20 de octubre 2022
AA
Share
Los últimos 35 días de Andrea Margarita del Carmen, exdirectora de programas del desaparecido centro PEN Nicaragua, han sido angustiantes en el exilio. Su hijo Gabriel Alfonso López, un auditor de 34 años, se encuentra preso en una nueva etapa de la represión del régimen de Daniel Ortega que encarcela a los familiares de los perseguidos políticos para intentar capturarlos.
El 14 de septiembre pasado, mientras López se encontraba en la casa de su madre en Carretera Sur en Managua, cuidando a su abuela de 90 años que padece Alzheimer, fue arrestado por la Policía.
Lo acusaron finalmente el 30 de septiembre por cometer el supuesto delito “de menoscabo contra la integridad nacional”, tras una audiencia preliminar casi al mediodía del primero de octubre y el 19 de este mismo mes se dio la sesión inicial ante el juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia, a cargo de Rolando Sanarrusia Munguía, con antecedentes de persecución a presos políticos.
Lea: Familiares de rehenes políticos del régimen reclaman: Suéltenlos. Son inocentes”
Andrea Margarita relató que los oficiales de la Policía le quitaron el teléfono celular a su hijo y desde ahí le enviaron mensajes, que ella ignoró. Fue entonces que se lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial, donde se encuentra las celdas policiales de El Chipote, denunciadas como un centro de torturas de la dictadura en Nicaragua.
“Cuando la familia fue a preguntar por él en El Chipote, les dijeron que quien les interesaba era yo, y que él solo salía libre si me entregaba. Está confirmado que está allí, pero nadie de la familia lo ha podido ver. Ni el abogado”, dijo este miércoles la activista de DD. HH. a la periodista Cindy Regidor en el programa televisivo Esta Noche.
Gabriel López del Carmen, procesado por las autoridades y usado como rehén para intentar atrapar a su madre Andrea Margarita Foto/Cortesía
En la entrevista, Andrea Margarita se definió como defensora de la libertad de expresión, pensamiento y organización, tres derechos constitucionales que son actualmente criminalizados en territorio nicaragüense.
La madre sostuvo que no tenía grandes expectativas de la audiencia de este 19 de octubre, en la que podía imaginarse a los policías presentando como “pruebas” una serie de perfiles falsos en las redes sociales y el testimonio de uniformados acusando a su hijo.
Según el acta de la audiencia del primero de octubre, que es el único disponible en el sistema electrónico de los juzgados hasta ahora, las “pruebas” presentadas no eran muy claras. La defensora pública dijo en ese momento que en la relación de hechos se describía sin especificar cuál fue el uso de las redes sociales entre 2020 y 2022.
En el mismo documento se hace referencia a dos publicaciones entre enero y agosto. “Donde reproduce la publicación realizada en un sitio web donde el único comentario es que se apliquen sanciones a los sandisapos, no se dice cuál es el hecho delictivo que ha hecho. Reproducir dos publicaciones no es conspirar contra el Estado de Nicaragua, por lo que pido se rechace la misma (acusación)”, dijo la defensora pública.
La defensa del acusado la asumió posteriormente un abogado privado. Para Andrea Margarita, la persecución del Estado ha causado mucho dolor en su familia. La decisión del régimen no solo le parece injusta, sino vergonzosa, porque muestra cómo han llegado al límite de castigar a otras personas solo porque son familiares de perseguidos políticos.
“Todos somos inocentes, no somos criminales, ni planificamos golpes de Estado, pero lo peor es que esas son cosas que uno lo ha visto en películas de la mafia de la droga, que te agarren a un familiar como rehén”, afirmó.
La persecución a la familia de Javier Álvarez
La familia de Javier Álvarez se encuentra en una situación similar. Son procesados su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra, su hija Ana Carolina y su yerno Félix Ernesto Roiz Sotomayor. Fueron acusados ante el mismo juzgado por los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.
Álvarez y su abogado declinaron ofrecer comentarios sobre la audiencia que se realizó el 18 de octubre, a las dos de la tarde. Igual que en el caso anterior, el único registro disponible en el sistema electrónico de los juzgados corresponde a la audiencia inicial celebrada el primero de octubre.
La defensa en la audiencia preliminar hizo hincapié en que ni siquiera fueron descritos los actos de investigación, realizados supuestamente por la Policía. “También hace referencia a que el acusado Félix (Roiz) publicaba noticias falsas, a través de redes sociales, pero esa circunstancia no queda clara en la narración del Ministerio Público”, dijo.
La familia Álvarez fue representada en un primer momento por un defensor público. Ahora lo hace un abogado privado.
La preocupación creciente de Dulce Porras
Freddy Martín Porras García, acusado desde el primero de octubre por “el delito de conspiración” y “propagación de noticias falsas” tiene prevista su audiencia inicial para el 21 de octubre a las dos de la tarde, según la información oficial de su expediente.
Según Dulce Porras, la hermana del detenido, viven días llenos de preocupaciones. “La familia sigue en estado de angustia, él tiene tres hijas, su esposa”, afirmó vía telefónica la perseguida política.
Ella es dirigente de UNAMOS, el antiguo Movimiento Renovador Sandinista. El hermano de Porras fue capturado el 15 de septiembre pasado, en plenas fiestas patrias, en su casa de Carazo.
