27 de febrero 2020
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria, presentó este jueves al pleno del organismo, en Ginebra, Suiza, una actualización sobre la situación de Nicaragua. La chilena advirtió que las “violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.
Bachelet inició su ponencia asegurando que en 2019 la economía nicaragüense se contrajo en un 5.7%, y la inflación y el desempleo formal aumentaron. Aunque señaló que el Gobierno mantuvo “como prioridad el gasto social”, destacó que más de 98 000 nicaragüenses habían salido del país al exilio, sin condiciones básicas para un retorno seguro. “Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso”, informó.
La oficina de Bachelet ya había presentado un duro informe contra la represión del régimen en Nicaragua. El resto del seguimiento a la situación nacional la han hecho desde el extranjero, en especifico desde su oficina en Panamá, luego de que el gobierno de Ortega expulsó a la misión de la ONU en diciembre de 2018.
“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la Policía los dispersó abruptamente o elementos progubernamentales los atacaron violentamente”, narró Bachelet.
Bachelet dijo haber tomado nota de las excarcelaciones realizadas por el régimen en diciembre pasado, pero enfatizó que 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018.
“Cuarenta de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor la Ley de Amnistía en junio de 2019, y acusadas de delitos comunes, como posesión o tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, substancias o artefactos explosivos. Insto al Gobierno a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas”, dijo la alta comisionada.
Medios siguen confiscados
Bachelet destacó que la libertades de expresión y de prensa en Nicaragua siguen condicionadas. Detalló que algunos periodistas se han visto forzados a autocensurarse por amenazas y el temor de perder pautas publicitarias estatales o su trabajo.
“Desde el primer de agosto hemos documentado amenazas y agresiones físicas en contra de periodistas, medios de comunicación y sus trabajadores, y casos de robo o daños a instalaciones de medios de comunicación”, dijo Bachelet. “Las instalaciones de los medios Esta Semana, Confidencial, y 100% Noticias continúan confiscadas”. Además, el Gobierno de Ortega ha impuesto una censura televisiva contra la transmisión de los programas Esta Semana y Esta Noche y el canal 100% Noticias en la televisión nacional.
Aunque Bachelet saludó la entrega de los insumos al diario La Prensa, después de haber sido retenidos en aduanas por 75 semanas, insto al régimen orteguista “a adoptar todas las medidas aun necesarias para garantizar el ejercicio pleno de este derecho”.
Bachelet reiteró su llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes.
“Los homicidios campesinos y la situación de los pueblos indígenas también son tema de preocupación. De los 14 homicidios documentados por mi Oficina en 2019 en el norte del país, las autoridades informaron haber identificado a presuntos responsables en solo cuatro casos y condenado a una persona”, agregó la expresidenta chilena.
Jaentschke se queja de las sanciones
Luego de la intervención de Bachelet, el vicecanciller de la dictadura, Valdrack Jaentschke, tomó la palabra y abogó ante la ONU por la suspensión de las sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional, en específico las del Gobierno de Estados Unidos.
Jaentschke cargó contra Bachelet y calificó de “agresiones” las sanciones internacionales, asegurando que el régimen defiende “integralmente los derechos humanos”.
“Continuamos respetando el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses. La libre movilización y expresión política están garantizados para quiénes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población”, dijo Jaentschke, cuyo Gobierno ordenó atacar este martes a los opositores que salieron a protestar