1 de diciembre 2015
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Managua.- La organización ambientalista Centro Humboldt y líderes comunitarios del municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, pidieron que el Gobierno de Daniel Ortega regule mejor la extracción minera en el país a fin de que tenga menos impacto en el medio ambiente.
"Debido a la contaminación ambiental ocasionada por la actividad minera se han perdido cinco quebradas, 40 ojos de agua y dos ríos", dijo en rueda de prensa el líder comunitario del Movimiento Salvemos a Santo Domingo, Marvin Borge, quien expuso que en varias ocasiones han solicitado tanto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) como a las autoridades municipales de Santo Domingo que regulen la actividad de la empresa minera B2Gold a fin de que se detenga la contaminación que está perjudicando sus recursos hídricos.
"Nosotros lo que pedimos es que las autoridades realmente regulen la actividad minera, porque actualmente miramos una complicidad entre el Gobierno y las empresas, tanto que las autoridades solo llegan cuando es para dar una nueva concesión", sostuvo Borge.
Según un estudio realizado entre 2013 y 2015 por el Centro Humboldt en zonas mineras, un 9,35% de la superficie de Nicaragua está concesionada para la minería metálica, lo que corresponde a 80.000 hectáreas de tierra, indicó el subdirector de dicha ONG, Víctor Campos.
"Estamos desde hace varios años dándole seguimiento a esta actividad y realmente consideramos que tiene una relación beneficio costo que no es favorable para el país", anotó Campos. A juicio del ambientalista esta es una actividad que representa poco beneficio económico para el país en comparación con el "enorme daño ambiental" que sufren el agua y los suelos.
Como parte de ese estudio hicieron un análisis del agua de zonas mineras como Santo Domingo y mina El Limón (noroeste), donde detectaron una profundización del deterioro de la calidad del agua para consumo humano y para actividades productivas, anotó. "Encontramos por ejemplo alto contenido de metales pesados, aluminio en la mina El Limón" aseguró Campos.
El ambientalista considera que si se cumpliera la normativa ambiental y social, la actividad minera sería menos agresiva de lo que es actualmente. Los activistas solicitaron el cumplimiento de la Ley General del Medio Ambiente y sus Recursos Naturales y la Ley Especial Sobre Exploración y Explotación de Minas.
