25 de julio 2019
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La asociación de abogados Acción Penal señaló que Pierson Adán Gutiérrez Solís, homicida confeso de la estudiante brasileña, Raynéia Gabrielle Da Costa Lima, “no debe, ni puede” ser beneficiado con la Ley de Amnistía debido a que, en el momento que ocurrieron los hechos, el sistema de justicia admitió el caso como un delito común y liberarlo ahora “marca un antecedente de impunidad”.
El crimen contra la estudiante brasileña ocurrió el 23 de julio de 2018, en el reparto Lomas de Monserrat, en Managua. Entonces, los amigos de la víctima responsabilizaban a un grupo de paramilitares que permanecían en la zona, pero las autoridades negaron hasta el cansancio que el hecho estuviera relacionado con las protestas contra el Gobierno. Argumento que ahora echaron por la borda para liberar a Gutiérrez Solís.
El secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao escribió en su cuenta de Twitter “es un caso explícito de contradicción del gobierno: siempre argumentó que su asesinato no estaba relacionado al contexto de las protestas, que es el objeto de la Ley de Amnistía”, al referirse al crimen de Da Costa Lima.
“Es un caso explícito de contradicción del gobierno: siempre argumentó que su asesinato no estaba relacionado al contexto de las protestas, que es el objeto de la #LeyDeAmnistía”, dijo @PauloAbrao, S.E. de #CIDH, sobre el crimen de #RaynéiaLima. https://t.co/yWnLK7fZlx #Nicaragua
— CIDH (@CIDH) July 24, 2019
El abogado Boanerge Fornos recordó que la Ley de Amnistía “es aplicable a los delitos políticos y conexos. Y en este caso, al señor Pierson no se le estaba acusando por ningún hecho vinculado o que pueda contemplarse como un delito político”, ya que se entiende como delitos políticos todos los hechos que se dieron en el contexto de las protestas y en ese sentido al “al señor Pierson se les estaba imputando un hecho común”.
Gutiérrez Solís fue condenado a 15 años de cárcel por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego, se lee en la orden de libertad emitida por la sala penal uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, en el que los magistrados ordenan “el archivo definitivo” de la causa penal.
Orden de libertad del paramilitar Pierson Pierson Gutiérrez Solís, homicida confeso de la estudiante brasileña, Raynéia Da Costa Lima. Cortesía | Confidencial
La abogada Eilyn Cruz precisó que al liberar a Gutiérrez Solís, quien fue condenado por un delito común, las autoridades judiciales dejan abierta la posibilidad de que “cualquier persona que haya cometido un delito común a partir del 18 de abril (de 2018) se ampare en la Ley de Amnistía” para pedir su libertad.
Autoamnistía en acción
Para el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh) la liberación de Gutiérrez Solís “revela que ha empezado a funcionar la autoamnistía del régimen, para favorecer a los culpables de los crímenes más atroces y perpetuar impunidad en Nicaragua”.
El organismo enfatizó, a través de un hilo de Twitter, que “Pierson Gutiérrez Solís era hasta ahora el único parapolicía enjuiciado y su liberación viola el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de la represión y violaciones de derechos humanos cometidas por dictadura Ortega Murillo”, dice otro de los mensajes.
Todo mundo sabe que fue un paramilitar, que no fue ese vigilante que está sirviendo de chivo expiatorio. A través de este video hago un llamado para la justicia brasileña tome las riendas de este caso. Fue una brasileña asesinada en otro país, denuncianla de Rayneia Da Costa. pic.twitter.com/VZB4uKNwdC
— KeylingT.Romero (@KeylingTRomero) July 24, 2019
Mientras los defensores de derechos humanos lamentan que se haya sentado “un grave precedente jurídico”, María José da Costa, madre de la víctima, señaló que este caso “es una vergüenza para las autoridades nicaragüenses”, ya que están beneficiando “a un camarada que mató a otro ser humano, que pudo ser mi hija u otra persona, que salga completamente libre sin ningún tipo de punición es una vergüenza”.
Da Costa lamentó que al cumplirse un año del asesinato de su hija las autoridades brasileñas “también se cerraron a revisar el caso” y que a pesar de que la familia continúa demandando justicia, las autoridades de su país “nunca se han pronunciado, aceptando que no se puede hacer nada aquí porque es otro país, pero bien podrían entrar con una acción internacional y presionar al gobierno de Nicaragua para que salga la verdad a luz”, subrayó.
