27 de agosto 2020
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La decisión de no renovar el mandato y contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, ejecutada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es “política” y “ataca” la autonomía e independencia del organismo, afirmó la comisionada Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión.
“Hay una decisión política para sacar al secretario Abrao, las razones, si son presiones de los Estados u otras, yo no las voy a interpretar, pero llega un informe con supuestas denuncias a pocos días de la renovación del mandato, se nos comunica la no renovación el mismo día que expira su contrato. Obviamente, a nosotros nos parece que aquí lo que hay es un ataque a la autonomía de la Comisión”, sostiene la comisionada Urrejola en una entrevista en el programa Esta Noche y CONFIDENCIAL.
La jurista chilena detalla que la renovación del mandato de Abrao fue decidida por unanimidad por la CIDH en enero pasado y no hubo “ninguna” objeción de los Estados o del mismo secretario general de la OEA, por lo que considera en que estas nuevas trabas para la renovación del contrato son “políticas”.
La vicepresidenta de la CIDH explica que el proceso de renovación de mandato “es exclusivo y autónomo de la Comisión Interamericana”, por lo que a Almagro solo le correspondía “renovar el contrato”, ya que solo en los concursos de elección del secretario ejecutivo es que le atañe al secretario general de la OEA, siempre en consulta con la CIDH, “designar” a dicho funcionario.
Las “denuncias” señaladas por Almagro como argumento para no renovar el contrato de Abrao se dieron el año pasado y, aparentemente, estaban resueltas. Urrejola explica que conocieron que la oficina Ombudsperson -que funciona como un ente interno de resolución de problemas laborales dentro de la OEA- recibió denuncias de diversas personas, pero esta no especificó contra qué funcionarios de la Comisión iban dirigidas.
Ante las supuestas denuncias, afirma, procedieron a informar tanto al Secretario ejecutivo como al equipo directivo de la Secretaría Ejecutiva, la Junta Directiva y al mismo secretario general de la OEA y se realizó un proceso de diálogo, reuniones y la situación, aparentemente, estaba resuelta con la aplicación de una serie de recomendaciones y sugerencias, las cuales fueron “implementadas por la Secretaria Ejecutiva a lo interno de la Comisión Interamericana”.
Ombudsperson entrega informe tardío e inespecífico
Sin embargo, días previos a la renovación del mandato de Abrao, según Urrejola, conocieron un informe de la Ombudsperson, donde señalan una serie de denuncias que ya habían sido ventiladas y, supuestamente, resueltas en 2019.
“Este año nunca más existió nada de la Ombudsperson, entendíamos que la situación era del año pasado y que se implementaron las recomendaciones y todo estaba resuelto, pero envió su informe del año pasado, nueve meses después, al secretario general y al pleno de la Comisión”, criticó Urrejola.
Asimismo, señaló que en dicho informe hay muchos vacíos, pues aunque se denuncia situaciones del ambiente laboral como acoso e irregularidades administrativas, “no hay una precisión de cuántas denuncias hay, no hay precisión contra quién son las denuncias, habla de un conflicto laboral complejo, de quejas, de problemas administrativos, de concursos que no fueron como correspondía, de situaciones generales, pero en ningún momento habla de que hay tantas denuncias contra el secretario ejecutivo”.
La vicepresidenta de la CIDH también criticó que la Ombudsperson, en nueve meses, no informó a ninguno de los supuestos implicados en las denuncias de los procesos que supuestamente había en su contra.
“Hicieron todo este trabajo desde el año pasado y, hasta la fecha, no hay ningún funcionario que haya recibido una notificación de una denuncia por una investigación por supuestas irregularidades”, denunció la funcionaria de la CIDH.
Abrao recibe “sanción de facto”
Urrejola calificó la sanción que ejecuta Almagro contra Abrao como “una sanción de facto”, ya que “no ha habido debida investigación, ni debido proceso o presunción de inocencia”.
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La demanda del organismo defensor de derechos humanos es que el secretario general de la OEA respete la autonomía e independencia de la CIDH renovando el contrato de Abrao, pues como organización están anuentes a que se realicen las debidas investigaciones sobre las supuestas denuncias recibidas por la Ombudsperson.
“Nuestro reclamo es que el mandato del secretario Abrao debe ser renovado y luego, si hay denuncias contra él u otros funcionarios, estas denuncias deben ser investigadas y una vez que han sido investigadas y se establezcan las presuntas responsabilidades, la Comisión determinará si el secretario Abrao u otros funcionarios son dignos de la confianza de la Comisión”, recalcó la comisionada de la CIDH.
Urrejola sentenció que sin una investigación sobre las supuestas denuncias no se puede sacar a Abrao que ha sido legítimamente elegido y renovado “de forma unánime” en su mandato desde enero pasado, puesto que de ser así se está fracturando la autonomía de la CIDH.
Además, menciona que al violar Almagro principios procesales y actuar de esa forma, esta lesionando los principios interamericanos y la credibilidad y autoridad e la OEA para demandarle a los Estados los valores que no aplica en su seno.
“Si nosotros pasamos exigiendo el debido proceso y el principio de inocencia a los estados... y la Corte Interamericana ha sancionado a los estados en este tema, entonces, para nosotros es fundamental que a un funcionario de la Comisión se le apliquen estos principios", insistió Urrejola.
Restar autonomía a la CIDH “es gravísimo”
La comisionada Urrejola reiteró que este tipo de presiones que buscan restar autonomía a la CIDH son “gravísimas”, pues significa vulnerar su función principal que es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los diferentes países de las Américas.
“La autonomía o independencia es fundamental para poder determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos sin presión de los estados”, afirma.
Pablo Abrao, Antonia Urrejola, Carlos Hernández y Edison Lanza en una conferencia de la CIDH, en mayo de 2018, en Nicaragua. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
Urrejola, también relatora de derechos humanos para Nicaragua, recordó que en el caso de Nicaragua fue “fundamental” la autonomía e independencia del organismo, pues con presiones de un estado o de los estados difícilmente se hubiera determinado que, durante las protestas de 2018, el Estado de Nicaragua cometió graves violaciones contra los derechos de los nicaragüenses.
“El caso del Estado de Nicaragua demuestra la importancia de que el secretario ejecutivo tenga autonomía… qué hubiese pasado con Nicaragua si Paulo (Abrao) hubiera sido presionado por los Estados o por el propio Estado de Nicaragua, cuando en ese momento lo que estábamos enfrentando era precisamente al Estado de Nicaragua y al Gobierno de Nicaragua”, argumenta.
Paulo Abrao sigue siendo secretario general
La Comisión Interamericana sostiene que, pese a la postura de Almagro, “Paulo Abrao sigue siendo el secretario ejecutivo” de la CIDH. Sin embargo, administrativamente han destinado a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, para las firmas y procesos que por ahora Abrao no puede realizar por el bloqueo impuesto por el secretario general de la OEA.
Urrejola sostiene que seguirán disponibles y anuentes al diálogo con Almagro, pero advierte que este debe ser bajo el respeto de la autonomía e independencia, lo cual pasa por “renovación del mandato del secretario ejecutivo”.
La vicepresidenta de la CIDH advirtió que, al no darse una solución a través del diálogo, tendrán que recurrir ante la Asamblea General de la OEA y así, junto a los estados miembros, “buscar una solución a esta situación”. Urrejola reveló que, hasta ahora, han “conversando con los embajadores para que nos ayuden a buscar una solución amigable”.
