11 de octubre 2015
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La Fiscalía acusó este sábado a más de 25 personas implicadas en los disturbios que ocurrieron esta semana en Mina El Limón y Chichigalpa. La audiencia preliminar programada ese mismo día por la tarde se suspendió horas más tarde.
Los señalados por el caso de Mina El Limón fueron diez. Humberto Rivas Canales, dirigente sindical, Ramón Antonio Useda Olivares, , Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno, se encuentran detenidos.
Mientras que Luis Adolfo Martínez Betanco, William Alejandro Valdivia Cáceres, Wilmer Fco. Miranda Baca, Leslie Federico Olivas Arrieta, Marlon Isidro Vílchez y Glenda Carolina Rivera, tienen orden de captura.
Los delitos que se le imputan son crimen organizado, homicidio, amenazas, daños agravados y abuso sexual, entre otros.
Los acusados por los hechos de vandalismo en Chichigalpa son 15, sin embargo, los nombres no se dieron a conocer.
Desde el pasado viernes, los familiares de Roberto Nicoya y Mariela Molina, líderes de los ex cañeros enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) de Nueva Esperanza, organización que inició las protestas en Chichigalpa, llegaron a las instalaciones de “El Chipote”, donde les negaron que los tuvieran detenidos.
La detención del presidente de Nueva Esperanza Roberto Nicoya, el pasado martes seis de octubre, generó los disturbios en la ciudad. Según la policía, Nicoya fue capturado cuando trasladaba morteros y armas a Chichigalpa, a la zona de la protesta.
María Peña, madre de Mariela Molina, secretaria de Nueva Esperanza, dijo que la policía inició una barrida al día siguiente y capturó a más de cincuenta personas, entre ellas, su hija.
“La intención de los enfermos no es dañar la propiedad privada. Su protesta es pacífica”, dijo Peña.
Peña afirma que su hija no es participe de violencia. Molina tiene 32 años y un hijo de cuatro años. “Hay bastantes mujeres presas. Hay presos en Chichigalpa y presos en Chinandega”.
Molina fue capturada el jueves en una finca de su pareja. La detención fue hecha por antimotines, sin orden judicial, según peña.
A “El Chipote” también llegó Luz Angélica Borge, madre de Walter Flores, de 55 años de edad, detenido en la protesta de Chichigalpa. Según Borge, su hijo no forma parte de la organización Nueva Esperanza, aunque siempre se ha solidarizado con la causa.
Walter Flores fue capturado a las nueve de la mañana del jueves, cuando se asomaba en la Alcaldía de Chichigalpa, que sufrió daños la noche anterior, según su madre. “Él llegó en su moto tranquilo. Le preguntaron su nombre y le dijeron que estaba detenido. Lo montaron en una camioneta particular y se lo llevaron a la estación de Chinandega”.
En la estación de policía de Chinandega le dijeron a Borge que su hijo había sido trasladado el mismo día de la captura a “El Chipote”.
Práctica reiterada y abusiva
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión, dijo que el hecho de traerse a los detenidos de los departamentos a la cárcel “El Chipote”, se ha vuelto una práctica reiterada y abusiva.
“Si se cometió un delito en Punta Gorda, Siuna, San José de Bocay, por poner ejemplos, ya sea delito menor o mayor, los que tienen que tomar las cartas en el asunto son las autoridades de esos departamentos”, agregó.
Carrión sostuvo que esta práctica es un exceso de abuso de poder porque no tienen facultades para trasladar a los detenidos.
“En Chichigalpa no hay dudas que se cometieron actos de vandalismo. Es condenable. Pero de ahí a querer llevarse toda la protesta de IRC, es ya querer aprovecharse”, señaló.
Dijo que el traslado a “El Chipote” es con el único objetivo de hacerlos sufrir. “Aislamiento y no permitir a los familiares que los vean. No hay asistencia legal. El boleo que les dicen que no están en los departamentos y en “El Chipote”, es un acto inhumano y vengativo”.
