8 de abril 2021
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Amnistía Internacional publicó este miércoles, 7 de abril, su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 149 países del mundo, donde señaló que —durante 2020— en Nicaragua “continuó la crisis de derechos humanos, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir la disidencia”.
Detalló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó con la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político, adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia y continuaron sin atender y adoptar medidas en favor de los pueblos indígenas que denuncian invasión de colonos que se toman sus tierras, los amenazan y propician ataques armados contra las comunidades.
El documento señaló que el Gobierno de Nicaragua, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, no tuvo en cuenta las recomendaciones sanitarias de las organizaciones internacionales y obstaculizó el retorno de cientos de nicaragüenses que intentaron regresar al país.
“Las autoridades promovieron concentraciones multitudinarias en las que no era posible aplicar el distanciamiento físico, y la información oficial sobre la respuesta a la covid-19 no fue transparente”, indicó el informe.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en 2020, también expresaron su preocupación por la respuesta del régimen orteguista frente a la pandemia y la falta de transparencia en cuanto a la información oficial de la covid-19.
Los derechos humanos en 149 países, de la A a la Z
Análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020
Entérate fácil en línea https://t.co/JRL7Lgkr3i
Informe Anual de Amnistía Internacional#AIR2021 pic.twitter.com/YkilwSvbls
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) April 7, 2021
El informe de Amnistía destacó que grupos locales han denunciado que el Gobierno “no proporciona suficiente información sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y contención”.
Además denunciaron que al menos 31 profesionales de la salud fueron despedidos “después de que hubieran expresado su inquietud por las condiciones laborales, la falta de equipo de protección personal y la respuesta gubernamental a la pandemia”.
Vulnerabilidad de reos políticos frente a la pandemia
La organización recordó que, en el contexto de la pandemia, también fue evidente la situación de insalubridad y hacinamiento de las prisiones; además que se “negó a la población penitenciaria el derecho a la salud y se les ponía en riesgo de contraer la covid-19 y morir a causa de ella”.
En Nicaragua, las organizaciones locales y las familias de los presos políticos “denunciaron que algunas de las personas detenidas sufrían graves problemas de salud previos que las hacían especialmente vulnerables a la covid-19”, según el informe.
Hasta diciembre de 2020, según Amnistía, se encontraban encarceladas más de 100 personas por situaciones políticas.
La Oficina del Alto Comisionado, en los primeros meses de pandemia en Nicaragua, también hizo pública su preocupación por informes que indican que unas 40 de esas personas detenidas habían presentado síntomas compatibles con la covid-19.
Amnistía señaló que el año pasado también se registraron detenciones arbitrarias de activistas políticos; y el hostigamiento, recaptura y vigilancia de exreos políticos por parte de las autoridades policiales y grupos progubernamentales.
Violaciones contra las libertades públicas en Nicaragua
La organización documentó también violaciones a la libertad de expresión, reunión y asociación, recordando que las autoridades “continuaron atacando a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y oenegés locales”.
Detalló que el Gobierno de Nicaragua no restableció la personería jurídica de organizaciones a las que se les canceló arbitrariamente; siguió restringiendo de forma ilegítima el derecho de reunión pacífica, a la manifestación y movilización; y propició ataques, criminalización de periodistas, detenciones arbitrarias y el hostigamiento de profesionales de los medios de comunicación y sus familias.
En el informe criticó la aprobación de las legislaciones: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz y la reforma Constitución Política de Nicaragua que permitiría la prisión a perpetuidad.
Los defensores expresaron que “existen temores bien fundados de que estas leyes se utilizaran contra personas que denunciaban las políticas represivas y pedían respeto por los derechos humanos”.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante 2020, también criticó la aprobación de Defensa de los Derechos de los Pueblos a la Independencia, declarando que dicha legislación “trataba de restringir los derechos políticos y ponía en peligro derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales”.
