10 de febrero 2022
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El rector y fundador de la Universidad Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, se exilió en Costa Rica, luego que el régimen de Daniel Ortega cancelara la personería jurídica de la casa de estudios y la confiscara, al igual que hizo con otras cinco universidades. Lo que califica como un robo de más o menos medio millón de dólares, pero sobre todo como un “duro golpe” a la educación de Nicaragua.
En una entrevista en el programa Esta Noche, Meza afirmó que una de las opciones que estudia es emprender una demanda contra el Estado de Nicaragua por esta acción arbitraria, sin sustento legal pero que afecta a cientos de estudiantes del país.
¿Cuál es la situación de la Universidad Paulo Freire y las otras cinco universidades privadas? El Estado dice que están canceladas, pero qué el patrimonio lo han pasado a nuevas universidades estatales. ¿Eso significa que han sido confiscadas?
Hay que diferenciar la condición jurídica de la Paulo Freire, del resto de las instituciones. Nosotros, jurídicamente hablando, hemos desconocido el decreto legislativo y seguimos funcionando, solo que en Costa Rica. Pero sí, evidentemente los bienes de la universidad han sido confiscados sin ninguna base legal.
La Constitución prohíbe la confiscación. ¿Cómo pueden recurrir ustedes ante este despojo?
Es una acción legal mucho más amplia, no se trata solamente de reclamar bienes, también se debe enfocar el tema del derecho de nuestros alumnos y docentes al ejercicio de la educación. Eso tiene que ver con la conceptualización de la educación como un derecho humano; además, con una serie de convenios centroamericanos que, precisamente, hablan del derecho a la educación. Hay rutas legales claramente definidas, y nosotros las estamos estudiando.
¿Cuáles son esas opciones que tienen?
Una demanda contra el Estado de Nicaragua en la Corte Centroamericana de Justicia, personándonos como corresponde. No hemos admitido, bajo ninguna circunstancia, que ya la universidad Paulo Freire jurídicamente desapareció. No. Se pretendió cerrarla con un decreto legislativo que no reconocemos, porque es ilegal, no tienen ningún efecto jurídico. Por otro lado, la ruta de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una normativa especial, que permite también resolver el problema del agotamiento interno de las vías procesales, cuando ese agotamiento es materialmente imposible.
La Corte Suprema es una entidad corporativa en el Estado de Nicaragua y no tiene independencia. No se puede pensar en que vamos a agotar la vía interna cuando, precisamente, ya estamos claros de qué pasa con el Poder Judicial. Eso lo contempla la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los diputados sostienen que las universidades canceladas no cumplían con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación. ¿Qué contesta usted ante esa justificación?
Dos cosas que hay que tener claras: primero, las asociaciones sin fines de lucro, que se llaman universidades, su ley regulatoria es la Ley 704, en lo que se refiere a la cancelación de su personería jurídica, no es la Ley 143, y ellos lo saben. El artículo 94 de la Ley 704 establece por qué se puede, y cómo se puede cancelar la personería jurídica de una persona civil sin fines de lucro, que se llama universidad. Esto requiere de un dictamen previo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación que diga que la universidad no tiene calidad académica, lo dice la ley expresamente: insuficiencia académica. Entonces, el CNEA, declara la insuficiencia académica, y le pide a la Asamblea Nacional el cierre. Así es como se cierra legalmente una persona jurídica que opera como universidad.
Si nos pusiéramos a hablar de la Ley 147 únicamente, entonces también hay problema de legalidad. Todas las universidades que fueron cerradas trataron de entregar estados financieros al Ministerio de Gobernación, y este sistemáticamente se negó a recibir los estados financieros. Personalmente fui el 19 de enero a hacer ese trámite.
Supongamos que las universidades se hubiesen negado a entregar sus estados financieros, el artículo 24 de la Ley 147 dice que antes de cerrarla, primero tiene que ser intervenida por el Ministerio de Gobernación. ¿Cuántas universidades fueron intervenidas antes de ordenar la cancelación? Las reglas del debido proceso son parte de las obligaciones del Estado de Nicaragua, de conformidad con el marco de seguridad democrática que suscribió en el contexto del derecho comunitario para Centroamérica.
¿Cuáles cree que son las razones por las que el régimen canceló las universidades?
Creo que el modelo político de Nicaragua considera vital estatizar la educación superior, por las razones obvias que están vinculadas al espíritu de rebelión que se confirmó en el año 2018, que siempre ha sido propio de los estudiantes universitarios. Siempre cito algunos ejemplos importantes: en 1942, en Alemania, los estudiantes de la Universidad de Múnich que cuestionaron el fascismo de Hitler, y les cortaron la cabeza. Está la masacre de Tlatelolco, en México, en 1968 contra los estudiantes universitarios. La masacre de 1989 en Tiananmén, en China, contra los estudiantes universitarios. El estudiantado universitario tiene una piel muy sensible frente al tema de las injusticias. Los modelos de poder, obviamente, resienten esa latente actitud de los estudiantes, cuando no pueden controlar la institución. Todo mundo sabe que las universidades públicas rápidamente pasaron bajo un control partidario férreo, pero eso no ocurría con el resto de la educación superior en el país.
¿Cree que por alguna razón en particular han ido tras estas universidades?
Pienso que sí. En el caso de la Paulo Freire, estoy consciente que nuestras posiciones públicas, que todo mundo las conoce, le provocaban una molestia particular, cuando en realidad la universidad lo que hacía sencillamente era cumplir con su deber: llamábamos la atención sobre el tema de los derechos humanos, sobre la necesidad de respetar las garantías de nuestros estudiantes; particularmente nos pronunciamos en el caso de nuestra estudiante Samantha Jirón, y ya todo eso venía generando un clima de hostilidad manifiesto contra la universidad Paulo Freire.
La nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que fue creada por el régimen, absorbe a varias universidades, entre ellas la Paulo Freire, ¿ello qué implica para estudiantes y trabajadores?, ¿Ha sabido algo al respecto?
Tengo entendido que muchos de nuestros estudiantes están pidiendo sus certificados académicos para buscar cómo salir del país; están sumamente molestos porque se les conceptualiza como estudiantes de universidad pública, pero les van a cobrar aranceles como universidad privada.
Con relación a nuestros trabajadores, nos parece una crueldad absoluta que ayer (martes 8 de febrero) hayan sido despedidos sin ningún reconocimiento laboral. Escuchaba al diputado Carlos Emilio López en el Canal 2 diciendo que no, que el Estado iba a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de las universidades confiscadas. Le recomiendo ahora al diputado López que hable con nuestros trabajadores despedidos de estabilidad laboral.
¿Cuántos fueron los trabajadores afectados?
35
¿A cuánto asciende el valor de lo confiscado en el caso de la Universidad Paulo Freire?
Creemos que asciende, más o menos, a medio millón de dólares.
Usted se exilió en Costa Rica. ¿Por qué tomo esa decisión? ¿Le habían citado las autoridades?
Un colega con un cargo muy relevante en el Poder Legislativo me avisó de que, efectivamente, a instancias del presidente de la Asamblea Nacional, ya había una orden de captura, sobre todo a partir de nuestras reacciones en el tema de la confiscación de universidades privadas.
Consulté con mis hijos y mi esposa; el consenso familiar fue que saliera inmediatamente del país. Uno no puede quedarse en la sala de su casa viendo Netflix, para verificar si es cierto o no que lo van a llegar a traer. Nicaragua es un país que no funciona de esa manera.
¿Cuál es su demanda desde el exilio, como fundador de una de estas universidades canceladas y confiscadas?
Mi primera demanda como rector es que no confisquen la UCA, ese sería un crimen de dimensiones mayúsculas contra la educación en Nicaragua. La UCA son 50 años de trayectoria educativa, ahí se han formado generaciones de profesionales, pero además, la UCA tiene una trayectoria libertaria vinculada a los movimientos de rebeldía social de nuestro país. El colmo es decir que la UCA es una universidad de derecha, la UCA siempre ha sido una universidad contestataria.
Mi segunda demanda es que le garanticen a nuestros estudiantes que, efectivamente, les van a dar el tratamiento que corresponde a cualquier estudiante de una universidad pública, que no les van a poner la carga de pagar aranceles, que van a respetar su recorrido académico, que no les van a poner obstáculos y trampas para terminar sus carreras. Con relación a nuestros trabajadores, realmente nos sorprende la crueldad profunda con la que los han tratado, primero anunciarles estabilidad laboral, y luego despedirlos de una manera ilegal e inhumana, nos parece una crueldad absoluta.
¿Y qué consecuencias mira a corto y mediano plazo con esta acción del régimen contra la libertad de pensamiento y la autonomía de las universidades?
La acción del modelo político hace entrar en crisis el modelo de acreditación de calidad de la educación superior en Nicaragua. Dejó sin funciones reales al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, eso va a tener una repercusión inmediata y profunda en el sistema de acreditación de diplomaturas profesionales en Centroamérica. Cómo va a poder acreditar la calidad de la educación superior Nicaragua, si en el órgano creado para eso, el CNEA, priman sobre sus decisiones técnicas, decisiones políticas que no tienen nada que ver con la calidad. Eso nos puede llevar a que ningún título nicaragüense sea reconocido en ninguna parte, porque no calza con el sistema regional de acreditación que se está configurando en Centroamérica. Eso es grave.
Le pediría al modelo político, que dirige la administración gubernamental, que piense seriamente las consecuencias de las cosas que está haciendo. Son consecuencias que van a trascender las fronteras, y que van a trascender el tiempo. La Administración gubernamental está queriendo revivir un modelo de universidad que desapareció en 1918 en América Latina, cuando los universitarios de Córdoba impulsaron la lógica de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra, del estudiante pensante. ¿Por qué el Estado de Nicaragua quiere condenarnos a las cavernas en la educación superior? Sinceramente, no lo entiendo.
