8 de noviembre 2018
AA
Share
El cardenal Leopoldo Brenes minimizó a la comunidad cristiana San Pablo Apóstol, que ha entregado "miles de firmas" al nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, en la que piden remover de su puesto al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en el marco de la crisis sociopolítica que vive este país desde abril pasado.
"Esto es una cuestión muy aislada de un pequeñito grupo", dijo el cardenal nicaragüense, al ser consultado por el portal "Con fervor católico".
Brenes indicó que esa comunidad "es pequeñita" y ni siquiera sabe cuantos miembros tiene.
Aseguró que "la gran comunidad eclesial de base ha dicho que ellos no simpatizan ni aprueban esto", de levantar firmas para pedir al papa Francisco la remoción del obispo Báez.
Las Comunidades Eclesiales de Bases, que son miembros de la Iglesia Católica, han manifestado mediante un comunicado su apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y en particular a Báez y deploran la actitud de esa comunidad cristiana, dirigida por Rafael Valdez, sostuvo el religioso.
El cardenal Brenes aseguró que el obispo Báez está muy tranquilo y orando mucho, y descartó que tenga ambiciones de alcanzar el poder político, como señala esa comunidad.
La comunidad cristiana San Pablo Apóstol anunció hoy un nuevo pliego con 207 576 firmas para respaldar una carta en la que piden al papa Francisco remover de Nicaragua al obispo Báez.
Dicha comunidad, conocida en Nicaragua por confrontar al clero nicaragüense, afirmó que ya cuenta con 491.576 firmas, que apoyan una acción contra Báez, un crítico del presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno enfrenta protestas en las que han muerto cientos de personas.
Esa comunidad señala a Báez, uno de los nicaragüenses más influyentes, de "promover el odio y resentimiento", así como un "golpe de Estado" en el país.
Recientemente, el obispo denunció ser "víctima de una campaña de represión y desprestigio", que incluye la difusión de audios "manipulados" que contienen mensajes contra el Gobierno y Ortega, atribuidos al religioso, y que fueron distribuidos por la misma comunidad.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de 325 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas callejeras contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las manifestaciones.
