12 de diciembre 2019
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El día que el régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y confiscó sus instalaciones impulsó una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Contrario al objetivo de acallar las voces que denunciaban la masacre de la Rebelión de Abril, el reclamo de justicia se ha multiplicado y un año después es la ciudadanía quien reclama sus derechos.
Para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, “la mejor defensa de los derechos humanos es la que hace la gente cuando conoce sus derechos y sabe cómo defenderlos” y es por esa razón que el Cenidh, aún sin una oficina para recepcionar las denuncias, ha venido acompañando a la ciudadanía que reclama justicia y lucha contra la impunidad en Nicaragua.
“Nosotros al calor de la noticia -cuando nos quitaron nuestra personería jurídica- nos comprometimos a no retroceder, nos comprometimos a seguir defendiendo y bueno, ustedes son testigos de que… seguimos acompañando en la medida de lo posible a la gente, porque la gente es la principal, es sujeta de sus derechos y saben cómo defenderlos”, precisó Núñez.
Esperan justicia transicional
Además de promover el empoderamiento de los ciudadanos, en el último año el Cenidh ha contribuido de manera sistemática ha “sentar las bases” para que “un día en Nicaragua se pueda hablar de justicia transicional, de verdad, justicia, reparación, para que no haya más repetición”.
“Hemos documentado 328 asesinatos y definitivamente que nuestras investigaciones han sido insumos importantes y aportes importantes que han fortalecido los informes que los organismos internacionales han publicado, por eso pienso que nuestro trabajo ha sido no sólo diciendo sino de proporcionar las evidencias a los organismos internacionales con mayor proyección e incidencia a los niveles más altos que los mecanismos de protección pueden utilizar”, enfatizó la defensora.
La confiscación de las instalaciones del Cenidh tampoco frenó el espíritu de lucha de sus miembros. Núñez asegura que ya agotó todas las vías legales internas y ahora “ante la falta de respuesta, solo queda recurrir a las instancias internacionales”.
“Interpusimos dos recursos de amparo, un recurso por institucionalidad y una acusación contra el director de Auxilio Judicial -que fue el que allanó y usurpó nuestras instalaciones-, con las confesiones expuestas en los informes que el jefe de la Policía envió, donde dice que ellos actuaron ilegalmente, pero eso se los ordenó el Ministerio de Gobernación. Ahí está en manos de la llamada Corte Suprema de Justicia que los tiene venciendo los procedimientos, venciendo los términos establecidos, cayendo en una retardación de justicia”, subrayó Núñez.
