18 de octubre 2018
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Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) a seis meses del estallido de las protestas masivas contra el Gobierno de Daniel Ortega, denuncia que las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua han ocurrido con conocimiento de las "más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta" -Ortega y Rosario Murillo-, y también, en muchas ocasiones, "bajo su orden y control".
Consta así en el informe "Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua", presentado este jueves en Madrid. El informe documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI.
Las personas en Nicaragua permanecen firmes defendiendo sus derechos, pese al terror sembrado por el gobierno. ¿Cuántas personas más tiene que morir para que pare la represión? Lee nuestro informe 👉https://t.co/IoW4sXPGiW #SOSNicaragua pic.twitter.com/PsH93Pehlo
— AmnistiaOnline (@AmnistiaOnline) 18 de octubre de 2018
"El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó 'terrorista' o 'golpista' a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas", argumenta AI en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.
- Descargá aquí el informe completo en español
Al menos 325 nicaragüenses han sido asesinados durante las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril debido a unas reformas de la seguridad social, luego anuladas.
El Gobierno de Managua, por su parte, reduce la cifra de víctimas mortales a 199, denuncia un intento de golpe de Estado y niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, comentó en rueda de prensa el "incremento de la represión violenta por el Estado", con uso de la fuerza "excesivo y muchas veces letal" por "grupos armados progubernamentales" coordinados con la Policía, y pidió que los responsables sean llevados ante la Justicia.
Uso excesivo y desproporcionado de fuerza letal
El estudio también denuncia el empleo de "armas de tipo militar" para "reprimir" las protestas y añade que el Estado usó la "tortura".
Para este informe, AI realizó dos misiones de documentación en Nicaragua y Costa Rica, con 115 entrevistas de víctimas, familiares, testigos, personal médico y activistas de derechos humanos. Un equipo de expertos analizó más de 80 documentos audiovisuales y fotográficos.
"Estas violaciones (de derechos humanos) se llevaron a cabo -precisa el informe- no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control".
No solo hubo un uso "excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal", sino también "posibles ejecuciones extrajudiciales", seis según el informe.
AI constató también la "reticencia" de las víctimas a denunciar, pues las garantías procesales judiciales básicas no se cumplen en Nicaragua, apostilló Pilar Sanmartín, investigadora de crisis de la organización.
Sanmartín reconoció que algunos manifestantes emplearon "cierto grado de violencia" con armas de fuego.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo en el mismo acto que no se ve salida en un país "moralmente destruido", con "hostigamiento" a los activistas de derechos humanos y periodistas y donde se ha "traicionado" la revolución y "destruido" a la oposición.
AI urge a Ortega a desmantelar los "grupos parapoliciales", cesar la "persecución y detenciones arbitrarias" y garantizar las libertades.
Que el Gobierno español no mande más armas
Amnistía Internacional (AI) también espera que el Gobierno español no vuelva a mandar armas a Nicaragua, después de que enviara en 2010 y 2016 material antidisturbios que "ha podido ser utilizado durante la represión" de las protestas ciudadanas que comenzaron hace seis meses contra el presidente Daniel Ortega.
"Parece que hay el compromiso del Gobierno de no volver a enviar armas, esperemos que esto sea así", dijo hoy el director de AI España, Esteban Beltrán, en la presentación de un informe de la organización sobre "violaciones de derechos humanos" durante esas manifestaciones.
El activista pidió al Ejecutivo español que contribuya a que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convoque una sesión especial sobre Nicaragua, de la que salga una propuesta para constituir una comisión internacional de investigación.
También instó a la comunidad internacional a permanecer vigilante y exigente con las obligaciones del Estado nicaragüense sobre derechos humanos y no consolide la "estrategia de la represión" de las autoridades nicaragüenses.
Beltrán pidió que los gobiernos de otros países den "protección" a los nicaragüenses que están huyendo al extranjero.
AI se propone entregar 20 000 firmas en la embajada de Nicaragua en Madrid para que el gobierno de Ortega garantice y respete las libertades e investigue los casos de "violaciones graves de derechos humanos".
