24 de noviembre 2020
AA
Share
Una investigación de la agencia de noticias Reuters demostró que el oficialista Canal 8, que pertenece a Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega, hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo adeuda a la Dirección General de Ingresos (DGI) unos cuatro millones de dólares en impuestos mientras el Canal 4, administrado por Daniel Edmundo Ortega, tiene otra deuda de 380 000 dólares.
Según aclara la investigación, documentos tributarios que no habían sido revelados antes del 2020, demuestran que Leets es la actual propietaria de Canal 8, medio que desde el 2010 ha sido administrado por otro de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo; Juan Carlos Ortega Murillo.
"No está claro si estuvo implicada en la compra de 2010, pero los documentos la identifican ahora como la propietaria mayoritaria. Leets no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters", alega la agencia en el trabajo periodístico.
Según la investigación realizada por los periodistas Drazen Jorgic e Ismael López, basada en documentos de la DGI, la deuda del Canal 8 sería desde el año 2010, cuando se concretó la compra de la televisora a Carlos Briceño Lovo, supuestamente con fondos de la cooperación venezolana y cuyo costo rondó los 10 millones de dólares.
El imperio mediático de los Ortega-Murillo
La investigación llamada "Cómo Ortega levantó un imperio mediático que enriquece a su familia y afianza su poder en Nicaragua", también relata cómo el régimen de Ortega ha utilizado a la DGI y otras instituciones como la Policía Nacional para cerrar espacios de los medios de comunicación o presionarlos para que cesen operaciones en un intento de controlar todas las televisoras emulando lo que hizo el fallecido Hugo Chávez en Venezuela.
Un caso que se ejemplifica es el del confiscado 100% Noticias que desde diciembre del 2018 permanece allanado por la Policía, pero en septiembre de 2020 la DGI le cobró ocho millones de córdobas en concepto de impuestos.
Otro caso que relata la agencia de noticias, es de La Prensa, que durante las protestas de 2018, el papel y tinta fue retenido ilegalmente por la Dirección General de Aduanas, como un método de presión para obligar al periódico a no informar sobre la represión policial en contra de manifestantes pacíficos y provocar su cierre.
Reciben más publicidad
Reuters además relata que, a pesar de tener esas deudas en impuestos, los canales de los Ortega-Murillo recibieron en 2019 al menos 29 millones de dólares en publicidad y solo el Canal 8, en la última década, se quedó con al menos seis millones de dólares de ese monto, pero el año pasado, la cifra fue de 16 millones de dólares solo para el canal de Juan Carlos Ortega Murillo.
"En comparación, Canal 10, la estación más popular de Nicaragua y un canal no controlado por los Ortega, recibió en 2019 menos de 9,000 dólares en publicidad estatal, según las cifras. Los ejecutivos de Canal 10 no respondieron a las solicitudes de comentarios", se lee en la investigación.
Segundo fallo en contra de Canal 12
Y mientras los hijos de Ortega deben esas sumas a la Dirección General de Ingresos, esta instancia controlada por el gobernante Frente Sandinista está cobrando una deuda millonaria de 28 millones de córdobas en concepto de reparo fiscal a Canal 12, pues supuestamente, el medio de comunicación no ha honrado su deuda con las autoridades.
Este martes 24 de noviembre, el abogado de Canal 12 Tony López, aseguró que se presentaron todas las pruebas para demostrar que "el Canal 12 ha pagado todos sus impuestos en las fechas 2014 y 2015 que son por las que se inició este proceso que llevó al embargo de vehículos del medio de comunicación y de su dueño Mariano Valle, así como propiedades".
una sentencia injusta porque hace caso omiso de las pruebas que se presentaron en las que se demostró lo ilegal y fraudulento del reparo de la DGI. Entonces, lo que la jueza está decidiendo es seguir adelante con la segunda ejecución hasta por la suma de 6.8 millones de córdobas y eventualmente este segundo juicio va a ser acumulado al primer juicio donde hay un embargo por 21 millones de córdobas", explicó López en un video del Canal 12.
El abogado además se quejó porque, según explicó, la DGI embargó "en exceso", bienes por hasta 50 millones de córdobas, y ahora teme que próximamente "la familia Valle sea despojada de sus bienes", porque muchos de estos serían subastados, lo que oficializaría una "confiscación", en contra del medio de comunicación.
