Vanessa Cortez | Iván Olivares
12 de octubre 2019
AA
Share
Diana Raquel tenía doce años cuando fue interceptada por Víctor Ortiz en una calle del barrio La Primavera, al norte de Managua, la tarde del 25 mayo de 2018. Él fue el último que la vio con vida. Casi un año después, agentes de Policía extrajeron sus restos del fondo de la letrina donde la ocultó el homicida.
María José Bengoechea, de 22 años, fue encontrada muerta la mañana del viernes 24 de mayo de 2019, a orillas de un río, en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. Los testigos dicen que la vieron salir detrás de Darwin Castillo, que se presentaba como su pareja. Nadie más la vio con vida.
Angélica Centeno tenía 28 años de edad, y tres hijos, entre ellos unos gemelos, que procreó con José Antonio Álvarez, el hombre a quien los vecinos señalan como la persona que, a eso de las ocho de la noche del lunes 20 de agosto de 2018, le dio tres disparos, porque ella no quería dejar que él se llevara a sus hijos.
Según el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, auspiciado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Nicaragua) hasta agosto han sido asesinadas 44 mujeres a manos de hombres que formaban parte de sus vidas, y aunque otras 52 lograron escapar a ese funesto destino, un total de 48 niños, niñas y adolescentes crecerán recordando a una madre que ya no está, porque fue asesinada.
Hay más femicidios frustrados que en 2018
“Cuarenta y ocho niños huérfanos es una secuela muy grande, porque implica la descomposición de esas familias: niños que quedan con sus abuelitas, o con diferentes familias, eso es muy doloroso para ellos, porque deben crecer en el seno de otra familia”, dice Martha Flores, de CDD Nicaragua.
Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir. // Foto: Vannesa Cortez
El número de femicidios ha variado muy poco entre un año y otro. El número que crece de forma preocupante es el de los femicidios frustrados, que fueron 50 a lo largo de todo 2018, y ya sumaban 52 en solo los primeros ocho meses de 2019.
La razón para ese alarmante incremento de la violencia contra las mujeres, es la indolencia que muestran las autoridades que deberían perseguir esos delitos, lo que envía a los hombres violentos el mensaje de que pueden actuar con impunidad.
“Aquí no hay un compromiso ante el Estado, ante las autoridades, de cumplir la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres). Hoy en día no existen Comisarías de la Mujer y no hay atención especializada para la mujer que pone una denuncia”, lamenta Flores.
“Los femicidas se aprovechan del contexto político. Pasamos a ser un país inseguro, porque al Gobierno no le interesa la vida y la seguridad no solo de la mujer, sino de todos los ciudadanos, pese a que es deber del Estado proteger la vida de todos”, recalca.
La excusa “azul y blanco”
Rosa Alpina Chavarría, abogada del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, asegura que “estamos en un estado de indefensión porque el Estado ha normalizado la violencia, los abusos, las tentativas de femicidio y los femicidios. La Policía no investiga cómo debería ser, y no da prioridad a los femicidios”.
"Ni una más" se lee en una pancarta en marcha por los derechos de la mujer, el 8 de marzo de 2018, en Managua. // Foto: Carlos Herrera
La abogada detalla que la violencia patrimonial, el abuso sexual, las violaciones y femicidios están quedando impunes, pero también el incumplimiento de los alimentos para los hijos, que también refuerza la indefensión de las mujeres.
Evelyn Flores, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia en Nicaragua, relata que “hay hombres machistas que rehúyen el cumplimiento de las pensiones alimenticias”.
La estrategia consiste en amenazar a la mujer con acusarla de ser “azul y blanco, o tranquera”, sabiendo que, de esa manera, las autoridades no le harán cumplir con su obligación de proveer alimentos para sus hijos.
Evelyn Flores, Red de Mujeres Contra la Violencia. // Foto: Vannesa Cortez
“No tenemos instituciones estatales que cumplan las leyes ni los derechos constitucionales. Obviamente, la Policía es de las primeras que incumple su labor y funciones. Es más: muchos policías actúan como operadores partidarios, y deberían renunciar”, reclama.
Aunque el Estado haya dejado de cumplir sus obligaciones, “seguiremos demandando que no exista más impunidad, y denunciando estos atropellos contra la vida de las mujeres. Seguiremos dando estas cifras que van en aumento y exigiendo a la Policía y a las autoridades, que cumplan su rol ante la situación de violencia que estamos pasando”, sostiene Flores.
La anona del presagio
A inicios de abril de 2018, Diana Raquel, una niña de doce años que parecía de nueve, le llevó una anona de regalo a su abuelita Nora Hernández. Era la primera fruta que producía el pequeño árbol situado en el patio de la casa familiar en el capitalino barrio La Primavera, y uno de los queridos recuerdos que atesoraría la señora.
Nora Hernández, abuelita de Diana Raquel, asesinada en 2018. // Foto: Vanessa Cortez
Ahora se sabe que la niña murió al poco tiempo de haber sido secuestrada y abusada por Víctor Ortiz —tal como se confirmó en el juicio— por lo que los 363 días de búsqueda y espera de hallarla viva, más que un espejismo, fueron una tortura que solo terminó al conocerse la horrible verdad, a la que llegaron más por la confesión del asesino, que por la labor policial.
Doña Nora recuerda que acudió a la Policía para denunciar la desaparición de su nieta, la misma noche en que se percataron que Diana Raquel no estaba en casa. En la estación policial le recibieron la denuncia, pero no asignaron a nadie esa misma noche.
En vez de eso, un policía al que no conoce, le preguntó si no sería que Diana Raquel tenía novio, y se había ido con él. “No, le dije. Es una niña de doce años, que aparenta tener nueve”.
“Con las desaparecidas siempre se tiende a justificar diciendo que ‘talvez se fue con un hombre’, porque no aparece el cuerpo. ‘A saber con quién anda ella, y usted anda de loca’, le dicen las oficiales a las madres que buscan a sus hijas”, relata Rosa Alpina Chavarría, abogada del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, recuerda con desagrado que “decían que Raquel era una niña vaga. Ellos siempre se ponen a menospreciar a las mujeres de cualquier edad... y así es la búsqueda para ellos: es como menospreciar la vida de las mujeres”.
La abuelita de Diana Raquel cuenta que regresó a la estación policial, “y cuando llegué, conocí al que me llevaría el caso… en ese momento, él agarró el expediente y comenzó a ayudarme… como al tercer día, porque antes, estaba de vacaciones”.
Ahora que el asesino está preso y condenado, doña Nora tiene el consuelo de saber que encontró a Diana Raquel “aunque sea fallecida”, y que logró enterrarla en Nagarote, de donde es su familia.
Marcha de organizaciones de mujeres por el día mundial contra la violencia, en 2014. // Foto: Carlos Herrera
La señora llora y recuerda que en algún momento pensó cortar el arbolito de anona, pero luego vaticinó que este comenzaría a producir más fruta cuando apareciera la niña, preferiblemente con vida.
No fue así. Diana Raquel está muerta, pero “como a los cinco días que apareció la niña, la anona comenzó a dar frutas, y ya no lo quiero botar”.
¿Caso cerrado?
María José Bengoechea, originaria de San Ramón, en Matagalpa, estudiaba en la Universidad de Ciencias Médicas de Managua, pero la situación económica la obligó a dejar sus aspiraciones, y comenzó a trabajar como mesera en un bar de Río Blanco.
Ese bar fue, quizás, el último lugar en que se le vio con vida cuando salió de ahí siguiendo a su novio, Darwin Castillo, horas antes de que su cuerpo fuera localizado a 300 metros río abajo del puente nuevo, cerca del mercadito viejo de esa localidad.
Virginia Centeno, madre de la fallecida, relata que una persona de Medicina Legal le comentó que “ese muchacho (Castillo), que supuestamente era su pareja”, llegó hasta el bar en que trabajaba María José, a quitarle las llaves del cuarto que rentaban juntos, porque andaban peleados. “Mi hija lo siguió” y después de eso no se supo más, dijo el propio día en que velaban a su hija. Pero sí se supo. O parecía.
Al inicio, las autoridades policiales le dijeron que estaban “investigando el caso, que tuviéramos paciencia porque había sospechas que se trataba de un femicidio”. Después se cerraron en la versión de que María José murió ahogada.
Marcha de organizaciones de mujeres por el día mundial contra la violencia, en 2014. // Foto: Carlos Herrera
“Dijeron que podía haber sido arrastrada por el río, sin aclarar la forma en que se dieron los hechos”, dijo la señora Centeno, quien también se quejó de la atención que había recibido en el centro de salud de Río Blanco, donde asegura no se hizo autopsia y que a su hija “solo la revisaron por encima”.
A la familia afectada, le pareció sospechoso ver que María José tenía varios golpes en la cara, y más aún, confirmar que poco después de ocurrir esa muerte, su ‘novio’ eliminó todas las fotos en que aparecía con ella en Facebook. Aunque fue detenido por la Policía, el hombre quedó en libertad porque se sostuvo que María José murió ahogada.
La familia rechazó la petición de dar una nueva entrevista porque tienen miedo, ya que “el hombre está en libertad y la familia lo apoya”, además que no confían en que, en este momento, las autoridades vayan a hacer algo, “por la crisis que vive el país”, hace que “se prioricen otras situaciones”.
“Antes de abril 2018, la Policía trataba de cumplir su función de dar seguridad, atender las denuncias e investigar para llevar a juicio y sancionar. Después de abril de 2018, ellos son los primeros que irrespetan las leyes y los primeros violentadores de los derechos humanos de las personas”, critica Evelyn Flores.
El acusado huyó y las víctimas también
Angélica Centeno vivió en pobreza económica y zozobra emocional los últimos tres años de su convivencia con José Antonio Álvarez, el hombre señalado de matarla a mediados de agosto de 2018.
Vecinos como Diana Martínez confirman que aquella era una relación muy violenta; que José Antonio la amenazaba y la golpeaba, al punto que ella lo denunció por violencia intrafamiliar, y que él estuvo detenido por esa acusación, tal como lo reportó en su momento Radio Vos, de Matagalpa, emisora que colaboró en este reportaje.
Cuando ocurrió el crimen, ellos tenían tres meses de estar separados. Desde que salió de la cárcel, José Antonio la mantuvo en zozobra… hasta que cumplió sus amenazas.
Alertados por los vecinos, la Policía llegó hasta el barrio Zadrach Zeledón, para detener al acusado, que pudo escapar por unos potreros, contando con el temor que infunde, porque “es una zona desolada, además que andaba armado”. Según algunas personas, portaba un arma de fuego, otros dicen que era un machete.
Virginia Centeno, mamá de María José. // Foto: Vanessa Cortez
“La gente denuncia para que quede la evidencia, pero no hay confianza, porque las mismas personas dicen que, si se llama a la Policía, estos llegan hasta que ya está la desgracia”, reclama Martha Flores.
Los vecinos dicen que el hombre la asesinó en medio de una discusión, cuando él quería llevarse a sus hijos y ella se negó. Luego de cometer el crimen, él se dio a la fuga, y los vecinos aprovecharon para auxiliar a su vecina y trasladarla al hospital, pero Angélica murió en el trayecto.
Después de enterrar a su hija, doña Martha abandonó la casa donde sus nietos vieron esta tragedia, y escapar de su exyerno a quien cree “es capaz de cometer cualquier locura”.
El hijo mayor de Angélica y una de las gemelas vieron el asesinato y están muy afectados emocionalmente. Ahora, los tres hermanos deberán crecer conscientes que su papá es un asesino, y su mamá está muerta. José Antonio Álvarez sigue en libertad porque su captura no es prioridad para la Policía.
