Redacción Confidencial / I de III entregas
6 de octubre 2024
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Durante tres años Anielka adquirió diversos enseres y muebles para la que sería su casa en uno de los complejos habitacionales del programa “Bismarck Martínez” en Managua; sin embargo, desde finales de 2023 ya no compra ni un pequeño adorno para su futura vivienda. “No sé si al final me la entregarán”, se lamenta.
La capitalina, de 42 años y madre soltera de dos niñas de once y catorce años, se gana la vida como comerciante de productos femeninos. Sus ingresos superan apenas el umbral del salario mínimo promedio —8540 córdobas con 92 centavos (que son unos 233.2 dólares al cambio oficial)— y vio en el programa de viviendas “Bismarck Martínez” una oportunidad para dejar de “posar” en casa de familiares.
El 8 de octubre de 2018, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el programa de viviendas Bismarck Martínez, en el monólogo que cada mediodía difunde a través de los medios de comunicación oficialistas.
En un primer momento, el programa consistía en la entrega de lotes urbanizados “a precios módicos”, para la construcción de viviendas “dignas y seguras”. Un mes después, el 7 de noviembre, la vicepresidenta informó que iban a “trabajar para complementar el programa Bismarck Martínez con estas casitas que estamos seguros van a ser del agrado de las familias que podrán, mediante el pago de una cuota manejable según sus ingresos, adquirir su vivienda”.
Bajo un esquema opaco y con poca transparencia, la Alcaldía de Managua ha elevado las cuotas para acceder a las viviendas, pese a contar con fondos del Presupuesto General de la República (PGR) y un préstamo internacional, otorgado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según detalla una investigación de CONFIDENCIAL.
Para esta investigación CONFIDENCIAL entrevistó a urbanizadores, empresarios de la construcción, corredores de bienes raíces, expertos en temas presupuestarios y personal de cuatro alcaldías donde se anunció su implementación. También conversamos con pobladores aceptados y rechazados dentro del programa “Bismarck Martínez”. Todos solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En su página web, la Alcaldía afirma: “Si optas al programa de viviendas, las aportaciones mensuales son de 40 a 50 dólares”. Sin embargo, las cuotas mínimas en las urbanizaciones son mucho más altas.
- 104.81 dólares en “Flor de Pino”, “Villa Jerusalén” y “Camino del Río”;
- 151 dólares en el complejo “Villa Santiago”;
- 170 dólares en residencial “Mirador Xolotlán”, y
- 365 dólares en los apartamentos “Nuevas Victorias”.
Entre los requisitos para optar a una vivienda del programa “Bismarck Martínez” están: ser mayor de edad, habitar en Managua; escribir una carta al presidente Daniel Ortega; tener ingresos mensuales de 10 000 córdobas —equivalentes a 274 dólares—, y presentar carta salarial, principalmente.
Otros requisitos para acceder al programa son copias de documentos y no haber sido beneficiado antes con un subsidio, bono del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) o programa de vivienda de la Alcaldía de Managua o de otro Gobierno local.
Las cifras estatales del programa “Bismarck Martínez”
Bismarck de Jesús Martínez Sánchez era un militante del Frente Sandinista que, según el Gobierno, fue torturado y asesinado después de ser secuestrado el 29 de junio de 2018, en un bloqueo de carretera en el municipio de Jinotepe, Carazo, durante la oleada de protestas antigubernamentales que fueron reprimidas a balazos por policías y grupos paramilitares leales al régimen de Ortega y Murillo.
De acuerdo con esta narrativa, Martínez, de 55 años, se dirigía en su vehículo a una vivienda en Jinotepe, en el suroriente del país, cuando fue detenido en un “tranque” o corte de carretera en el colegio San José de ese municipio. El simpatizante sandinista Bismarck Martínez trabajaba desde 2002 en la Alcaldía de Managua, donde se desempeñaba como jefe de ornato.
La Administración de Ortega y Murillo no permitió que las circunstancias que rodearon la muerte de Bismarck Martínez fueran investigadas por los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la OEA, que visitaron Nicaragua en 2018 para indagar sobre la violencia política, y fueron expulsados del país por las autoridades del Estado.
En honor a Bismarck Martínez —denominado luego como un “héroe de la paz y el amor” por el Gobierno— bautizaron el programa de viviendas que, en un principio, benefició solo a las familias de militantes sandinistas, paramilitares o miembros de las fuerzas de choque del régimen en varios departamentos del país.
Durante el lanzamiento del programa, las autoridades municipales y gubernamentales prometieron que beneficiarían a 50 000 familias con una vivienda de interés social, e igual número de familias con un lote urbanizado.
El Gobierno y las alcaldías afirman haber dado más de 30 000 lotes y al menos 8000 viviendas, pero estas cifras no pueden ser verificadas o auditadas porque no existe un registro oficial público de estas entregas. El Gobierno y municipalidades se limitan a hacer anuncios con fines promocionales o partidistas sin respaldo de las entregas totales.
Estas cifras oficiales no se pueden contrastar porque solo cinco alcaldías, de los 153 municipios de Nicaragua, han informado sobre el total de viviendas o lotes entregados, de acuerdo con una revisión hecha por CONFIDENCIAL a las redes sociales de las municipalidades y las entrevistas de los medios oficialistas a los alcaldes sobre el programa “Bismarck Martínez”.
La Alcaldía de Masaya afirmó haber entregado, hasta julio de 2024, unos 259 terrenos en un lote denominado “Villa Blanca Stella Aráuz Pineda”; la Alcaldía de Boaco aseguró haber distribuido unas 500 parcelas en la lotificación “Jorge Gastón Palacios”, según la revisión.
La Alcaldía de Chinandega anunció que había entregado 200 viviendas en la urbanización “Héroes y Mártires del 2 y 3 de junio”, la Alcaldía de León divulgó haber proporcionado 135 casas en la urbanización “Hilton Manzanares” (nombre de un policía asesinado en las protestas de 2018).
Según la Alcaldía de Managua, hasta septiembre de 2024, habían beneficiado a 7844 familias, de estas 5239 con una vivienda y 2605 con un lote.
Las viviendas —según la comuna— fueron distribuidas de la siguiente manera:
- 2150 en Villa Jerusalén.
- 1528 en Caminos del Río.
- 1000 en Flor de Pino.
- 481 en Villa Santiago.
- 80 en Mirador Xolotlán.
Y los lotes han sido entregados en:
- 2209 terrenos en Villa Esperanza.
- 346 lotes en Sabana Grande.
- 50 en Villa Nazareth.
El Gobierno de Ortega afirma haber construido, hasta septiembre de 2024, unas 140 808 casas en sus 17 años consecutivos en el poder. El déficit habitacional de Nicaragua era de 1.3 millones de viviendas hasta 2018, según el último censo de vivienda del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que el 80% de la población nicaragüense no tiene una vivienda adecuada o en óptimas condiciones.
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casas asegura haber construido el Gobierno de Daniel Ortega en 17 años consecutivos en el poder.
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era el déficit habitacional de Nicaragua en 2018, según el último censo de vivienda publicado.
La letra chica cambia el programa
Anielka entró al programa a inicios de 2020 y desde entonces, mensualmente, ha “abonado” 41 dólares en la Alcaldía de Managua, gobernada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2001. Ella ha entregado más de 2323 dólares hasta septiembre de 2024.
El contrato firmado por la comerciante —del cual no quisieron darle una copia— establecía que, si en un máximo de tres años no le habían entregado la casa, ella podía solicitar la devolución del dinero. Anielka decidió no pedir el reembolso, porque en la Alcaldía, a inicios de 2023, le “prometieron” entregarle la vivienda.
La promesa de la alcaldía sandinista cambió una mañana de inicios de noviembre de 2023. Una funcionaria municipal llamó a Anielka para informarle que su caso sería trasladado al Banco de la Producción (Banpro), que le tendría que aprobar un financiamiento para entregarle la vivienda.
“La mujer me explicó que si yo tengo deudas y el banco me niega el crédito, quedo automáticamente fuera del (programa) Bismarck Martínez, y solo me devolverían la mitad del dinero”, cuenta Anielka.
La disposición ha supuesto un “problema” para la capitalina, quien tiene una deuda con una financiera, por lo que teme que el Banpro no le apruebe el crédito. Ella decidió seguir “abonando” los 41 dólares en la Alcaldía, y solicitar el financiamiento bancario hasta que haya cancelado el préstamo con la financiera.
De acuerdo con el Gobierno, las viviendas “Bismarck Martínez” están dirigidas a ciudadanos que ganan menos del salario mínimo promedio —8540.92 córdobas (unos 233.2 dólares al cambio oficial)— y no pueden acceder a un crédito bancario. Sin embargo, la Alcaldía de Managua ha solapado la “venta” de viviendas bajo este programa social.
“El proyecto nació para resolver el problema de la vivienda, pero a medida que pasó el tiempo y miraron que podían hacer dinero, pues lo están haciendo… “Técnicamente, la Alcaldía de Managua ya es un desarrollador o urbanizador. Seleccionan un terreno, construyen las casas y luego las venden financiadas. Ya es un negocio para ellos”, comentó Rigoberto, un corredor de bienes raíces consultado para esta investigación.
El opositor y exconcejal de Managua, Luciano García Mejía, manifestó que el “Bismarck Martínez” pasó de ser un “programa social” a un proyecto “comercial” de la Alcaldía, aunque la comuna insista en destacar que “las casas son baratas”.
“Desde el momento en que estos proyectos se convierten en negocio para alguien, ya no son sociales, son comerciales”, resaltó.
“Estos proyectos, a cómo vi en otros programas, son fachadas que la comuna capitalina usa para sus negocios. Emplean toda la infraestructura propagandística del régimen para mentirle a la población y decirle que están haciendo algo por la gente, cuando es una mera intermediación comercial”, sostuvo García, quien fue concejal del Partido Liberal Independiente (PLI) entre 2008 y 2012.
El préstamo millonario del BCIE
Dos empresarios del sector construcción y un representante del gremio de urbanizadores coincidieron en que las viviendas de interés social no son “atractivas” para la banca privada; pero aquí hay una excepción.
En el caso del programa “Bismarck Martínez”, el Banpro maneja bajo la figura de fideicomiso los fondos de un préstamo de 171.65 millones de dólares hecho por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Nicaragua.
El crédito fue aprobado en abril de 2020 y a julio de 2024 se han desembolsado 85 millones de dólares, informó el BCIE a consultas de CONFIDENCIAL para esta investigación.
El BCIE detalló que de los 85 millones —destinados a “financiar el Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social”— se han entregado en dos tramos denominados “crédito y subsidio” y “extrema pobreza”. Para el primero han desembolsado 40 millones de dólares y para el segundo 45 millones.
“A través del fideicomiso con Banpro se han desembolsado 29.8 millones” de dólares, subrayó el banco regional. El financiamiento para el programa “Bismarck Martínez” está dentro del tramo “crédito y subsidio”.
Los restantes 10.2 millones de dólares han sido utilizados por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) para otorgar “subsidios” aplicables a las primas de las viviendas. Este bono es de entre 2000 y 3500 dólares y solo aplica para casas cuyo valor no supere los 30 000 dólares, según la institución.
“Con crédito y subsidio han sido financiadas 2432 viviendas”, afirmó el BCIE.
El Invur y el Banpro firmaron un contrato, el 12 de agosto de 2021, para crear el fideicomiso. “El Invur paga anualmente a Banpro una comisión por la administración y cobranza de la cartera de préstamos generada, contra los saldos de cartera anual”, detalló el banco regional.
Cuatro funcionarios de cuatro alcaldías —pidieron omitir nombres y lugar de trabajo— aseguraron a CONFIDENCIAL que el fideicomiso del Banpro solo se utiliza para las viviendas en Managua, dado que en los departamentos (provincias) se echa mano de otros fondos del Invur.
“Para conseguir una vivienda del Bismarck Martínez los principales requisitos son: vivir en el municipio, no poseer ninguna otra casa o terreno, la colilla del INSS o constancia salarial y una carta para Ortega o Murillo”, detalló una de las fuentes.
Una vez que se cumplen todos los requisitos, el trámite para aprobar la vivienda puede tardar meses o años. Según uno de los funcionarios, los simpatizantes del FSLN o conocidos de los alcaldes o secretarios políticos son los que más “rápido” obtienen el visto bueno.
El “truco” está en las condiciones del crédito millonario
Para las viviendas del “Bismarck Martínez” en Managua, el Banpro otorga créditos a una tasa de interés del 7.25% anual, según los nuevos requisitos de la comuna capitalina para adquirir las casas de ese programa.
Los bancos comerciales nicaragüenses —incluido el Banpro— ofrecen créditos hipotecarios a una tasa de interés promedio anual del 9.07% en préstamos a corto plazo, y del 11.51% a largo plazo, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), en vigor a junio de 2024.
De acuerdo con el economista nicaragüense Marco Aurelio Peña, exiliado en Costa Rica, el “truco” del fideicomiso está en las condiciones del préstamo del BCIE, que está obligado a ofrecer tasas de interés menores porque “es un banco de desarrollo, sin fines de lucro y constituido con fondos de los países suscriptores”.
El BCIE fue fundado en 1960 por Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Actualmente cuenta con 15 países miembros, entre ellos Corea del Sur, Taiwán, México y España. Es el único banco de desarrollo de la región donde sus principales accionistas son, a la vez, sus principales receptores de préstamos.
El banco regional detalló que el crédito para el fideicomiso “cuenta con un plazo de 25 años, con un período de gracia de cinco años”. Además, que “es pagadero mediante cuotas semestrales”.
“La tasa de interés está integrada por Adjusted Term SOFR seis meses más un margen de 3.5%, el cual es revisable y ajustable trimestralmente, durante la vigencia del préstamo”, precisó el banco.
Peña comentó que el “periodo de gracia” no se trasladó a los nicaragüenses, porque el Banpro “inicia a cobrar” las cuotas al siguiente mes que otorga el crédito.
Dijo que la tasa de interés SOFR —de referencia en los mercados financieros— era de 0.04% en abril de 2020, cuando se aprobó el crédito, por lo que al sumarle el “margen” de 3.5%, da un 3.54% como interés inicial del préstamo del BCIE a Nicaragua.
“La tasa (SORF) se mantuvo así (0.04) y llegó a 0.05 hasta marzo de 2022. Después de ahí comenzó un incremento que no ha parado”, indicó el economista al revisar la web “global-rate”, que contiene “todos los tipos SOFR actuales e históricos”.
Subrayó que entre ambas tasas de interés —la inicial del préstamo del BCIE y la del fideicomiso— existe un 3.71% de diferencia que ha generado “ganancias”, que se desconocen cómo se reparten.
“Las ganancias deberían quedarle solo al Banpro, porque no puede o no debería trasladarlas a la Alcaldía y el Invur, que son entidades de derecho público y sin fines de lucro. No pueden reportar dividendo, porque no son empresas estatales”, explicó.
El economista sostuvo que no se puede dar una “estimación financiera” de las ganancias, porque se desconocen las condiciones del contrato entre el Banpro y el Invur, así como “otra serie de elementos bancarios que intervienen” en el desarrollo del fideicomiso.
CONFIDENCIAL consultó, sin éxito, a la Alcaldía de Managua, el Invur y el Banpro para conocer sobre las condiciones del contrato de fideicomiso, las tasas acordadas y la selección y cantidad de ciudadanos beneficiados. Los correos se enviaron el 21 de agosto de 2024, pero hasta la publicación de esta investigación no hay respuesta.
Anielka espera cancelar su deuda con la financiera en diciembre de 2024 y solicitar el “crédito” con el Banpro en enero de 2025. Si el banco la rechaza perderá la “esperanza” de una vivienda, pero si la aprueba ya tiene “presupuestados” 110 dólares mensuales para una cuota. “Es —se autoconsuela— como tirar una moneda al aire, pero al final saldré de la angustia de saber si tengo casa o no”.
*Este reportaje es parte de la serie Los negocios con las viviendas “Bismarck Martínez”, una investigación de CONFIDENCIAL, realizada con soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Si te interesa republicar esta investigación, escríbenos a info@confidencial.com.ni
