17 de julio 2019
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Las muertes violentas ocurridas durante los últimos dos meses en el norte del país, mayormente en El Cuá y San José de Bocay, en Jinotega, tienen “el patrón de ejecuciones arbitrarias”, considera el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, actualmente exiliado en Costa Rica. En la mayoría de los casos, reclama, la Policía Nacional no ha brindado información sobre las investigaciones preliminares, limitándose a recoger los cuerpos, hacer preguntas, y retirarse del lugar.
Uno de los asesinatos más recientes ocurrió el domingo 14 de julio, en el sector de Peña de la Cruz, cerca de Ayapal, en Jinotega. Martín Blandón Rivera fue ultimado a balazos por sujetos sin identificar, que presuntamente lo emboscaron al salir de un culto evangélico. Un día antes, el 13 del mismo mes, en la comunidad Trojes, en el departamento El Paraíso, Honduras, Francisco Sobalvarro, fue asesinado por encapuchados a eso de las nueve de la noche, y este es al menos el tercer asesinato de un campesino nicaragüense en esa zona hondureña.
Sobalvarro, fue bautizado como “Berman” en los años 80, cuando formó parte de la Resistencia Nicaragüense. "Berman" no participó de las protestas ciudadanas, pero sí recibió múltiples amenazas, por lo que decidió abandonar El Cuá, en Jinotega, y exiliarse en Trojes, Honduras. Antes, el 27 de junio, en este mismo lugar el excontra Edgard Montenegro Centeno y su hijo Jalmar Zeledón Olivas, fueron asesinados por sujetos desconocidos, que sin mediar palabras les asestaron varios disparos.
Montenegro y su hijo se exiliaron en Honduras tras las constantes amenazas de muerte que recibieron por participar en las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El empresario cafetalero fue señalado por políticos de la zona de liderar un tranque instalado en La Marañosa, Wiwilí. Asimismo, fue acusado por la muerte de un supuesto policía voluntario, el 13 de septiembre de 2018.
Para Carrión, hasta que no existan informes contundentes sobre los asesinatos que han ocurrido, no se puede descartar que lo sucedido desde abril del 2018 hasta la fecha son ejecuciones, que se han multiplicado debido al Estado de terror impuesto por las autoridades del Gobierno.
“Eso tenemos, una multiplicación del Estado de terror. El patrón de esas muertes tiene parecido a ese patrón de ejecución arbitraria mientras no demuestren lo contrario. El ejemplo concreto es el asesinato de padre e hijo, que claramente eran opositores con antecedentes en la resistencia. La forma en que los mataron, independientemente de que haya sido al otro lado, se asemeja a la muerte de Pablo Negro, y de otras muertes en esa zona”, explicó Carrión.
“Pablo Negro” era Santos Guadalupe Joyas Borge. Estaba refugiado en Honduras. Lo llamaron a una reunión el 13 de enero del 2012, cercano a la frontera por una promesa de 70 000 dólares y una camioneta, según versiones periodísticas. Apareció muerto con un balazo en la frente y con señales de torturas, afirmó en ese entonces Roberto Petray, miembro de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
¿Delincuencia común?
Para Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, la posibilidad de que estos asesinatos se traten de delincuencia común, es mínima, pues durante 15 meses, el régimen y sus fuerzas armadas han cometido sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos, realizando una feroz persecución, que ha estado a cargo de la Policía, y reforzados a su vez por los paramilitares o escuadrones de la muerte, que ejecutarían por encargo, como sicarios.
“Mientras el Estado y su fuerza represiva no demuestre lo contrario, no podemos hablar de delincuencia común. Se presume que es privación de la vida, y eso pone en duda una motivación de la típica delincuencia común. No hay señales en el contexto de que el país se esté disparando en materia de delincuencia común, porque lo que ha prevalecido en los 15 meses es un Estado de terror, manifestado en una feroz y sistemática persecución, acoso, asedio y ejecuciones arbitrarias”, insistió Carrión.
La tesis de Carrión no ha sido desmentida ni contrastada por las autoridades policiales, que simplemente se limitan a realizar un trabajo que hasta cierto punto termina siendo complaciente con los autores de estos asesinatos.
La Policía, por ejemplo, no ha dado una versión oficial sobre lo que ocurrió el 12 de julio en el barrio Llano de la Cruz, en Jinotega, donde fueron encontrados los restos de un hombre identificado como Yadir Padilla, quien, de acuerdo a información de la forense en esa ciudad, presentaba golpes en la espalda y las piernas.
La institución policial tampoco ha brindado detalles sobre las investigaciones en el caso de José Martínez Vásquez, expreso político excarcelado, que recibió varios disparos de parte de un expolicía y paramilitar, de acuerdo a las versiones ofrecidas por los familiares de la víctima. El joven de 27 años fue trasladado desde Wiwilí, en Nueva Segovia, hasta Managua para ser operado de urgencia. A pesar de sobrevivir, los doctores indicaron que no podrá volver a caminar.
“El problema es que no hay operadores de justicia en los que confiemos, porque los que están no tienen credibilidad, autonomía, para tomar como casos resueltos los que deberían investigar”, lamentó el defensor de derechos humanos.
Las muertes en “tiempos de paz”
Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que desde febrero de 2011 a febrero de 2017, la Policía y el Ejército reportaron catorce "enfrentamientos" u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico, negándose a identificar a los mismos como grupos de campesinos armados contra el régimen. Sin embargo, de estos 25 presuntos delincuentes involucrados, 22 fueron asesinados, demostrando una eficiencia letal del Ejército y la Policía, aún en "tiempos de paz". Además, sobre los únicos tres heridos que quedaron de los enfrentamientos, hasta ahora no se conoce su paradero ni hay acusaciones o procesos judiciales en marcha.
La investigación también reveló que de los 22 muertos, al menos 12 eran líderes de los autoproclamados movimientos armados.
Entre los civiles muertos estaba el campesino Modesto Duarte. En su cadáver, Beneranda Rodríguez, su esposa, contó dos tiros, varias heridas con cuchillo en las piernas y costados y dos fracturas en una pierna y un brazo.
“Tenemos aquí personas que relatan hechos de tortura; situaciones en las que podemos llamar ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones sumarias y en las cuales posteriormente no hay ninguna investigación por parte de las autoridades competentes. En este caso la Policía Nacional o incluso el mismo Ministerio Público”, lamentó Juan Carlos Arce, en ese entonces director de la filial del Cenidh en Matagalpa y Jinotega.
En días recientes, el sacerdote José Iván Centeno, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Wiwilí, Nueva Segovia, declaró al Periódico Hoy que en la zona lo que está ocurriendo es que “están venadeando (matando) a mucha gente”. Según el sacerdote, en las últimas semanas al menos tres campesinos han sido ejecutados, y a pesar de las denuncias de sus familiares, la Policía no ha realizado ninguna investigación contundente.
“Lo lamentable es que no se conoce tampoco que autoridad competente alguna esté o haya investigado estos crímenes”, criticó el religioso.
