5 de septiembre 2017
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Cincuenta organizaciones –plataformas, redes, colectivos, movimientos ambientales, de mujeres, feministas, jóvenes y de derechos humanos – manifestaron a través de un pronunciamiento su total rechazo a la “arbitraria” derogación del decreto 76-2006 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El documento, que fue presentado este lunes, dice que la derogación de este decreto es la estocada final de un proceso malintencionado que pone en indefensión la sobrevivencia social y económica de la gran mayoría de la población nicaragüense. Además expone que el desarrollo sostenible no puede garantizarse sin el manejo racional de los recursos y ambientes naturales.
“Esto explica el resurgir del movimiento social expresado en las luchas de las poblaciones campesinas que defienden su territorio y recursos ante iniciativas como el proyecto canalero, la actividad minera; y en defensa del derecho a tener agua para consumo humano y la seguridad alimentaria. Luchas sociales en que las mujeres han tenido un rol fundamental, siendo pertinente silenciar la violencia que busca silenciarles”, reza parte del pronunciamiento.
Parte del documento explica que la naturaleza no puede seguir subsidiando las exportaciones y el espejismo del supuesto crecimiento económico basado en la depredación y extractivismo de sus recursos, pues existen evidencias que los productos de agroexportación y aquellos que aseguran la alimentación del pueblo, no disponen de la cantidad de agua, suelos, bosques y ambientes favorables requeridos para competir en un mercado internacional.
Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino, declaró que la unidad de las distintas organizaciones es un éxito y aseguró que el “decretazo” es uno de los errores más grandes que el presidente Daniel Ortega ha cometido hasta ahora.
“Hoy es un día exitoso, porque logramos consolidar la unidad. El gobierno está dispuesto a desbaratar Nicaragua, pero nosotros esperamos que más personas se sumen a esta lucha, que en el país haya gente con valor, con conciencia”, afirmó Ramírez.
La líder campesina consideró que el reto que tiene Nicaragua es unirse para luchar contra las imposiciones del Gobierno del presidente Ortega y las pretensiones de despojar a los ciudadanos de lo que por derecho les corresponde.
“Hoy estamos haciendo una unidad. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a exigir al Gobierno que derogue la ley canalera, y este decreto. Este error le va a costar muy caro”, continuó Ramírez.
“Ante esta grave situación nos declaramos en alerta y movilización permanente para evitar que se sigan depredando nuestros recursos naturales en beneficio de unos pocos, en detrimento de las mayorías y con el grave riesgo de que las próximas generaciones no tengan opciones para vivir mejor”, finaliza el pronunciamiento.
Una amenaza para los recursos naturales
Víctor Campos, director del Centro Humboldt, manifestó que como pocas veces en la historia de Nicaragua, cincuenta organizaciones han firmado un pronunciamiento en contra de un decreto que vulnera los recursos naturales. “No dudamos que este número va a crecer en los próximos días”, refirió el experto.
Campos aseguró la derogación del decreto es consistente con la falta de beligerancia en el monitoreo, seguimiento y control de las actividades económicas que se vienen desarrollando en el país. También explicó que en Nicaragua se ha venido debilitando la supervisión de las actividades como la minería y que esto confirma el desinterés de parte del Gobierno por mantener las condiciones ambientales en el territorio nacional.
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Jaime Íncer Barquero, exministro de Marena y científico nicaragüense, dijo sentirse feliz porque cincuenta organizaciones de diversa índole, que han reclamado desde hace muchos años el derecho de vivir en paz, tranquilidad y en un verdadero progreso igualitario, apoyan un pronunciamiento justo que busca proteger el medioambiente.
“Estamos viendo cómo el territorio se deteriora al perder recursos naturales que son puestos a la orden de intereses codiciosos. Nosotros continuaremos manifestando nuestro rechazo a través de otros pronunciamientos, iremos específicamente hablando de cada una de las vulnerabilidades que este país tiene, y cuyo comportamiento (de las autoridades) va en contra de la corriente mundial, que es proteger nuestro planeta”, afirmó Íncer Barquero.
La aprobación de este nuevo decreto va en consonancia con la negativa de firmar el Acuerdo de París. La imagen que está dejando Nicaragua a nivel internacional podría deteriorarse más de lo que ya está, pues esta decisión solo deja al país expuesto a los fenómenos del cambio climático, en lugar de prepararlo para enfrentar este tipo de cambios en un futuro, dijeron los ambientalistas.
La situación que enfrenta el país cada vez es más vulnerable, y este tipo de ordenanzas, van en contra de los avances que se han impulsado a nivel internacional. Con el decreto lo que se entiende es que hay un retroceso que viene a afectar aún más la institucionalidad y todo el marco regulatorio que teníamos en Nicaragua, manifestaron los expertos.
