22 de septiembre 2023
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La extradición de dos nicaragüenses exmiembros de la “Contra” y opositores al régimen orteguista aprobada por la justicia de Costa Rica los coloca en riesgo de ser torturados, como ocurrió con otros presos políticos, valoran abogados de Nicaragua y Costa Rica. Los defensores piden a Costa Rica que proteja la vida e integridad de estos nicaragüenses, como país signatario de la Convención contra la Tortura.
“La Convención contra la Tortura dice que ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. En Nicaragua no existe garantía de que estas personas no van a ser sometidas a tortura”, expresó la abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, en entrevista con Esta Noche. Dicha organización documentó 158 casos de tortura en los que participaron agentes policiales, penitenciarios y paraestatales.
Un Tribunal de Apelaciones de Costa Rica ratificó la extradición concedida por un Tribunal de Juicio de Puntarenas en contra de Reinaldo Picado Miranda, alias "Comandante Omar", y Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias "Relámpago". Posteriormente, la Sala Constitucional declaró sin lugar un habeas corpus para impedir la extradición. Sin embargo, la extradición “no es inminente”, asegura el abogado costarricense Daguer Hernández, defensor de los nicaragüenses, en la misma entrevista.
“En Costa Rica hay un proceso, un Estado de derecho y un seguimiento en todas las etapas del proceso, incluso de extradición. Todavía faltan acciones que desarrollar. No puedo decir que es inminente. Podemos decir que está autorizada la extradición por parte de los tribunales, pero no que es inminente y que va a ocurrir en un momento o algún tiempo determinado, a pesar de que hay un plazo de dos meses conforme lo que establece la ley -a- los tribunales para hacer el proceso de extradición”, explicó el abogado Hernández.
Agregó que actualmente revisa la respuesta de la Sala Constitucional ante el habeas corpus denegado y que fue presentado por otro abogado, para evaluar los siguientes pasos en la defensa. Hernández no descarta elevar el caso al Sistema Interamericano para defender lo que él considera el “tema principal” del caso: “acceso a una justicia con garantías procesales efectivas, una justicia que tenga respeto por los derechos humanos”.
Pruebas para denegar la extradición de nicaragüenses
El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU confirmó que el régimen orteguista cometió crímenes de lesa humanidad desde 2018 -cuando iniciaron las manifestaciones cívicas- y lo sigue haciendo. Funcionarios policiales y penitenciarios participaron en actos de violencia y tortura, señaló Flores. Esa información es conocida por Costa Rica, por lo que "hay elementos para que Costa Rica pueda también denegar la extradición porque sí tiene un compromiso de cumplir con estos tratados", expresó.
Agregó que el país “tiene una responsabilidad internacional frente a estas personas que pueden potencialmente ser sometidas a tortura porque de acuerdo a sus perfiles políticos, pueden ser objeto- por opositores o disidentes- de violaciones a sus derechos humanos como la falta de la garantía del debido proceso que está demostrado en cientos de expedientes de opositores en Nicaragua”, recalcó la defensora.
Aunque exista un tratado internacional de extradición, no se puede desconocer otros tratados como la Convención contra la Tortura y, mucho menos, obviar el contexto político actual de Nicaragua y las condiciones que enfrentan las personas presas políticas, continuó Flores.
La justicia orteguista acusa a Picado y Álvarez de una presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, trabajador de una empresa de cacao, durante un atraco ocurrido el 1 de octubre de 2022 en Río San Juan, en la zona fronteriza con Costa Rica.
Picado fue incluso concejal del Partido Liberal Constitucionalista en Kukra Hill, en el Caribe de Nicaragua, pero no pudo ejercer el cargo por las amenazas en su contra de operadores de la dictadura. La misma situación de riesgo enfrentó Morales.
Los opositores pidieron refugio en Costa Rica, alegando que el régimen los estaba involucrando en el caso por ser opositores, pero el Gobierno costarricense rechazó las solicitudes.
El abogado Hernández también aseguró que invocar el cumplimiento de la Convención de Tortura por parte de Costa Rica es una de las acciones que analiza para evitar la extradición de los nicaragüenses.
"No es un tema de fondo, o sea, no estamos entrando a analizar porqué están siendo requeridos o juzgados, sino que es un tema de garantías. Es un tema de fe, de acceso a justicia y del proceso como se podría desarrollar". A la vez, dijo que solicitarán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
