25 de febrero 2023
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En sus primeros doce días de destierro en Estados Unidos, el sociólogo y economista Irving Larios hizo diversas compras utilizando como documento de identificación el pasaporte nicaragüense que emitió el régimen de Daniel Ortega para desterrarlo el jueves 9 de febrero, junto a otros 221 presos políticos.
Larios asegura que las autoridades del Departamento de Estado le sellaron el documento, haciendo constar que es beneficiario del programa humanitario Parole, que le impide –por ahora– salir de ese país, mientras goza de una permanencia temporal de dos años.
“Nosotros entramos legal, porque entramos con pasaporte. Yo he hecho compras, me he identificado, abrí una cuenta en un banco con el pasaporte. Yo no he tenido ninguna incertidumbre. Han actuado como nos han dicho”, relató Larios, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales y quien reinició su vida, luego de estar encarcelado desde el lunes 20 de septiembre de 2021.
Sin embargo, la invalidación de pasaportes a 317 personas desnacionalizadas entre el 9 y 15 de febrero es inminente de la dictadura, según el consultor de derechos humanos radicado en México, Uriel Pineda, quien es otro de los afectados con la medida.
Además de los 222 presos políticos declarados “traidores”, el régimen quitó la nacionalidad al obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión y enviado a una celda de máxima seguridad en la cárcel de hombres “La Modelo”, en Tipitapa, Managua.
Las autoridades también cancelaron la nacionalidad con 94 ciudadanos, a quienes declararon prófugos y les confiscaron sus bienes, a pesar que en los mismos documentos sostienen que son acusados.
Cancelación de pasaportes y confiscación de propiedades
“No tengo información de que hayan sido invalidados los documentos. Si no lo han sido, su cancelación es inminente. No recomendaría que viajen con ese pasaporte. Lo primordial es buscar la protección del país de acogida o residencia”, sugirió Pineda, abogado experto en derechos humanos.
El sistema de justicia despojó el 15 de febrero pasado de su nacionalidad y bienes a Pineda, y también a escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli; al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez; a la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, y al director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desirée Elizondo, entre otros.
Belli aceptó la nacionalidad chilena y Ramírez la colombiana, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo y nacionalidad a los “apátridas” de Nicaragua.
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El experto en derechos humanos, Uriel Pineda, explica que la resolución judicial contra los 94 nicaragüenses establece que las órdenes sean notificadas a distintas instituciones para su cumplimiento, como el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio de Gobernación—cuya función es emitir y cancelar los pasaportes—, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para el caso de las propiedades confiscadas, las autoridades judiciales notificaron la sentencia tanto a la Dirección Nacional de Registros y a los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, porque la orden también incluye que se apropien de la participación accionaria de los perseguidos por Ortega.
Pineda agregó que, si el régimen siguiera alguna lógica jurídica, el riesgo de la invalidación de los pasaportes sería mayor para el grupo de los 94 desnacionalizados, tomando en cuenta que el expediente judicial de los 222 reos de conciencia quedó cerrado con su destierro.
“Pero este Gobierno no se ha caracterizado por respetar formas jurídicas”, alertó Pineda, quien sostiene que, si el Estado de Nicaragua cancela los pasaportes de los 317 desnacionalizados, los nicaragüenses se convierten inmediatamente en apátridas en el caso de aquellos que carecen de otra nacionalidad.
Gonzalo Carrión: “Voluntad es desarraigarte”
Otro de los afectados con la pérdida de la nacionalidad es el jurista Gonzalo Carrión. El abogado coordina el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, un organismo fundado en el exilio.
Según Carrión, la resolución judicial contra los 317 desnacionalizados no tiene fundamento jurídico y tampoco hay un antecedente en la historia nicaragüense.
Carrión sostiene que el régimen no tiene ninguna facultad legal para quitar la nacionalidad, tomando en cuenta que el artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua lo prohíbe.
“Cuando lee el magistrado: téngase como traidor de la patria, ofíciese al CSE. Es para borrarte, te borran al país y que su intención es como que no existís, obviamente el pasaporte está en la incertidumbre. Yo tengo pasaporte, pero está en incertidumbre, porque la voluntad es desarraigarte”, reiteró Carrión.
Para este experto en derechos humanos, la comunidad internacional debe sumarse a Chile, España, México y Argentina que ofrecieron la nacionalidad a todos los perseguidos por Ortega. “Hay un retroceso a épocas antiguas”, sostiene con firmeza el abogado lamentando la situación de involución democrática de Nicaragua.
El vicecanciller costarricense Christian Guillermet-Fernández, un país receptor de miles de refugiados de Nicaragua, añadió hace unos días en un pronunciamiento que el derecho internacional prohíbe privar arbitrariamente de la nacionalidad a los ciudadanos por motivos raciales, étnicos, religiosos y políticos.
A sus bases políticas, la dictadura les dijo que sancionan a “traidores” del país. En una entrevista ofrecida a los medios oficialistas, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, justificó la reforma constitucional aprobada por la Asamblea para quitar la nacionalidad como “la búsqueda de la paz” en una “patria sandinista”.
“El Estado nicaragüense toma sus decisiones lo que corresponde a la parte ejecutiva, lo que corresponde judicial, lo que corresponde al parlamento, todo el Estado nicaragüense en función de garantizar que ese momento que identificó el comandante (Daniel Ortega) que ahorita se diera la orden y resultara exitosa”, dijo Porras sobre el destierro de los presos políticos.
De esa manera, el principal operador político de la familia presidencial aceptó que para que Irving Larios, y los otros excarcelados políticos salieran de Nicaragua, además de entregarlos a Estados Unidos, hizo falta la subordinación de los poderes del Estado a la voluntad del tirano.
ACNUR: Se contraviene derecho internacional
La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mostró su preocupación en un comunicado, publicado el 17 de febrero de 2023, por la privación de la nacionalidad en el caso nicaragüense y mencionó que este país es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y también de la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961.
“En Nicaragua, las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos. El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, sostuvo ACNUR.
Apátridas son aquellas personas que no son reconocidas por ningún país como ciudadano, conforme a su legislación. La ONU mantiene una campaña, con sus agencias, para acabar con la apatridia para 2024.
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La organización lamenta que actualmente son millones de personas a las que se les niega su nacionalidad y señala a los Estados de poder privar de la misma “mediante cambios en la ley que dejan apátridas a poblaciones enteras, utilizando criterios discriminatorios como la etnia y la raza”.
Para Pineda, en el caso de Nicaragua están claras las motivaciones políticas en contra de los afectados. “¿Qué busca el régimen? Inmovilizar el activismo de los derechos humanos fuera de Nicaragua. Mientras nosotros estamos haciendo gestiones para ver nuestra situación legal y demás, nos distraemos de esta labor de denunciar las violaciones de derechos humanos”, opinó.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una de las crisis humanitarias más graves de la región, después que Ortega ordenara la represión contra manifestantes pacíficos que pedían su dimisión tras una reforma inconsulta a la Seguridad Social. En septiembre de 2018, las autoridades policiales prohibieron las protestas, imponiendo un régimen de excepción que se caracteriza por la vigilancia política a opositores, así como la conculcación de la libertad de expresión, manifestación y asociación.
