24 de junio 2022
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El Banco Mundial (BM) aprobó este jueves, 23 de junio, un préstamo de 116 millones de dólares destinados a la atención de la covid-19 en Nicaragua. Este es el segundo financiamiento que autoriza este organismo multilateral al Gobierno de Daniel Ortega, después que en 2020, otorgara el desembolso de 20 millones de dólares, tras establecer una serie de acuerdos condicionados a la promoción de la transparencia.
El nuevo financiamiento, que amplía el proyecto inicial de 2020, será ejecutado a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quien también manejaba el financiamiento anterior como una condición, y según el BM usarán “las políticas y directrices fiduciarias del Banco Mundial regirán el uso y el flujo de los fondos del banco para garantizar que alcancen su objetivo de beneficiar al pueblo nicaragüense”.
De momento se desconoce sí el Banco Mundial estableció o renovó los acuerdos de transparencia que se habían acordado para el desembolso anterior o si hubo una evaluación sobre si estos se cumplieron.
"Estamos orgullosos de haber sido elegidos como organismo de ejecución de esta operación y de estar al lado de las personas necesitadas en esta emergencia sanitaria mundial", dijo en una nota de prensa del banco, Nazario Esposito, representante y director de UNOPS en Nicaragua.
Compras de vacunas, equipos de protección y medicinas
El millonario préstamo tiene tres ejes de trabajo: uno es ampliar la respuesta a la covid-19 y las jornadas de vacunación con la compra de suministros, equipos médicos y de laboratorio esenciales para la atención de la pandemia en hospitales y centros de salud. Asimismo, se ampliará la cadena de frío -que sirve para almacenar y distribuir las vacunas a nivel nacional- y se mejorará la funcionalidad en las jornadas de inmunización, la gestión de residuos hospitalarios y tratamiento de aguas residuales.
El segundo componente contempla la compra de vacunas y suministros a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el tercero incluye la compra de medicamentos y la adquisición y el mantenimiento de equipos médicos para mejorar la atención sanitaria a enfermedades no transmisibles y transmisibles.
El crédito fue otorgado a un plazo de 30 años, tiene un período de ejecución de hasta junio de 2025, cuenta con un período de gracia de cinco años y fue financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
"Trabajaremos en estrecha colaboración con Nicaragua y nuestros socios de las Naciones Unidas para apoyar la respuesta a la pandemia de covid-19 para salvar vidas y promover la recuperación económica", dijo Kinnon Scott, del Banco Mundial en Nicaragua .
Préstamo anterior fue aprobado con cláusulas de transparencia
El préstamo anterior fue aprobado bajo una serie de cláusulas contractuales que obligaban al Ministerio de Salud (Minsa) a implementar campañas de información y educación comunitaria sobre la prevención de la covid-19, actualizar las salas de situación epidemiológica, generar informes periódicos sobre la situación clínica y epidemiológica del virus; el uso de recursos y consumo de insumos relacionados a la pandemia, mantener comunicación con otros países y organizaciones para acciones conjuntas para frenar la epidemia, así como una comunicación permanente y activa con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sin embargo, a 18 meses de que se aprobara ese financiamiento, del cual se desembolsaron 19.1 millones de dólares en junio de 2021, el régimen de Ortega ha cumplido parcialmente con esos acuerdos de transparencia. Una revisión de CONFIDENCIAL reveló que mientras las autoridades realizan visitas casa a casa, divulgan campañas radiales y televisivas sobre la prevención ante la covid-19; desde la Presidencia y las alcaldías se promueven las aglomeraciones.
Asimismo, las salas de situación epidemiológicas, donde se reporta el comportamiento de enfermedades endémicas y epidémicas de cada uno de los 19 Silais del país, no han sido actualizadas desde mayo de 2020. Tampoco se conocen detalles sobre el uso de recursos y necesidades que ha enfrentado el sistema de salud para la atención de la pandemia, a pesar que fuentes hospitalarias confirmaron a CONFIDENCIAL que durante la segunda ola, ocurrida entre agosto y octubre de 2021, superaron su capacidad hospitalaria.
Si bien el Minsa sostiene reuniones periódicas con los miembros de OPS, brinda información sobre vacunación y contagios, estas cifras son escasas y no permiten a las autoridades regionales hacer algún análisis sobre la situación epidemiológica.
“Como es de conocimiento público, la OPS no ha podido realizar una valoración exhaustiva de la gestión de la pandemia, debido a que la información que hemos recibido ha sido sucinta y casi exclusivamente a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional”, dijo el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, en marzo de 2022, cuando se cumplió el segundo aniversario de la llegada de la covid-19 a Nicaragua.
Además de los acuerdos de transparencia adquiridos con el BM, el régimen de Daniel Ortega también hizo compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con estos acordó publicar las cifras oficiales sobre contagios por sexo, edad y lugar; muertes, letalidad, pruebas PCR realizadas y sus resultados, gastos relacionados a la pandemia, actualización de salas y boletines epidemiológicos. Aunque parte de esta información recientemente fue compartida, no se hizo con el nivel de detalle y precisión que se solicitó.
Opacidad del régimen oculta tragedia humanitaria
La gestión de Ortega en el manejo de la pandemia se ha caracterizado por la falta de transparencia. Las limitaciones en el acceso a las pruebas PCR para confirmar o descartar el virus, el uso de términos confusos como “caso indeterminado” para no admitir contagios positivos, el uso de la comorbilidad para clasificar así a los fallecidos por la covid-19 y las presiones al personal de Salud para ocultar la información.
Mientras estudios de sobremortalidad hechos por expertos en Salud Pública, periodistas y analistas internacionales entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, EE. UU., Financial Times, The Economist, apuntan que la covid-19 dejó entre 12 000 y 31 000 muertes atribuibles a la covid-19 entre 2020 y 2021 en Nicaragua.
Estos datos de sobremortalidad revelan que de la región centroamericana, Nicaragua es el país que más diferencia tiene entre las muertes reportadas y las estimadas por exceso de mortalidad: 55 veces más. Mientras, el Ministerio de Salud (Minsa) señala que hasta el 23 de junio de 2022 se registra un acumulado de 19 427 contagios y 242 fallecidos, un muerto semanal desde octubre de 2020.
A pesar de esta evidencia basada en las mismas estadísticas oficiales, el Gobierno de Ortega sostiene el irreal número de muertos y no se ha pronunciado ni una vez al respecto, ni para negar ni confirmar el hecho. Aunque sí ha hecho esfuerzo -en conjunto con el Minsa- para callar al personal de Salud que hable públicamente sobre la pandemia. “El Minsa es el único que está autorizado para hablar de la pandemia”, les recordaron a una decena de sanitarios que fueron citados por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal de esta institución en junio de 2021.
En las jornadas de vacunación también han ocurrido notorias deficiencias. En 2021, el Gobierno de Ortega no garantizó la compra de vacunas como sí lo hizo el resto de países de la región, esto provocó que la población enfrentara la segunda ola de la covid-19 -que fue mayor que la primera ocurrida entre mayo y julio de 2020- sin protección. Fue hasta el último trimestre que el país comenzó a surtirse de vacunas con la llegada de donaciones y compras directas hechas a socios comerciales: Rusia, Cuba y una última compra hecha a través de la OPS.
En 2022, que finalmente se logró ampliar la vacunación se han reportado irregularidades porque el Minsa estaría inflando las estadísticas a la OPS al contar como primeras y segundas dosis, los refuerzos y las vacunas aplicadas en el “esquema de vacunación 2022”, que autorizó Ortega sin demostrar respaldo médico que soporte esta decisión. Asimismo, un análisis de datos de CONFIDENCIAL, reveló que las poblaciones que menos acceso a las vacunas son las del Caribe, las más pobres y vulnerables.
Préstamo usado para reparar hospitales dañados por huracanes
Aunque no hay un desglose oficial sobre el préstamo de 20 millones dólares del BM, un portavoz del Banco declaró en diciembre pasado al medio Expediente Público, que los fondos se habían gastado en la compra de insumos médicos para 19 hospitales afectados por la pandemia y por los huracanes Eta y Iota.
“La compra incluye equipos de protección personal para los profesionales médicos y los trabajadores de la salud, medicinas para respuesta a pacientes con covid-19, material descartable de uso médico tanto de atención directa al paciente como de laboratorio, insumos de laboratorio, ropa hospitalaria, equipo médico de necesidad crítica para las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio con la covid-19 e insumos para el manejo del desecho hospitalario”, detalló.
El representante del Banco también explicó que “bajo este préstamo se aplican estrictos requisitos fiduciarios para garantizar que todos los recursos se usan en beneficio del pueblo de Nicaragua".
El pasado 4 de junio, el diario La Prensa también divulgó un reporte sobre compras relacionadas al préstamo, en el cual detalló que el Ministerio de Salud abrió un proceso para adquirir cuatro lanchas equipadas, como parte del Proyecto 22842-001, Respuesta al Covid-19 en Nicaragua. Se desconoce por qué hasta un año después del desembolso se hará esta compra.
