10 de septiembre 2024
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La dictadura orteguista arrebató la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos desterrados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024, violentando una vez más los derechos constitucionales de los nicaragüenses.
En una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, divulgada en medios oficialistas, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, informó que "con base en la Constitución Política, Código Penal y Leyes #1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y #1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense), emitió resolución judicial ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional".
Sin embargo, la Constitución Política de Nicaragua establece que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad". Y, en contraste, la dictadura orteguista regala la nacionalidad a sus allegados, incluidos exfuncionarios centroamericanos prófugos de la justicia en sus países de origen.
Presos políticos desterrados también serán confiscados
El Poder Judicial, controlado por la dictadura orteguista, agrega que también dispuso "el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país".
Según la dictadura, con eso hace "justicia efectiva" a las víctimas, pese a que la dictadura nunca ha reconocido los más de 300 asesinados y miles de heridos por la represión y masacre oficial contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril de 2018.
Desde febrero de 2023, la dictadura orteguista ha excarcelado, desterrado y ordenado la confiscación de aproximadamente 400 reos de conciencia a Estados Unidos, el Vaticano y Guatemala. Pese a la orden de anular la nacionalidad y ejecutar la confiscación de los 135 presos políticos, la dictadura sigue sin publicar la lista oficial con nombres y apellidos de estos últimos.
