Calculan en USD 250 millones “la punta del iceberg” de nuevas confiscaciones

Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), calcula que las ilegales confiscaciones de bienes efectuadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, tienen un costo de -al menos- USD 250 millones los que tendrán que pagar los ciudadanos, al constituirse en deuda pública.

El proceso, que los investigadores Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero denominan “la Nueva Piñata Ortega-Murillo” (en referencia a la apropiación de bienes efectuada por personeros del régimen entre febrero y abril de 1990, durante el período de transición presidencial, luego de las elecciones de ese año), se intensificó a partir del destierro de los 222 presos políticos, y la desnacionalización de 94 ciudadanos que le seguiría poco después.

Si el costo de aquel proceso de apropiación indebida se calcula en “USD 2000 millones… por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998”, los autores del texto admiten que el cálculo de USD 250 millones para esta Nueva Piñata es muy preliminar, dada la falta de información disponible, tanto por la opacidad del régimen, como del temor de los afectados.

El Observatorio “pretende alertar sobre la deuda pública que se está generando como resultado de la apropiación ilegal de dichos activos por parte del Gobierno nicaragüense. Este primer ejercicio de cuantificación arroja una suma de más de 250 millones de dólares... al ser un número inicial, calculado a partir de la escasa información disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los días, y que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro. Estos más de 250 millones de dólares, son la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”.

Para lograr esa cuantificación, Miranda y Quintero dividieron a los afectados en siete categorías: los ciudadanos desnacionalizados; las organizaciones no gubernamentales; los empresarios y cámaras empresariales; las universidades, la Iglesia católica, los medios de comunicación, y las embajadas y oficinas diplomáticas.

Los ciudadanos desnacionalizados

El 9 de febrero del año pasado, 222 ciudadanos, hasta entonces presos políticos, fueron embarcados en un avión con rumbo a Estados Unidos. Al llegar, recibieron la sorpresa de que les habían quitado su nacionalidad, y confiscado sus bienes. También anularon las pensiones de los mayores de edad y les congelaron sus cuentas bancarias. Seis días después, el régimen declaró en apatridia a otros 95 opositores, y también los confiscó.

Una pequeña muestra (37 de ellos, o sea el 11.7%) de los 317 afectados, dijo haber perdido un total conjunto de 78 propiedades, entre viviendas personales, inmuebles vacacionales, terrenos, fincas y módulos comerciales, valoradas en USD 17.2 millones. La mayoría de ellas (75%) estaban ubicadas en Managua, además de Masaya, Carazo, León, y Granada.

Si bien, menos del 9% de los inmuebles reportados ya pasaron a propiedad del Estado (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS; el Instituto Tecnológico Nacional, INATEC; y el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Procompetencia), también se reporta la presencia de agentes policiales y civiles dentro de los inmuebles ejerciendo una ocupación de facto, aunque otra propiedades permanecen cerradas con candado.

Uno de los casos que destaca la investigación, es el Hotel Casablanca, ubicado en San Juan del Sur, propiedad de Rafaela Cerda (93), madre del exmagistrado Rafael Solís. El inmueble fue invadido por la Policía el 29 de enero de 2024, “y saquearon lo que encontraron adentro”, pese a que Solís “no era socio, ni tenía ninguna acción en el Hotel Casablanca”. Un terreno aledaño, donde funciona la empresa de alquiler de autos Alamo, también fue confiscado.

Otro caso es la confiscación del condominio denominado Farallón de Sotavento, construido en San Juan del Sur en 2007 por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos, valorada en 2.2 millones de dólares, en el cuál varios de los propietarios actuales que fueron confiscados nunca fueron desnacionalizados. 

Casi 3500 organizaciones no gubernamentales

Los datos consultados por el OPTA indican que, “hasta abril de 2024, el Gobierno ha clausurado 3494 ONG en Nicaragua”, de las que 23% trabajaban temas educativos, 13.5% gobernabilidad, 13% salud, 11.2% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros. Aunque no todas fueron confiscadas, los investigadores confirmaron que a 30 oenegés les arrebataron 41 propiedades, (edificios de oficinas, sedes departamentales, fincas de investigación y emprendimientos), por un valor aproximado de USD 8.4 millones.

“Al margen de las confiscaciones de inmuebles, el cierre de ONG fue un duro golpe económico para los nicaragüenses. De acuerdo a un análisis de libros contables de 600 ONG confiscadas realizado por el investigador Manuel Orozco, el país dejó de percibir en materia de donaciones USD 580.5 millones de dólares, y al menos 22 478 personas quedaron desempleadas”, refiere el reporte.

El sector privado

“Los empresarios, otrora aliados del régimen Ortega-Murillo, también han sufrido los embates de las confiscaciones. Las afectaciones van desde bienes inmuebles a título personal, empresas y cámaras empresariales. En marzo de 2023, el régimen sandinista decapitó al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y confiscó la casa sede de la patronal, ubicada en el residencial Las Colinas, en Managua”, explica el documento.

Lo siguiente fue una cacería indiscriminada en contra de sus antiguos aliados y sus cámaras empresariales de tal forma que, “hasta abril de 2024, han sido cerradas 35 cámaras y asociaciones empresariales. El OPTA conversó con varias fuentes del sector privado para la realización de esta investigación y todas coincidieron que aún trabajan… para determinar y cuantificar el alcance de sus bienes confiscados”.

Los empresarios han denunciado la existencia de un sistema de extorsiones por parte del Gobierno, lo que incluye un expolio dirigido por una red de gestores tributarios en la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y las alcaldías, o la apropiación de acciones de las empresas, como le ocurrió a la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), que perdió un frigorífico de su propiedad, que operaba en el aeropuerto internacional ‘Augusto C. Sandino’, en Managua.

Las universidades

El 13 de diciembre de 2021 el régimen Ortega-Murillo inició una cacería contra diversas universidades a nivel nacional, cancelando las personerías jurídicas y confiscando los bienes de una treintena de ellas, comenzando por la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), que era propiedad del empresario sandinista Leonardo Torres. Su cierre afectó a unos 4000 estudiantes.

Le seguirían en los siguientes centros de prestigio como la Universidad Centroamericana (UCA), y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), propietarias de un patrimonio de más de 50 y 30 millones de dólares, respectivamente. 

La respuesta del régimen fue crear nuevas universidades a partir de las que estaba cerrando, aunque en muchos casos, el alumnado le dio la espalda a esas ofertas educativas, por considerar que serían más centros de adoctrinamiento, que altas casas de estudios superiores como ocurrió, por ejemplo, al querer sustituir a la Universidad Centroamericana, por la “Casimiro Sotelo”.

La Iglesia católica

Según el Informe sobre la Nueva Piñata, “el régimen Ortega-Murillo ha confiscado 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas de la Iglesia católica”, lo que incluye propiedades tan disímiles como el convento de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, (León); una casa pastoral en San Pedro del Norte, (Chinandega), o la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

También fue confiscada la residencia Villa Carmen, donde vivían los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la UCA; el hogar de ancianos de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, (Granada); un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac (Yalí, Jinotega), y el monasterio de las monjas trapenses (San Pedro de Lóvago, Chontales); o la Radio María.

“No tengo idea si hay una estimación, pero la cantidad debe ser enorme, pues no solo han congelado las cuentas de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, sino que se han apoderado de propiedades e instituciones de la Iglesia y de cuentas bancarias de algunos sacerdotes”, dijo al OPTA una fuente ligada a la alta jerarquía católica.

Medios de comunicación

La confiscación de medios de comunicación comenzó en diciembre de 2018, con el Diario Digital Confidencial, (en donde se instaló una supuesta casa materna del Ministerio de Salud), y el canal 100% Noticias. En mayo de 2021, una segunda redacción de Confidencial fue asaltada por la Policía y robados todos sus equipos, a lo que le seguiría la confiscación de las instalaciones del Diario La Prensa valoradas en más de 20  millones de dólares, el 13 de agosto de 2021. En agosto de 2022, el régimen canceló la licencia a Radio Darío en León. La Radio Vos, de perfil feminista y comunitario, fue confiscada el 6 de septiembre de 2022.

Embajadas y oficinas diplomáticas

Si el mundillo diplomático se escandalizó por la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de invadir la embajada mexicana en Quito, cabe recordar que Daniel Ortega lo había hecho mucho antes, cuando invadió y confiscó la embajada de Taiwán, y las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), ambas en Managua.

En el caso de Taiwán, la dictadura decidió que todos los bienes que pertenecían a la representación diplomática de esa isla pasarían “con absoluta e irrestricta propiedad de dominio” a China, después del restablecimiento de las relaciones con la nación asiática. Taiwán protestó por esa decisión arbitraria, pero la dictadura no rectificó su proceder.

En el caso de la organización continental, el régimen Ortega-Murillo anunció su expulsión en abril de 2022 y cerró sus oficinas en Managua, acusándola de ser un “instrumento diabólico” y de “intervención y dominación” de Estados Unidos.

Lista de algunas de las propiedades confiscadas, y su valor aproximado^*

• Grupo Coen. 100 000 000
• Universidad Centroamericana (UCA). 50 000 000
• Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). 30 000 000
• Plantel industrial del Diario La Prensa. 20 000 000
• 100% Noticias (equipos de televisión, vehículos e inmueble) 5 900 000
• Instalaciones de Tomza, en Tipitapa. 4 000 000
• Farallón de Sotavento. 2 200 000
• Fundación del Río (22 propiedades en Río San Juan). 1 500 000
• Sedes Cenidh en Estelí, Chontales y Matagalpa. 1 200 000
• Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). 1 000 100
• Radio Darío (León; equipos quemados y propiedad confiscada). 973 648
• 16 apartamentos del Condominio Amazonia. 960 000
• Parque de ferias Expica. 928 647
• Centro Humboldt (propiedades en Managua, Río San Juan y Jinotega). 900 000
• Fundación Popol Na (dos propiedades en Managua). 570 000
• Universidad Paulo Freire (UPF). 565 000
• Sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Managua 500 000
• Radio La Guarachera. 395 000
• Asociación de Mujeres contra la Violencia Oyanka (dos propiedades en Jalapa). 360 000
• CISAS (dos inmuebles). 350 000
• Plantas transmisoras de Radio Darío y Radio Sky. 225 000
• Programa Feminista “La Corriente”, una propiedad en Managua. 200 000
• Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). 50 000
• Radio Vos, pérdida en equipos. 39 411

^*Informe OPTA 2024. Los valores están expresados en dólares estadounidenses.