11 de julio 2023
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Al menos 208 periodistas y trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses se han exiliado por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado por la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
En el informe, titulado Cárcel, censura y exilio: la receta aplicada por Ortega en contra de la prensa independiente en Nicaragua indicaron que al menos 23 profesionales de la comunicación se vieron obligados a exiliarse entre abril y junio de 2023.
Esos 23 comunicadores abandonaron su país “como consecuencia del hostigamiento, amenazas de encarcelamiento y agresiones de las que eran víctimas en su mayoría por agentes policiales”, explicaron en el informe. Con estos se elevan a 208 el número de periodistas y trabajadores de medios que se han exiliado entre abril de 2018 y junio de 2023.
El informe revela también que entre abril y junio de 2023 hubo al menos 18 casos de violaciones a la libertad de prensa que incluyen agresiones, detenciones arbitrarias, discursos estigmatizantes, restricciones al acceso de información y proceso penales.
Estas violaciones a la libertad de prensa recayeron sobre 13 nicaragüenses, siete hombres y seis mujeres. Asimismo, hubo cuatro casos que de asedio en las viviendas de periodistas quienes decidieron no denunciarlo por miedo a más represalias.
Según detalla la FLED, Costa Rica es el país que más acoge a los profesionales de la comunicación de Nicaragua, se estiman unos 112 periodistas, seguido de Estados Unidos y España. De estos dos últimos países no brindan más detalles.
Periodistas se reinventan en Nicaragua
En su informe, Voces del Sur y la FLED también alertaron que en tres de los 17 departamentos/regiones que conforman Nicaragua “no existe práctica periodística independiente”, lo que fue tildado de “catastrófico”.
Además, de los periodistas que continúan ejerciendo la profesión dentro de Nicaragua, la mayoría lo hace desde la “clandestinidad”, otros han tenido que dedicarse a emprender en pequeños negocios, y un número reducido sobreviven en medios radiales y televisivos en programas de “bajo perfil” o de poca audiencia.
“La judicialización de la práctica periodística en el país continúa, uno de los nuevos patrones es la detención ilegal de periodistas, apertura de juicios exprés, y luego la presentación diaria ante las delegaciones de policía de su localidad”, denunciaron.
La autocensura
Por otro lado, esos organismos advirtieron que “los pocos medios de comunicación independientes que aún operan en el país en su formato tradicional han sido obligados a modificar o ajustar su programación”.
“En unos casos han adoptado un enfoque más comercial, y otros donde todavía -se presentan noticieros- evitan abordar temas del contexto sociopolítico, evaluación de políticas públicas, o en su defecto la denuncia de casos de violaciones a derechos humanos”, señalaron.
Según el informe, ese tipo de contenido ha sido sustituido por noticias de suceso, farándula, temas internacionales, efemérides culturales, asuntos religiosos e incluso por contenido “neutro” facilitado por el Gobierno como la ejecución de proyectos de adoquinado, remodelación de parques, entre otras temáticas similares.
A pesar de que la cobertura de sucesos es una de las temáticas que de alguna manera pueden ser publicados sin mayores consecuencias, los organismos aseguraron que recibieron reportes de periodistas “a los que en el interior del país se les ha negado su derecho a cubrir este tipo de noticias”.
“Los afectados han señalado que mientras a ellos les niegan la oportunidad de brindar cobertura a estos hechos y hacer recursos (imágenes, videos) y entrevistas a sus colegas de medios oficialistas, la Policía Nacional hasta protección les brinda”, anotaron.
