14 de septiembre 2020
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“Sí, hay esperanza de justicia”, por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. “Yo sé que a veces es un proceso lento, pero eso viene, y hay mérito para ello”, afirma con aplomo la abogada internacional Almudena Bernabéu, que acaba de conseguir una condena en la Audiencia Nacional de España, contra uno de los militares salvadoreños responsables de la matanza de cinco sacerdotes jesuitas españoles, asesinados en la UCA de San Salvador en 1989, donde también murieron un sacerdote salvadoreño, una trabajadora doméstica y su hija.
Bernabéu es la directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional, y ha litigado en renombrados casos como el del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en su país en 2013. Cinco años después, en Chile, representó a la familia del cantautor Víctor Jara, en el juicio que culminó con la condena de nueve militares por el asesinato ocurrido 45 años atrás, en los primeros días del golpe del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende en 1973.
La jurista habla con pasión sobre el movimiento de víctimas que se ha organizado en Nicaragua, tras la matanza de abril 2018, para documentar y recabar pruebas sobre los asesinatos de sus familiares y demandar justicia sin impunidad. En Nicaragua, dice la abogada, “la sociedad civil se está organizando y eso creará la base para procesos judiciales, y ahí estaremos, si no en Nicaragua, en otras jurisdicciones”.
Este viernes 11 de septiembre, en Madrid y en San José, se emitieron dos sentencias judiciales relevantes, aunque muy diferentes en sus alcances, en las que Bernabéu tuvo un papel protagónico. En España, el máximo tribunal de justicia emitió una sentencia condenatoria por 133 años de cárcel, contra el coronel del Ejército salvadoreño Inocente Montano, quien fue extraditado a España desde Estados Unidos, por la matanza de cinco jesuitas españoles. Bernabéu representó a los familiares de las víctimas, entre ellas, el rector de la UCA de El Salvador Ignacio Ellacuría, y el ex rector del colegio Centroamérica y de la UCA de Nicaragua, Amando López.
Mientras tanto, en Costa Rica, un Tribunal de Conciencia del que Bernabéu formó parte como “Jueza de Conciencia”, junto a otras tres juristas internacionales, condenó al Estado de Nicaragua por tortura y violencia sexual contra once mujeres y siete hombres, aunque la sentencia solo tiene una implicación política y no es jurídica, o penalmente vinculante para el Estado de Nicaragua.
Horas antes de que se emitieran ambas sentencias, entrevisté por Zoom a Almudena Bernabéu, en su residencia en San Francisco, California, sobre su experiencia, litigando contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad y las posibles rutas para la justicia en Nicaragua. Este es un fragmento de la conversación que sostuvimos en el programa televisivo Esta Semana.
¿Cómo se someten ante la justicia los crímenes de lesa humanidad? Me refiero a crímenes que se ejecutan en el contexto de regímenes políticos dictatoriales, en los que existen mandos de los que dependen las órdenes de matar, de reprimir, de torturar. ¿Estos juicios son contra los responsables políticos, o contra los perpetradores individuales?
En realidad, un poco las dos cosas. La comisión de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos, aunque inicialmente se buscó responsabilizar a los Estados, la evolución del Derecho Penal Internacional ha ido en aras de no solamente responsabilizar a los Estados, sino a los individuos.
Es decir, cuando uno mira las convenciones de Naciones Unidas, que han catalogado la desaparición forzada, la consolidación del crimen de lesa, se habla siempre de la responsabilidad del Estado, y se entiende que la responsabilidad reside en las manos de quienes los representan, como funcionarios, políticos, miembros de las fuerzas armadas. Pero con el Tratado de Roma, que constituye la Corte Penal Internacional, se busca la responsabilidad del individuo, a cualquier nivel. Hablamos de autorías materiales, o autorías intelectuales, personas que ocupan altos cargos o del Ejército o de los propios Gobiernos, pero también autores, quienes disparan o cometen el acto criminal, los dos son posibles, tanto en tribunales nacionales como internacionales.
En su experiencia como jurista, litigando y llevando estos crímenes ante la justicia, tanto en cortes nacionales como en cortes internacionales, ¿cuál de estas dos jurisdicciones tiene más capacidad para impartir justicia penal?
En muchas ocasiones se percibe como una dicotomía o como si fueran excluyentes el tribunal internacional respecto del nacional. Yo creo que constituir en materia de responsabilidad penal individual, la Corte Penal Internacional es un logro extraordinario. Tendríamos que ser muy conscientes todos de la importancia que tiene que esa entidad funcione, que sea independiente, que la dejemos trabajar, y que exista como un órgano garante de que hay responsabilidad, más allá de la responsabilidad de un Estado, que se puede ir por los individuos.
Ahora bien, no lo puede hacer todo, nunca nació para hacerlo todo ni muchísimo menos, ni tienen la capacidad: no tiene una policía judicial, no tiene la capacidad que puede tener cualquier país con su Policía, con sus fuerzas de seguridad, con sus tribunales nacionales, para investigar uno de estos casos; yo creo que en un mundo ideal las dos jurisdicciones se articulan en contra de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales de esta gravedad, y donde hay jurisdicción, en muchísimos países, en Latinoamérica incluso, hay muchas jurisdicciones que permiten ponerse al servicio de la investigación y persecución de estos crímenes.
La abogada internacional Almudena Bernabéu durante el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt, en Guatemala. // Foto de Werner Monterroso
El juicio en España por la matanza de los jesuitas en El Salvador
Usted ha representado ante los tribunales de España a los familiares de las víctimas en un caso que no se pudo hacer justicia en El Salvador por el asesinato de cinco jesuitas españoles, un salvadoreño, un trabajadora y su hija, que fueron masacrados por el Ejército en la UCA de San Salvador en 1989, y está siendo procesado el coronel Inocente Montano, quien fue extraditado de Estados Unidos a España. ¿Se hará justicia 31 años después?
Sí, fue un camino muy largo, sobre todo para la Compañía de Jesús y los familiares de las víctimas, que estuvieron desde el día uno. Yo estoy aquí, 31 años después, porque ellos nunca perdieron la esperanza de obtener una medida de justicia que para ellos siempre fue a partir de la verdad, a partir de un reconocimiento de que efectivamente las Fuerzas Armadas cometieron ese asesinato, se ordenó y se ejecutó desde las Fuerzas Armadas.
Después de todas las vicisitudes, una extradición impensable desde Estados Unidos, (se integró) un tribunal en España en un contexto de pandemia internacional; yo creo que sí vamos a ver algo de justicia en ese sentido de verdad que yo decía. La finalidad de las familias nunca fue que una de estas personas fuera la cárcel, creo que eso es parte de la legalidad, y así ha sido, y él (coronel Inocente Montano) permanece en la cárcel, y si la sentencia es condenatoria, permanecerá en la cárcel.
Pero más allá de eso, en junio y julio, en las sesiones de los testigos, hubo una medida de verdad muy grande, de mano de testigos ejemplares, miembros, incluso de las propias Fuerzas Armadas salvadoreñas, 31 años después, hablaron alto y claro de quién y cómo llevó adelante eso; pero, también del propio coronel (Montano), que tanto en su declaración a preguntas de su abogado, como en su última palabra, que es un derecho que reconoce el sistema español, admitió lo que han venido negando durante 31 años, y es que efectivamente las Fuerzas Armadas, en un contexto de reacción ante la acción militar de ocupar la ciudad por parte del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, cuando el FMLN intenta ocupar San Salvador, la respuesta de las Fuerzas Armadas es, entre otras medidas, asesinar a los padres jesuitas.
Hay otros 15 imputados en este juicio, todos son militares salvadoreños que están protegidos por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que impide su extradición a España, para que también fueran sometidos a este juicio. ¿Quedará en la impunidad su responsabilidad en esta masacre?
La esperanza, para mí, es que no quede en la impunidad. Queda mucho camino y eso me devuelve un poquito a Centroamérica, lo que es vital es que se haga justicia en El Salvador. Yo creo que al contrario, como nos pasó con el caso del genocidio contra Efraín Ríos Montt, esto vuelve a casa, antes o después vuelve a dónde pertenece, que es, sin lugar a dudas, los tribunales salvadoreños. La situación de El Salvador hoy es muy compleja, pero creo que son conscientes los operadores de justicia de que no se puede seguir adelante sin resarcir de alguna manera a las víctimas, sin tener algo de acción judicial o capacidad de trabajar, en este sentido, nacionalmente.
Hay cierta reapertura con el caso de (la masacre) de El Mozote que sigue avanzando. Todo el trabajo está por hacerse en El Salvador, donde están los otros trece involucrados en el crimen, están tranquilos, no sé si protegidos activamente, pero al menos ellos se sienten seguros, siempre y cuando estén dentro de El Salvador. Creo que es importante que apoyemos y ayudemos a los jueces y a los fiscales salvadoreños a que hagan su trabajo.
A lo largo de este proceso también se ha señalado a autoridades civiles y militares de El Salvador como responsables intelectuales de este crimen, como coautores o encubridores. ¿La justicia penal no llega hasta este nivel de responsabilidad política?
La justicia penal sí. En realidad lo intentamos en España, pero no convencimos a la Fiscalía. La Fiscalía se opuso, incluso el juez investigador, el juez de instrucción no abrió el abanico de responsabilidades a esa autoría, efectivamente civil, que tuvo un rol en el encubrimiento.
Hubo muchísimas instancias a lo largo del proceso, en las sesiones tanto de junio como de julio pasadas, y por cuestiones de pandemia, tuvimos esa cuestión privilegiada de que fuera un juicio televisado y de alguna manera más accesible para el pueblo salvadoreño. Pero sí se dijo, por parte de varios de los testigos, en varias ocasiones se reiteró, tanto el rol del expresidente Alfredo Cristiani, como de, hoy un miembro de la Asamblea Nacional, Rodolfo Parker, salieron nombres de personas que tuvieron un rol definitivo en, como decimos en España, liar la madeja, es decir crearse una serie de comisiones y llevar adelante una serie de actos destinados todos a confundir y a eludir las responsabilidades que tenían como miembros del Gobierno.
En este juicio se conocieron más de 7000 folios y un desfile de testigos. ¿Cuál fue la prueba más importante que se presentó, o el testigo, el perito clave?
Quizás más de uno. Es difícil elegir, pero cuando uno espera justicia, que pasen 31 años es a todas luces algo malo. La justicia tiene que ser pronta y tiene que ser, pero si me permites extraer algo tangible de que pasen 31 años, como algo positivo, es precisamente que por ese transcurso de tiempo uno puede tener dos militares que tuvieron un rol, uno desde Inteligencia y otro como miembro de la Academia Militar, y por acompañar a los autores materiales, al batallón Atlácatl en concreto, que son quienes ejecutan asesinatos, tuvieron esos dos testimonios.
Yo pondría quizás una marca en la importancia que tiene que un militar contradiga las mentiras de otro militar. Cuando uno no tiene verdad y cuando uno no puede confiar en un Inocente Montano, un coronel del Ejército contando nada que sea cierto de cómo operaban, tener a otro militar de rango que conoce las Fuerzas Armadas por dentro, y que desmiente algunas de esas cuestiones, creo que tiene mucha importancia. Y, por supuesto, creo que también es importante el testigo ocular, el testimonio de Lucía y Jorge Cerna, que es la primera vez en la vida que han tenido la oportunidad, sin ser coaccionados, todo lo contrario, queriendo contar lo que vieron y cómo lo vieron. Y peritos, por supuesto, la profesora Terry Karl, que ha dedicado su vida a investigar los documentos desclasificados, otra novedad quizás de estos juicios, las colecciones cada vez son más amplias, la dificultad de analizarlos mayor, pero ella tiene esa pericia y eso ha contribuido mucho al rigor de muchas de las alegaciones.
Usted mencionó el caso del general Ríos Montt, que fue enjuiciado en Guatemala, otro proceso en el que también intervino como jurista. ¿Cómo se prueba un genocidio?
Debo confesar, como abogada, que cuando accedí a participar en aquel momento en la fase de dotación de pruebas que se abría tras el litigio, tras toda la fase de recursos de la audiencia nacional, ese fue el reto, cómo probamos un genocidio, que no se había hecho con esa estandarización de la prueba desde el propio holocausto alemán.
Entonces, realmente lo que teníamos que probar era intencionalidad, porque la calidad y crimen de genocidio es que tiene uno que probar el elemento subjetivo, es decir, no solamente que se mata, que se asesina, o que se masacra, se tiene que probar que se hace con la intención de destruir a un grupo, y nos comprometimos a hacerlo, lo hicimos, de manera creativa, pero fue excelente el resultado cuando conseguimos que profesores, antropólogos, juristas y activistas guatemaltecos, nos permitieran diseccionar una sociedad, el elemento del racismo, la profesora Marta Casaús, a hablar del racismo, de la condición del indígena a lo largo de la historia en Guatemala; de los odios que se han generado y la cantidad de políticas públicas, planes, que se han puesto siempre para obstruir que el indígena fuera un ciudadano como el ladino, como el blanco, a pesar de ser mayoritario en número. Entonces, fue básicamente a través de opinión cualificada y estudios realizados, y fue muy interesante.
Las rutas posibles hacia la justicia en Nicaragua
En la crisis que vive Nicaragua después de la matanza de más de 300 ciudadanos, que se ejecutó durante la represión en abril, mayo, junio, julio de 2018, hasta este momento no existe ningún policía, paramilitar o responsable intelectual que esté siendo investigado, o procesado. ¿Existe alguna esperanza de justicia para los familiares de las víctimas, quizás en cortes internacionales?
Sí, yo creo que hay, y debo decir que se está haciendo un esfuerzo, que es inicial a toda posibilidad de justicia, por recuperar la información, por identificar exactamente qué pasó, y quiénes fueron los responsables.
Cuando a uno le matan a un familiar, o lo agreden, naturalmente no se puede hablar de paciencia, creo que es un momento inicial de cohesión y de obtención de información, que se está haciendo en Nicaragua, la sociedad civil nicaragüense se está organizando, y eso creará la base, sin lugar a dudas, y ahí estaremos, creará las bases para procesos, si no en Nicaragua, en otras jurisdicciones. Yo sé que a veces es un proceso lento, pero eso viene, y hay mérito para ello.
Almudena Bernabéu, abogada internacional de origen español. // Foto: Tomada de elmundo.es
El Gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, y por lo tanto no se podría recurrir, aparentemente, a la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. ¿Hay otras vías para hacer justicia? ¿Puede ser invocado el principio de justicia universal en otros países?
Así es. De todas formas, no es cierto que porque uno no sea signatario de la Corte Penal Internacional esté libre de toda responsabilidad. Hay otros mecanismos, otras avenidas, a través del Consejo de Seguridad, e incluso de manera unilateral, la Fiscalía, o incluso abrir investigaciones preliminares, o sea que no ser signatario no es una carta blanca para que nunca un país sea responsable o sea de interés en investigar y profundizar lo ocurrido, en la Corte Penal.
Suponiendo que no fuera el caso, efectivamente hay un número importante de jurisdicciones nacionales, en varios países, que permitirían (abrir procesos). Las bases jurisdiccionales son diferentes, en algunos casos es que se encuentren víctimas presentes (en esos países), hay muchos nicaragüenses en el exilio como consecuencia de estos hechos; en otros casos, es que alguna persona con responsabilidad también, o se encuentre presente o se demuestre que tiene vínculos con el país. Sería una cuestión de analizarlo caso por caso, y según los escenarios, pero hay alternativas, sin lugar a dudas.
¿Qué diferencia hay entre estos procesos penales, que usted está describiendo, y lo que se conoce como justicia transicional, que entre otras cosas busca como establecer la verdad, pero no queda claro si realmente se hace justicia?
La justicia transicional es un proceso más amplio de transformación de un país en función de circunstancias políticas, sociológicas, históricas, culturales, es un proceso completo que intenta tener todos los elementos. Estos son: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa es la aspiración de un proceso de justicia transicional. No es secuencial y la secuencia (no) tiene que ser siempre la misma, a veces la verdad viene dada por procesos judiciales, como ocurrió en Argentina, por ejemplo. Pero es solamente un componente de lo que podría ser un proceso más amplio que, para ser completo, necesita analizar qué responsabilidad tiene el Estado; qué responsabilidad tienen las fuerzas de seguridad; hasta qué punto ese Estado ha sido cooptado ya sea (por) corrupción, ya sean prebendas de grupos privilegiados; es decir, hay muchos elementos: requiere una reforma institucional, es un proceso más profundo, que creo yo que garantiza salud para los países y garantiza democracia. Y los casos (penales) de alguna manera se convierten en azotes muy serios, sobre todo en la región latinoamericana, estos casos en tribunales han precipitado cambios esperados por parte de las víctimas y por parte de las sociedades, entonces sigue siendo un instrumento muy importante.
En Nicaragua se han organizado los familiares de las víctimas en torno a las Madres de Abril, quienes reclaman justicia sin impunidad por la pérdida, el asesinato de sus hijos, de sus familiares; pero hay otros crímenes como estos que fueron conocidos esta semana en Costa Rica por un tribunal de conciencia en el que usted formó parte, crímenes de abuso sexual cometidos durante la represión. ¿Este tipo de crímenes pueden ser judicializados?
Absolutamente. Y quisiera decir dos cosas: la gravedad de los crímenes de violencia sexual, específicamente los que se han cometido en Nicaragua, abundaba la necesidad de este tribunal, creo que ha sido (una) iniciativa muy importante para contarle al mundo lo ocurrido; pero también es absolutamente innovador, en el sentido de rescatar inmediatamente esa violencia, extraerla y analizarla, porque en términos generales hemos llegado siempre muy tarde como abogados, como investigadores, como defensores de derechos humanos, a darnos cuenta de ese componente, independientemente de toda la violencia generalizada, porque creo que es una práctica transversal que ha quedado oculta o de alguna manera minimizada en muchas de las investigaciones, así que creo que ha sido un esfuerzo notable.
¿Por dónde empieza la ruta hacia la justicia? ¿Por una confesión, un papel, una prueba, un pez chico o un pez gordo?
Empieza preparando a la comunidad de víctimas y la sociedad civil, (que) están juntas y están claras de lo que quieren hacer, y esa energía que la generan solamente quienes han sufrido, empieza a hacer olas, como dicen en Estados Unidos, y a partir de ahí empieza a haber justicia, y aparece una confesión, aparece quien se contradice, aparece quien se arrepiente, y se puede llegar a los peces grandes.
Algunos sectores alegan que en procesos de transición después de dictaduras criminales, como la que hay en Nicaragua, estas demandas de justicia sin impunidad deberían subordinarse a otro tipo de imperativos, como estabilidad o elecciones, para evitar heridas más profundas y confrontación política. ¿Se puede tener democracia sin justicia? ¿Cuál es su propia experiencia como jurista, frente a estos dilemas?
Yo creo que son falsos dilemas. La medida de justicia, cuando uno analiza que por qué tenemos justicia, por qué se insiste en un Poder Judicial independiente, por qué se insiste en leyes y normas, precisamente (es) para que todos sepamos en dónde estamos, a dónde pertenecemos, y cómo debemos actuar. A la justicia se le puede poner una espera, para decir, vamos a hablar de unas elecciones o vamos a intentar una negociación política. Hay miles de escenarios en diferentes países, y creo que solamente quienes son parte del país y parte del proceso pueden definirlo. Hay muchas opciones, pero nunca abandonar justicia. Si se empieza ese proceso y, a lo largo de este proceso no se garantiza alguna medida de justicia, será incompleto, excluirá una parte importante de la población, será insuficiente y, para mí, será débil y se resquebrajará en algún momento.
¿Qué le recomendaría a los familiares de las víctimas en Nicaragua, y a las organizaciones de derechos humanos que abogan por una justicia sin impunidad?
Que sigamos trabajando. Están muy al principio, en el sentido de que eso es reciente, la violencia fue un shock, creo que (en este momento) más importante (para) Nicaragua, que haya un juicio, puede ser que haya un cambio político importante, creo que solo ellas en su búsqueda, solo estas víctimas y las comunidades y la sociedad civil, en esta búsqueda de justicia, pueden precipitar ese cambio. Y la recomendación es, pasito a pasito, pero llegará, llegará. Yo sé que no van a desistir. Pero es en esa perseverancia donde uno encuentra los caminos.
Pero todos los casos que usted ha descrito han dilatado más de treinta o cuarenta años.
Sí, estos casos, por su naturaleza, cuando ya me los encontré ya habían pasado diez años. Yo creo que a pesar, incluso, del momento rarísimo que estamos viviendo con esta pandemia, y como se están desfigurando derechos y algunas de las conquistas, creo que la gente entiende la capacidad de poder buscar justicia de una manera más pronta, y se asocia alrededor de estos esfuerzos (de) antes.
Se ha avanzado, todos manejamos un lenguaje de crímenes de lesa o violaciones de derechos humanos. Entonces sí ha habido progreso. No es lo mismo hablar de 1989 (que) de un mundo pos Corte Penal Internacional, y eso incluso se refleja, si me permite especular, en el miedo de un presidente (Donald) Trump sancionando a la Corte Penal; si no le tuvieran miedo a la Corte Penal Internacional y a la capacidad de perseguir, por ejemplo, a oficiales norteamericanos, no le sancionarían. Entonces, se ha avanzado mucho en lo que es necesario para buscar justicia o para lograr algunas soluciones más pronto. No es ideal, no lo va a ser, porque se enfrenta siempre a obstrucciones políticas, lógicamente, esta justicia es la más impopular de todas, es la que pretende cambiar un statu quo que ni los poderosos ni los enriquecidos, quieren cambiar.
Y los perpetradores, los poderosos, ¿tienen alternativas de impunidad, para protegerse en otros países?
Sí, pero eso también ha cambiado. Hoy se les hace más difícil. Los países están más atentos, incluido Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países más irresponsables en materia de la lucha contra la impunidad, y sin embargo, tiene un sistema de sanciones, y castiga, y le niega la entrada a personas que están en listados en otros países. Hay una voluntad, para mí, de frenar a estas personas que han vivido con impunidad, no es ni cerca de lo que esperamos o de lo que nos gustaría, pero sí hay una tendencia más general a trabajar en esa dirección, a exponerles, a investigarles, a sancionarles.
