13 de octubre 2018
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Organizaciones del sector privado y movimientos sociales de Nicaragua se pronunciaron en contra del nuevo reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), señalando que viola los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social (Funides) emitieron un comunicado, en conjunto, en el que indican que las normas de la Ley “implicarán violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresarios y empresas del país, en momentos en que como Nación enfrentamos la mayor crisis política en tiempos de paz que conoce nuestra historia reciente”.
En el comunicado, sostienen que las potestades de la UAF incrementan el "clima de inseguridad jurídica" que ya existe en Nicaragua debido a la crisis sociopolítica, que daña la ya deteriorada economía nacional.
Desde el sector privado consideramos que las potestades reglamentarias que se le concedieron a la UAF solo contribuyen a exacerbar el clima de inseguridad jurídica que prevalece por la crisis y en forma negativa a desestimular aún más la inversión nacional e internacional. pic.twitter.com/q2cjKNPA28
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) 13 de octubre de 2018
Además el sector empresarial considera que "las potestades reglamentarias de la UAF de poder tener acceso directo a información resguardada por las principales instituciones públicas del país", así como la de imponer sanciones "administrativas" a los sectores que son regulados bajo el concepto de Sujetos Obligados por la Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como "la suspensión temporal o el cierre definitivo de las operaciones de los empresarios o las empresas" contribuyen a "exacerbar el clima de inseguridad jurídica" que prevalece por la crisis política y a "desestimular aún más la inversión nacional e internacional".
Se extralimita
Por su parte, varios movimientos sociales y organismos cívicos nicaragüenses denunciaron que el Gobierno del presidente Daniel Ortega conformó un "temible aparato de espionaje político y financiero" ante la crisis sociopolítica que vive el país.
"La dictadura de los Ortega-Murillo ha completado la instauración en Nicaragua de un enorme sistema policial y de espionaje similar al de un Estado fascista, contra la ciudadanía, los organismos no gubernamentales y la empresa privada", afirmó la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil en una declaración.
Esta llamada Articulación, forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a diversos sectores nicaragüenses que piden la renuncia del presidente Ortega. Su denuncia se produce en referencia a la publicación el pasado tres de octubre de los reglamentos de las reformas UAF y Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Para la Articulación, esos cambios legislativos "violentan varios artículos de la Constitución Política".
- Las amenazas de la “ley antiterrorista” de Ortega
- Leyes de la trama “antiterrorista” publicadas en La Gaceta.
Amcham, Cosep y Funides critican en su comunicado que la UAF va "a desarrollar funciones de investigación criminal" propias de la Policía y el Ministerio Público, sin las limitaciones legales impuestas a estas instituciones, al no mediar en su actuación administrativa mandato u orden judicial alguna lo cual para el sector privado se viola “una garantía fundamental regulada en forma estricta por la Constitución y el Código Procesal Vigente.
"La UAF pasa de ser una entidad de análisis financiero que recibe reportes en relación con operaciones sospechosas presuntamente relacionadas con determinados delitos, a desarrollar funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público", detalla el comunicado.
Asimismo, denuncian que la Ley de la UAF "se excede" cuando le atribuyen a la Procuraduría General de la República "funciones investigativas que no le competen", autorizando a la UAF a compartir información "que debe estar única y exclusivamente bajo su resguardo, tal y como lo establece su Ley".
Llaman a estar alertas
La UAF tiene acceso a los datos personales, movimientos salariales de trabajadores y empleadores, e información de las ONG y de las empresas y podrá actuar de forma discrecional y sin ningún control, advirtieron los movimientos sociales.
"Esta súper institución de espionaje político no queda obligada por ley ni por reglamento a informar previamente a las personas o empresas que sus datos serán revisados cuando al órgano quiera, por ser sospechosa o investigada por el delito de lavado o financiamiento al terrorismo", alertaron.
Por tanto, a juicio de esos movimientos, "con los reglamentos decretados por la dictadura orteguista, se amenaza la estabilidad de la libre empresa, ya que la UAF puede cerrar todo negocio de manera temporal o definitiva cuando considere que ha incumplido con las normas de prevención o sospeche que está relacionado con el delito del narcotráfico".
Asimismo, alertó que la UAF "tiene tal poder, que podrá detener las operaciones de bancos, financieras, correduría de seguros, comercializadoras de vehículos, empresas de remesas, joyerías, y organizaciones no gubernamentales, entre otras".
"La dictadura le confiere a la UAF la potestad inconstitucional de violar el sigilo bancario al tener acceso directo a los datos de los usuarios de los bancos a través de la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Todo esto crea también una gran incertidumbre e inseguridad jurídica para cualquier inversionista", anotó.
Para esos movimientos, el Gobierno ha conformado un "temible aparato policial y de espionaje político llamado Sistema Nacional de Seguridad Soberana establecido en la Ley de Seguridad Soberana".
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admitió el jueves un recurso por inconstitucionalidad contra esa Ley que penaliza el lavado de activos, la financiación al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, que interpuso el recurso.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, anunció que recurrirán la próxima semana contra el reglamento de la nueva ley de la UAF, por considerar que "desvirtúa la razón de ser de esta unidad técnica, y la convierte en una unidad suprapolicial que viola nuestros derechos constitucionales".
Con información de EFE
