27 de febrero 2023
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El despojo de la nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cayó como un rayo sobre los 317 nicaragüenses afectados- 222 excarcelados el 9 de febrero y otros 94 en una lista divulgada por el Ministerio Público de la dictadura el 15 de este mes-.
Algunos lo siguen asimilando, mientras otros dan los primeros pasos para descubrir cómo salir del limbo migratorio en que se encuentran debido a la represión del régimen. Su principal demanda es que se agilicen procesos de asilo o refugio en terceros países y que los Gobiernos que dispusieron sus nacionalidades, creen mecanismos para aterrizar en la práctica sus declaraciones políticas.
Amaru Ruiz está refugiado en Costa Rica. Se exilió a finales de 2018 por amenazas de cárcel por el régimen de Ortega, que además confiscó sus bienes de facto, antes que él junto a otros 93 nicaragüenses fueran expropiados por una ilegal resolución judicial y calificados como “traidores a la patria”. El ambientalista ya solicitó su documentación en Costa Rica para garantizar seguir ejerciendo su labor como defensor, mientras estudia los diversos escenarios ante la pérdida repentina de su nacionalidad.
Ruiz señala que tanto los países como los perjudicados no estaban preparados para actuar ante un hecho que trasciende la historia de las mismas dictaduras de América Latina, cuyos gobiernos autoritarios han convertidos a opositores políticos en apátridas, como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Sin embargo, nunca en un grupo tan numeroso como el caso de Nicaragua: 317 personas en menos de quince días- incluido el obispo y preso político, Rolando Álvarez-.
España, Chile, Colombia, Argentina y México ofrecieron su nacionalidad a los “apátridas” nicaragüenses. Ruiz agradece esas declaraciones públicas y políticas de los gobiernos, pero también demanda que se establezcan los mecanismos operativos para gestionar esas ciudadanías, cuyos requisitos deben considerar la vulnerabilidad en que se encuentran los afectados con la eliminación de sus registros en Nicaragua.
"Es un trámite, no es por decreto que te la van a dar -la ciudadanía-. Hay que hacer una solicitud, toda una presentación, no se sabe de los tiempos porque cada país es diferente, no todos, tal vez, tendrán el mismo trámite", expresó.
En su caso, permanece expectante ante el pronunciamiento de las autoridades costarricenses sobre los “apátridas”. Hasta ahora, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, señaló el pasado 21 de febrero que Nicaragua contraviene el derecho internacional y las convenciones sobre apatridia, con la “privación arbitraria” de la nacionalidad. Pero no ha ofrecido su nacionalidad tica y tampoco ha señalado qué consecuencias tendría que un refugiado nicaragüense opte por otra nacionalidad, pero desee seguir residiendo en ese país.
Vivir sin una nacionalidad
La economista Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua y exsecretaria política del Frente Sandinista, es solicitante de asilo político en Estados Unidos desde hace más de cuatro años. Su condición migratoria cambió el 15 de febrero, cuando el régimen le quitó su nacionalidad de un zarpazo. Gómez, quien denunció los abusos del régimen orteguista ante una comisión del Congreso estadounidense, asegura que se mantendrá “apátrida” hasta que su proceso de asilo avance. Los abogados explicaron que sí acepta una nacionalidad propuesta por otro país, pierde la posibilidad de obtener la protección internacional en Estados Unidos.
“La única solución que nos dan -los abogados- es quedarnos como apátridas, esperando en el limbo migratorio indefinido hasta que los EE. UU. nos haga la entrevista de miedo creíble”, expresó a CONFIDENCIAL. Gómez, al reflexionar sobre la posibilidad de otra nacionalidad, piensa en la incertidumbre laboral, ya que en Estados Unidos cuenta con un permiso de trabajo, y aunque no ejerce su profesión, labora con organizaciones de la sociedad civil, lo que permite sostener a su familia.
“En la práctica, según lo que dicen los abogados, me quedaré sin el derecho humano de tener una nacionalidad por mucho tiempo. No puedo movilizarme, no puedo viajar, no puedo -hacer- nada. Estoy prácticamente encerrada en este limbo migratorio”, señaló Gómez.
Por otro lado, Mildred Rayo, es una de las 222 personas excarceladas y desterradas de su país el 9 de febrero de 2023. Lo único que sabía al llegar a Estados Unidos era que ingresó con un parole humanitario y que podrían gestionar su permiso de trabajo.
Tras quince días de estar en EE. UU. Rayo, quien es integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), tiene su panorama un poco más claro. Decidió quedarse en EE. UU e iniciar su proceso de asilo. Hizo su solicitud de permiso de trabajo y espera seguir avanzando en su regularización. Uno de los factores que incidió en su decisión fue la cercanía territorial de EE. UU. con su tierra.
Estados Unidos, que acogió a los 222 desterrados nicaragüense, aseguró que los asistirían en sus gestiones para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, otros exiliados, como Gómez, explican que los procesos de solicitud de asilo son tardados y pueden tardarse años.
Represalia por defensa internacional a los DD. HH.
Uriel Pineda es especialista en derechos humanos y vivía en México cuando estallaron las protestas en Nicaragua en 2018. Sin embargo, el régimen orteguista, lo incluyó en la lista de 94 personas declarados “prófugos de la justicia” en represalia por su denuncia internacional sobre los abusos del régimen contra la ciudadanía.
Pineda considera que ante la pérdida de su nacionalidad su situación es de una “mayor vulnerabilidad” porque él estaba en México por razones profesionales, y no contaba con una protección internacional como refugiado, que es la situación de la mayoría de "apátridas".
“Desconozco a la fecha el estatus de mi residencia en México”, dice Pineda. Una de sus primeras acciones fue solicitar a la cancillería mexicana que desconociera la decisión violatoria de los derechos humanos por parte del régimen orteguista, de despojarlo de su nacionalidad. Sin embargo, la institución no se ha pronunciado al respecto.
Pineda también solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares con un efecto extraterritorial. Esto implica, sí son aprobadas, que la CIDH además de requerir información al estado de Nicaragua sobre sus casos, solicite a otros países suscriptores de la Comisión, se brinde al grupo de "apátridas" la protección que el Derecho Internacional indica. Esto se traduce en generar facilidades para asilo político, refugio o apatridia.
Según Pineda el principal efecto de estas medidas extraterritoriales es que todos los “apátridas” puedan seguir ejerciendo la labor de defensa de los derechos humanos y no inmovilizarlos, tal como quería Ortega. Por su parte, él aún valora las mejores salidas para regularizar su residencia en México.
