y un impedimento para la labor que realiza su organización. “Esta es la seguridad soberana que nos espera”, dijo en relación a la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana que fue enviada por el ejecutivo y que actualmente se encuentra en la primer secretaria de la Asamblea Nacional. Según expertos en temas de defensa y seguridad esta ley contiene elementos que podrían estar encaminados a controlar las movilizaciones sociales y protestas en el país.