18 de marzo 2021
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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobará la próxima semana una resolución que condenará la represión, los ataques violentos y los repetidos actos de intimidación y hostigamiento del régimen de Daniel Ortega, y que solicitará reformas electorales urgentes, anticipa el abogado colombiano, Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).
Muñoz apunta que "hay mucha preocupación" de los Estados miembros de la ONU, con respecto a la falta de restablecimiento del estado de derecho en Nicaragua, y la realización de posibles elecciones sin garantías de reformas y "con leyes que podrían inhibir la participación".
En una entrevista con el diario digital salvadoreño Contrapunto, el director de la RIDH valora que esta nueva resolución se aprobará porque hasta la fecha no han retornado al país los organismos de derechos humanos internacionales que fueron expulsados por el régimen de Ortega, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el régimen de Ortega, el informe sobre Nicaragua, que presentó, el pasado 25 de enero, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, fue una derrota diplomática al discurso de normalidad que persisten en intentar vender a nivel internacional. De las 29 intervenciones de los países de la ONU, 20 hicieron eco de las denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de circulación, amenazas y otras formas de intimidación a opositores, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
"Las personas consideradas opositoras son vigiladas (...) y el derecho a la libre expresión y manifestación, así como la prensa independiente sigue bajo asedio constante, por lo que el estado de derecho está completamente deteriorado", apunta Muñoz.
Pedirán elecciones libres
Un borrador de la resolución, en poder de CONFIDENCIAL, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instará al Gobierno de Ortega a entablar "negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y los partidos y grupos de la oposición" para aprobar a más tardar en mayo de 2021 "reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, de acuerdo con las normas internacionales, que prevean la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales".
Además solicitarán a Bachelet "que refuerce y amplíe el seguimiento llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado y siga informando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, entre otros medios preparando un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto" que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 49 período de sesiones.
La resolución indica que se solicita a Bachelet "que vigile de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto del proceso electoral y que presente oralmente al Consejo de Derechos Humanos, antes del final de 2021, un informe provisional actualizado con recomendaciones".
Muñoz indica que hay preocupación porque "la gente básicamente no se puede reunir libremente" en el país y hay "una restricción total" reforzada con las leyes punitivas aprobadas como la Ley de Ciberdelitos o la Ley de Agentes Extranjeros.
"Las leyes (punitivas) aprobadas por el Gobierno establecen sanciones para todo aquel que haga manifestaciones o declaraciones en contra del Gobierno de Nicaragua, incluso si las hacen a través de las redes sociales", insiste.
Cese a la represión
El borrador de resolución expresa "gran preocupación" por las continuas denuncias de violaciones de los derechos humanos, la constante prohibición de las manifestaciones públicas, la persistencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos parapoliciales.
También indica que los países de la ONU han conocido "denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además del aumento de los asesinatos por razones de género y los actos de violencia sexual y de género durante la reclusión".
La resolución instará al Gobierno a que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas y que "derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos".
