18 de enero 2021
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Tras meses de hermetismo, el régimen de Daniel Ortega se comprometió a publicar información sobre el manejo de la covid-19, como parte de las condiciones contractuales que aceptó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio del financiamiento para responder a la emergencia sanitaria.
Los acuerdos incluyen la creación de un “protocolo de información al público general”, en el cual se publicarán los detalles sobre las pruebas covid-19 procesadas y sus resultados. Datos que el régimen ha ocultado durante los diez meses de pandemia. Asimismo, Ortega se comprometió a revelar los contratos de las adquisiciones que se han hecho en este contexto.
Para comprobar el cumplimiento de estos acuerdos, ambos organismos multilaterales establecieron, cada uno por aparte, que contratarán a una firma “verificadora” de las actividades y de la ejecución transparente de los gastos.
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“Actualmente, la OPS está apoyando al Ministerio de Salud en la actualización y definición de los protocolos para la prevención, contención, y manejo de la covid-19, entre ellos, el protocolo de información al público”, respondió el BID consultado por CONFIDENCIAL. “El canal para informar las cifras sobre el avance de la pandemia se definirá en dicho protocolo”, agregó el organismo.
Para la verificación, monitoreo y seguimiento del acuerdo se seleccionó a la firma Project Concern International (PCI). Esta se encargará de entregar al BID los informes de las verificaciones. Según el proyecto, en caso de que “identifiquen incumplimientos o retrasos en los cronogramas de ejecución (...) el Banco puede suspender los desembolsos hasta que la situación haya sido superada”.
¿Cuándo y dónde publicarán los datos?
La propuesta del BID establece que el Ministerio de Salud (Minsa) deberá revelar información sobre las muestras procesadas, la cantidad de estas que dieron negativas y positivas; la edad, sexo y procedencia de los casos confirmados; el acumulado de los contagios y fallecidos, y la tasa de letalidad.
Sin embargo, aunque el proyecto del BID se aprobó en julio de 2020, apenas está en su fase inicial y aún no se define el canal para publicar la información.
En todos estos meses, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el gremio médico nicaragüense han insistido, sin éxito, en la necesidad y obligación de transparentar estos datos, para medir la verdadera magnitud de la pandemia e identificar los brotes comunitarios.
“Detectar el virus es una ventaja de los sistemas de salud fuertes, saber dónde se está transmitiendo, con qué velocidad. Tiene también una ventaja en salud pública: protege la vida de la población”, explicó a CONFIDENCIAL el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS. “El no compartir esa información claramente es una conducta que la OPS rechaza, y lo hemos dicho varias veces”, advirtió.
Flexibilizan órdenes para pruebas
El acuerdo también incluye el compromiso de definir los casos positivos y sospechosos, y la realización de pruebas. Fuentes médicas afirmaron a CONFIDENCIAL que estás ya se están realizando, pues en los hospitales y unidades de salud se ha flexibilizado el criterio para ordenarlas, aunque sus resultados siguen centralizados en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) del Minsa.
“Ahora tienen una responsabilidad con los organismos financieros internacionales que dieron plata para la covid-19”, valoró el infectólogo Carlos Quant, quien considera que “abrir un poquito las pruebas obedece a eso, más que a una apertura de hacer diagnóstico o querer controlar la epidemia”.
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El especialista, que ha atendido a pacientes con covid-19 en hospitales públicos y privados, descarta otros motivos porque las autoridades “en verdad no hacen trazabilidad o seguimiento de caso”.
“Lo más que hacen es llamar a un paciente que resultó “indeterminado” o positivo y le preguntan cómo está”, critica.
En julio de 2020, el Minsa estableció un costo de 150 dólares por pruebas covid-19 para los nicaragüenses que viajarán fuera del país. Sin embargo, solamente el CNDR está autorizado a realizarlas, y Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha aprobado el proceso a ningún laboratorio privado, a pesar de que según los especialistas sí se cuenta con las capacidades.
“Contratos covid”, desordenados e incompletos
Los préstamos del BID y el FMI suman 228.3 millones de dólares.
De parte del BID, son 43 millones de dólares para la actualización, elaboración e implementación de diferentes protocolos de la vigilancia y la atención de la pandemia a nivel nacional, así como la entrega de equipos e insumos médicos. De esta suma ya fueron entregados 1.2 millones de dólares.
Además, el FMI destinó 185.32 millones de dólares para ayudar al país a cumplir con la balanza de pagos derivados de la pandemia covid-19 e invertir en la atención médica y la compra de medicamentos y equipos de protección personal. También, se creará un programa de apoyo a la agricultura que aseguraría la continuidad del suministro alimentario en Nicaragua.
Para acceder al financiamiento de 185.3 millones de dólares del FMI, el Gobierno de Ortega fue obligado a tomar “acciones para mejorar la transparencia fiscal”, que incluyó la publicación de los detalles de todos gastos relacionados con la covid-19 y los contratos públicos.
Sin embargo, solamente se han publicado 19 contratos adquiridos entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de 2020.
“Reconocemos la importancia de asegurar que los gastos de emergencia se registren adecuadamente y, por ello, comenzamos a publicar todos los contratos relacionados con covid-19 firmados desde junio de 2020”, indicó el Gobierno en la carta de intención que entregó a los directivos del Fondo Monetario, sin indicar si revelará las compras previas o si las hubo.
Citando la intención de “mejorar la transparencia fiscal”, también publicaron los estados financieros de la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), la Empresa Nicaragüense de Energía (Enel), Petronic, la Portuaria Nacional (EPN) y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), que representan alrededor del 22% del PIB, según el FMI.
Para la ejecución del proyecto, el FMI transferirá la mitad de los fondos de emergencia a la Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que ayudarán con la ejecución transparente de gastos específicos.
“La UNOPS —detalla el documento de aprobación del préstamo— ayudará a ejecutar una gran parte del gasto en atención médica, incluida la compra de medicamentos, análisis de laboratorio y protección personal equipo”.
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