1 de marzo 2023
AA
Share
Al anochecer del 29 de enero de 2002, la pacífica aldea mayangna de Alal, ubicada en la selva tropical del norte de Nicaragua, fue atacada por decenas de hombres fuertemente armados. Seis comunarios murieron a causa de los disparos, muchos más fueron heridos y varios hogares fueron quemados. La mayoría de los 800 habitantes huyó a la selva, mientras los invasores robaban el ganado. Este episodio a gran escala es solo uno más de una serie de ataques armados contra los pueblos indígenas de Nicaragua: los grupos Miskito y Mayangna. Se trata de comunidades que habitaron por cientos de años las vastas selvas de la costa este del país, aquella que mira hacia el Atlántico y el Caribe.
En el pasado, estas eran regiones remotas, aparentemente sin valor comercial para el mundo exterior y habitadas por pueblos indígenas que vivían de manera simple y en armonía con la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad, el área se ha vuelto cada vez más atractiva para personas externas al territorio que buscan tierras de una selva valiosa en oro y otros minerales. Según el informe Nicaragua: una revolución fallida del Oakland Institute, 40 miembros de la comunidad indígena fueron asesinados entre 2015 y 2020, muchos fueron heridos, otros secuestrados y golpeados, y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Varios líderes de las organizaciones indígenas también han sido asesinados.
Una amenaza para la selva tropical más extensa de Centroamérica
Durante los últimos tres años, el Gobierno nicaragüense ha aprobado legislaciones que restringen aún más el espacio democrático y cívico del país. En este sentido, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se han convertido en un blanco especial al haber decidido romper el silencio en vista de este contexto de intimidación. En 2021, el Gobierno cerró el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), una institución que estaba documentando la usurpación llevada a cabo por las industrias extractivas, la violencia promovida por los colonos ilegales y la expansión de los productores ganaderos hacia los territorios indígenas.
Además, varios de los principales activistas ambientales de Nicaragua, que han apoyado activamente el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, se vieron forzados a exiliarse. Al mismo tiempo que el espacio democrático se ha ido restringiendo, el Gobierno de Nicaragua (en la actualidad, un régimen represivo encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente, Rosario Murillo) no ha hecho nada para frenar la violencia en la Reserva de la Biosfera Bosawás. En su lugar, ha acusado a los activistas de dañar a la patria y ha emitido órdenes de arresto contra ellos.
Bosawás tiene una flora y una fauna muy rica: hoy es la selva tropical más extensa de América Central y la tercera más grande del mundo. Desde 1997, la zona se encuentra incluida en la lista de biosferas protegidas por la Unesco. Asimismo, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas ha sido aprobado por el Estado de Nicaragua en 2005. Tanto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido fuertes críticas oficiales al Gobierno nicaragüense, pidieron que se hiciera justicia y exigieron que se les diera una protección activa a los pueblos indígenas contra los invasores. Sin embargo, nada se ha logrado hasta el momento.
Hasta lo que va de 2023, once comunidades indígenas miskito y una mayangna de la Costa Caribe Norte han obtenido medidas cautelares por parte de la CIDH con el fin de ser protegidas de futuras invasiones. De este modo, se suman a las tres comunidades que ya habían recibido estas medidas cautelares entre 2015 y 2019. No obstante, las autoridades nacionales no han hecho nada para hacerlas cumplir, lo cual deja a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir invasiones.
El proyecto Bioclima ante la inacción estatal
Entre los años 2000 y 2015, en el marco de la Ley 445 de Demarcación Territorial, Nicaragua logró un avance significativo en el proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas y de comunidades afrodescendientes en las regiones autónomas. Al 2023, se han titulado 24 territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes en un área de 40 000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale a un 31% del área terrestre del país. Sin embargo, la Ley 445 incluye cinco etapas dentro del proceso de demarcación y titulación: la solicitud; la resolución de conflictos; la medición y demarcación; la titulación; y, finalmente, la etapa de “clarificación sobre los derechos de la tierra” o saneamiento. Hasta la fecha, el proceso solo ha avanzado hasta la cuarta fase, lo cual ha generado un vacío institucional. Según la ley, el saneamiento consiste en determinar el estatus legal de las posesiones de los terceros que ocupan los territorios con título indígena.
Desafortunadamente, la falta de concreción de la etapa del saneamiento ha tenido un efecto estimulante para las nuevas ocupaciones ilegales, la consolidación de las posesiones de facto, y el aumento de los conflictos entre los indígenas y los colonos aldeanos no indígenas. Adicionalmente, los procesos internos de autorregulación para la elección de autoridades territoriales indígenas y de comunidades afrodescendientes (que también están garantizados por la Ley 445) fueron a menudo intervenidos por operadores políticos del régimen nicaragüense. Este accionar se da en un marco de intensa centralización gubernamental, lo cual ha debilitado el derecho a la autodeterminación y a la autonomía indígena.
En este contexto, que ya es difícil y violento de por sí, se asoma una nueva amenaza para los pueblos indígenas de Nicaragua y para la selva tropical de Bosawás. El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (FVC) se encuentra planeando un gran proyecto que se enfoca en Bosawás y lleva el nombre de BioClima. Su propósito es frenar la deforestación e incrementar la absorción de dióxido de carbono en el área. El presupuesto total para un período de siete años es superior a los 116 millones de dólares (de los cuales la mitad son donaciones) y, la mayor parte debe utilizarse para inversiones que promuevan la “producción sustentable” y la administración de la selva dentro de Bosawás.
Aunque el FVC hizo el mayor aporte, el financiamiento también proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este último tiene la tarea de canalizar los recursos hacia el Gobierno nicaragüense. Durante los últimos años, el BCIE ha sido un gran proveedor de fondos para Nicaragua a pesar de haber recibido grandes críticas por su falta de mecanismos de rendición de cuentas y por su firme apoyo a los gobernantes represivos del país. Asimismo, las contribuciones del BCIE al régimen de Daniel Ortega alcanzaron alrededor del 26% de su cartera crediticia, lo cual implica un total de 3500 millones de dólares. El rol de este banco es aún más problemático si se tiene en cuenta que el Gobierno nicaragüense fue acusado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el contexto de crisis política vivido en abril de 2018.
Un proyecto que vulneraría los derechos indígenas
El propósito general puede ser loable, pero el proyecto BioClima no es realista y crea un riesgo que puede causar grandes daños. “Sería como echar gasolina en un incendio que ya es difícil de controlar”, dijo hace poco uno de los representantes de los pueblos indígenas. Si el proyecto se vuelve realidad, es muy probable que la violencia contra los pueblos indígenas de Bosawás aumente en gran medida, al igual que la deforestación y otros tipos de destrucción de la tierra. Y podría ser aún peor porque las actividades productivas a las que pretenden otorgar una generosas financiación no coinciden con las prácticas consuetudinarias de cultivo de tierras y de administración de recursos aplicados por las comunidades indígenas del área.
Por lo tanto, el proyecto atraería a personas del exterior, quienes estarían más motivados a desplazar a las comunidades indígenas y a usurpar por la fuerza las tierras comunales. De hecho, el proyecto busca promover la noción de “cohabitación” entre los pueblos indígenas y los colonos ilegales y, por consiguiente, legitimar y normalizar la desposesión de tierras indígenas. La “cohabitación” ha sido rechazada consistentemente por las autoridades y organizaciones indígenas de la costa debido a la prioridad que otorga a los derechos de personas no indígenas por sobre las comunidades indígenas locales. Asimismo, el Gobierno de Nicaragua, un régimen que busca con urgencia el acceso a recursos financieros extranjeros, apoya fuertemente la explotación forestal y minera a gran escala a lo largo de todo el país y, por supuesto, también en Bosawás.
De todos modos, aún existe una manera de prevenir esto. El proyecto BioClima fue aprobado por el Fondo Verde para el Clima en noviembre de 2020 y se programó para comenzar en diciembre del año siguiente. Sin embargo, medio año después, en junio de 2021, el FVC recibió un reclamo oficial en contra del proyecto por parte de representantes de la población de Bosawás. Además de los puntos críticos ya mencionados en este artículo, los reclamos señalaban que ni ellos ni sus representantes legítimos habían sido consultados durante la redacción del proyecto. Por lo tanto, la regla del FVC que consiste en emplear un “procedimiento para el consentimiento libre, previo e informado” no había sido aplicada.
Este reclamo fue tomado muy seriamente por el Fondo. En marzo de 2022, su órgano interno de control, el Mecanismo Interno de Reparación (MIR), publicó una opinión inicial manifestando que la información preliminar indicaba que las preocupaciones presentadas podían llegar a estar justificadas: “A primera vista, había indicios de impactos adversos causados o que podrían ser causados a los reclamantes en caso de que el proyecto no cumpliera con las políticas y procedimientos operacionales del FVC”. El MIR recomendó que se llevara a cabo una investigación completa que incluyera visitas de campo. El proyecto quedaría en pausa a la espera de este informe, lo cual es inusual pero positivo. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva y la investigación completa (que ya ha finalizado) todavía no ha sido publicada.
Una oportunidad para tomar distancia del proyecto
En este contexto, vale la pena mencionar que el Banco Mundial ha cancelado recientemente un proyecto similar de secuestro de carbono en tierras indígenas de Nicaragua. Este proyecto, que había sido originalmente aprobado a mediados de 2019, se consideró inadecuado debido al contexto de violencia, desplazamientos forzados y desastres naturales en territorios indígenas en Nicaragua. Finalmente, fue abandonado en febrero de 2021. A pesar de ello, el Banco Mundial sigue figurando como donante de 24 millones de dólares a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FPCF) dentro del plan de financiación de BioClima. Ahora queda por ver si el Banco también considerará inadecuado este proyecto que no ha sido consultado con los pueblos indígenas.
El problema del proyecto BioClima será resuelto en la reunión de directorio del Fondo Verde para el Clima entre el 13 y el 16 de marzo en Corea del Sur. Los países que más contribuyen al FVC, como el Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, Suecia, Noruega y Canadá, se encuentran representados en el directorio y pueden (y deben) cumplir un rol importante. Todos estos países han firmado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y sería deseable que se pusieran de acuerdo con otros Estados miembros para distanciarse de este proyecto.
De aplicarse, el proyecto Bioclima podría causar un incremento de la violencia y la violación de los derechos humanos, llevar a un aumento de la destrucción climática y dañar seriamente la credibilidad del Fondo Verde para el Clima.
*Artículo publicado originalmente en Debatesindigenas.org
