26 de noviembre 2020
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Las nuevas condiciones impuestas al régimen de Daniel Ortega por las instituciones financieras internacionales, como requisito para aprobar fondos de emergencia, muestran que existe un cambio en la forma en que actúa la comunidad financiera: si después del huracán Mitch en 1999 el énfasis era en hacer cambios institucionales y democráticos, ahora se concentran en que haya un manejo transparente de los recursos.
“Las condicionalidades en general, han venido sufriendo un relajamiento en estos organismos internacionales. El énfasis se pone en el tema de transparencia. De ahí que se pueda esperar que no le confíen la ejecución de los recursos a un Gobierno como el de Nicaragua”, explicó el economista Mario Arana, al ser entrevistado en el programa Esta Noche, que solo se transmite en línea por causa de la censura gubernamental.
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó 185.3 millones de dólares en fondos de emergencia, para responder a la crisis causada por la pandemia de covid-19, con la condición de que la mitad de los fondos, debían ser manejados por dos agencias del sistema de Naciones Unidas: Oficina de Servicios para Proyectos (Unops) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para ayudar a “la ejecución transparente de los gastos específicos”.
“Las señales que estamos recibiendo, es que no le están dando los recursos directamente, ni el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ni el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”, dijo Arana. El BID, el BCIE y el Banco Mundial, están ofreciendo un paquete de USD 4200 millones para la emergencia de Nicaragua, Honduras y Guatemala.
El experto señaló que ha habido una pérdida de confianza en la capacidad del Gobierno de Nicaragua de manejar los recursos; hay preocupación porque se politicen, lo que se expresa a través de mecanismos para intensificar la rendición de cuentas y el control, dándole la ejecución de los recursos a entes especializados, y no directamente al Gobierno.
Habiendo trabajado en la administración pública a lo largo de muchos años, el economista reseñó que no es la primera vez que la desconfianza de la comunidad internacional por causa del mal manejo de los recursos externos, afecta al Gobierno de la República.
Al respecto, recordó que Grupo Consultivo para la Reconstrucción de Centroamérica, que se reunió en Estocolmo en junio de 1999, acordó crear un fondo de 9000 millones de dólares, para enfrentar los daños causados por el mortífero huracán Mitch.
Los fondos fueron tan cuantiosos, que generaron una curva de crecimiento de 7% para ese año, a la vez que mostraban la voracidad de la que eran capaces algunos funcionarios de la administración Alemán. El resultado fue una desconfianza extrema, no en ese presidente y sus funcionarios, sino en Nicaragua y su Gobierno.
Ayuda debe venir, pero supervigilada
“Al final del Gobierno Alemán ya no había confianza en el país, y el desembolso de recursos se había parado, de tal manera que durante el primer año decían que el Gobierno Bolaños no arrancaba, pero muchos nunca comprendieron lo que pasó”, recuerda Arana.
Habiendo servido como titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de la administración Bolaños, Arana dijo que “contrario a lo que yo esperaba, que él iba a tener mayor credibilidad por su trayectoria y su historia, le dijeron: “Pagamos por ver”, pues consideraban a Nicaragua “un desastre macroeconómico, un desastre de corrupción, y en materia de gobernabilidad e institucionalidad”, por lo que demandaban corregirlo, como requisito para soltar los fondos.
Recuerda ahora que la lucha contra la corrupción llevó a la ruptura del Partido Liberal Constitucionalista; se enfrentó el problema de la institucionalidad, la partidización de las instituciones, y finalmente un programa de ajuste severo que le costó sufrimiento al país y a la gente, porque no crecimos en 2002.
“Fue hasta 2006, cuando volvieron a confiar en nosotros, que recibimos el mayor pico de recursos externos que Nicaragua hubiese tenido en algún momento de su historia, y se le dejó a la otra administración la ‘mesa servida’, y una administración de recursos muy efectiva”, señala.
“Estas acciones, estas faltas se pagan, y la responsabilidad de un Gobierno, es evitar que eso ocurra. Es manejar bien las cosas, de tal manera que el país siempre gane, y no tengamos que pagar costos como los que hemos tenido que pagar en el pasado”, reflexionó.
A juicio de Arana, a pesar del aplazado del Gobierno en materia de derechos humanos y libertades civiles, es correcto que la comunidad financiera internacional desembolse los recursos prometidos “porque el país lo necesita, en especial después de estos dos huracanes, que se suman a dos años de recesión, más un año de covid-19”.
“Lo más probable es que sí va a fluir esa cooperación, pero con medidas muy estrictas de cómo se desembolsa, y lo estamos viendo: no hay nuevas aprobaciones de préstamos para Nicaragua, con excepción del Fondo por primera vez, que aprobó una fracción de lo que se había solicitado; y parte de esa ayuda vendrá condicionada a que la ejecuten organismos especializados de Naciones Unidas. Ni siquiera es directamente para el Gobierno”, mostró.
El papel de la sociedad civil
Eso no resuelve el problema de la vulnerabilidad macroeconómica que hemos venido acumulando, porque cada vez, los déficits en general del Estado son más grandes. Este año estamos hablando de más de seis puntos del PIB (unos 700 millones de dólares). Nadie te está dando recursos frescos para financiarlos, y eso puede generar un estallido social”, advirtió.
A su criterio, la sociedad civil nicaragüense tiene un rol en la emergencia, y las agencias de Naciones Unidas, encargadas de administrar la ayuda, harían bien en trabajar con ellas, sin dejar de advertir que el régimen politiza la ayuda –lo que debe ser denunciado- y se agrava con la Ley de Ciberdelitos, y de Agentes Extranjeros.
“Son leyes nuevas, que buscan lidiar con situaciones nuevas, como Internet. Lo que pasa es que en Nicaragua se les añadieron ingredientes propios, basado en la politización, y se convierten en instrumentos de represión”, graficó.
El economista considera que la aprobación de esas leyes pretende fortalecer el control político, mientras se acercan las elecciones en 2021, donde el Gobierno juega “con los dados cargados”.
“Ese es un esquema del pasado, pero la gente lo va a burlar de todas maneras, y quedará solo como intimidación, aunque si lo hacen realidad, habrá que denunciarlo, porque eso no es compatible con un país democrático, como pretende ser Nicaragua”, alertó.
Ante la envergadura de las acciones a emprender, los organismos especializados encargados de manejar la ayuda harían bien en trabajar con los actores que han tenido historia en el país, apoyando las acciones humanitarias.
“Existe la posibilidad que parte de los recursos, se ejecuten a través de organizaciones ya existentes, de larga data, y que puedan llevar con rapidez, acciones e intervenciones, como suplir la necesidad de agua potable… o llevar alimentos, ante la pérdida de la producción de frijoles y hortalizas”, admitió.
“Inclusive el Gobierno tiene sus mecanismos, como el Sinapred, u organizaciones en las que confía, y con las que no tiene conflictos, como la Cruz Roja”, que también cuenta con la confianza y el reconocimiento de los ciudadanos, y de las organizaciones del empresariado nacional.
“En la medida en que el país también se reconstruya políticamente, tendrá viabilidad económica, porque la reconstrucción en sí, va a reparar el daño, pero no va a recomponer las tendencias económicas del país, que muestra perspectivas no muy alentadoras, en cuanto al deterioro fiscal; la falta de acceso a recursos frescos, la falta de inversión extranjera fluida”, enumeró.
“La agenda de transformación política, democrática, es fundamental”, concluyó Arana. Todos debemos asegurarnos que el país dé un paso en la dirección correcta hacia una transición que permita restaurar las libertades, la normalidad, la estabilidad, si queremos que este país vuelva a crecer”.
