18 de septiembre 2020
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Los “crímenes de odio” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende “castigar” con cadena perpetua no son los femicidios o las violaciones a mujeres. De hecho, esos son términos que ninguno de los dos utilizó en sus últimos discursos. Es “como si fueran palabras malditas”, valoró la socióloga y feminista María Teresa Blandón, quien advirtió que, en 13 años de administración, Ortega y Murillo han ido en detrimento de los derechos de las mujeres.
Ambos gobernantes recurren a términos ambiguos para referirse a la violencia machista. “Como si quisieran desaparecerla” con solo guardar silencio, pero en Nicaragua la violencia de género se ha convertido en “un problema endémico que ellos (Ortega y Murillo) se han negado atender”, estimó Blandón.
Sin embargo, el régimen de Ortega anunció la instauración de la pena a cadena perpetua para los “crímenes de odio” en el contexto del asesinato y violación de dos hermanas de 10 y 12 años, en la comarca Lizawe del municipio de Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, generando confusión por el término utilizado. 24 horas después, el mandatario aclaró que la medida es para castigar a la oposición azul y blanco.
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Para Blandón, la utilización del contexto del asesinato de las niñas para anunciar una medida “tan brutal”, no es más que “una grosera manipulación de un acto de violencia que ha conmocionado a una buena parte de la sociedad nicaragüense” y dejó en evidencia que la disposición de instaurar la pena de cadena perpetua en el país “no tiene nada que ver con el femicidio de estas dos niñas”, subrayó.
Actúan hasta que están muertas
“Si el Gobierno realmente quisiera hacer algo por las mujeres, podría hacer campañas para prevenir la violencia”, sentenció Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir. Un organismo, que en lo que va de este año, contabiliza 55 femicidios, diez de esas víctimas eran menores de edad. También reportan 70 femicidios frustrados.
En el caso de las niñas de Mulukukú, la madre de las víctimas, Carmen Rodríguez, dijo al Canal 10 de televisión que una de las menores había sido violada anteriormente y cuando fue a poner la denuncia fue ignorada por los funcionarios de la Policía.
Asimismo, Flores relató que familiares de las víctimas de violencia refieren que han puesto la denuncia ante la Policía, pero la institución “actúa hasta que ya las encuentran muertas o han sido violadas”. Los funcionarios han normalizado la violencia, “hay un dictamen forense que dice que una niña de 15 años tenía unión de hecho”, recordó.
A juicio de Blandón el Estado ha propiciado que la mayoría de los crímenes contra mujeres permanezcan en la impunidad. Primero con el desmantelamiento de las Comisarías de la Mujer y luego al obligar a las víctimas a mediar con sus agresores. “En algunos casos esta mediación ha terminado en femicidio”, dijo Blandón.
Por otro lado, “las mujeres no quieren ir a la Policía porque las maltratan, las ridiculizan, las revictimizan, las dejan horas esperando para ser atendidas y ponen en duda sus relatos”, enfatizó Blandón. Esta situación lo que indica “es una acción arbitraria, tardía e inadecuada por parte de la Policía”, continuó.
“No creemos en una estrategia brutal”
Al vocero de la Coordinadora de la Niñez (Codeni), Jorge Mendoza, la orden del Gobierno de instaurar la pena de cadena perpetua en el país le resulta “inviable”, “inocua”, y “un alarde de exhibición” de parte del Gobierno, porque “en todos los países donde se han incrementado las penas para reducir los índices de violencia no ha funcionado”, dijo.
Para reducir la violencia machista y los femicidios en Nicaragua se necesita “una política pública coherente, transparente contra el crimen, que además de sanción contenga un componente de prevención”, analizó Mendoza.
Estudiantes de la UCA nos recuerdan en este día a las niñas asesinadas en Nicaragua. pic.twitter.com/vD38Wn5klV
— Ivette Munguía (@Ivymunguia) September 18, 2020
Instituciones como el Ministerio de Educación (Mined) deberían “educar en prevención de la violencia y establecer una cultura de Derechos Humanos” y la Policía “en lugar de andar persiguiendo las banderas azul y blanco debería estar en las comunidades haciendo acciones de prevención contra la violencia”, dijo Mendoza.
Blandón, por su parte, advirtió que ni las feministas ni las defensoras de derechos humanos “nunca hemos planteado como demanda la pena de muerte o cárcel de por vida”, porque eso es contrario a los Derechos Humanos y los Convenio Internacionales que el país ha suscrito.
“Los agresores de mujeres, los abusadores sexuales, los violadores y femicidas, tienen que pagar por sus crímenes, pero no dejan de ser personas con derechos”, explicó Blandón. Además, “no creemos que una estrategia tan brutal sea solución a un problema complejo, a un problema multicausal que requiere de estrategias más integrales, que el Estado se ha negado a desarrollar”, continuó.
La violencia continúa en ascenso
Mientras Ortega y Murillo amenazan a la oposición con penas de cadena perpetua, su régimen ha excarcelado –en los últimos dos años– a más de 20 000 delincuentes que tenían sentencia firme. Esta situación ha causado la percepción de un aumento de la delincuencia en el país, aunque la Policía sostiene que mantiene los niveles de seguridad en los mínimos de Centroamérica.
Entre los delincuentes que han sido liberados se encontraban 514 femicidas y violadores, según el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. La estadística –inclusive– puede ser mayor porque “los han sacado en grupos pequeños y es hasta después que las familias (de las víctimas) nos reportan”, dijo Flores.
Por su parte, el vocero de Codeni percibe un aumento de la violencia de género y “una intencionalidad expresa del Gobierno de negar que existen femicidios”. Recordó que cuando se conocen muertes de mujeres, las autoridades “lo primero que hacen es calzar el femicidio en otro tipo penal”, explicó. Es por esta razón que la cadena perpetua “tiene la intencionalidad de manipular el concepto de crímenes de odio para incluir otras situaciones”.
